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miércoles, 4 de noviembre de 2026

Murió Daniel Bifulco a los 56 años: el humorista que conquistó al público como uno de Los Jaimitos de VideoMatch

El actor fue encontrado sin vida en su vivienda de Villa Urquiza. Las primeras informaciones señalaron un posible paro cardíaco, aunque la causa debía ser establecida oficialmente. Había alcanzado popularidad junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta con uno de los sketches más recordados de la televisión argentina.

El mundo del espectáculo argentino atraviesa un momento de tristeza tras conocerse este miércoles 4 de noviembre el fallecimiento de Daniel Bifulco, actor y humorista que tenía 56 años y que quedó en la memoria del público por su participación en el histórico trío Los Jaimitos de VideoMatch.

Bifulco fue encontrado sin vida en su domicilio del barrio porteño de Villa Urquiza. Según las primeras informaciones, habría sufrido un paro cardíaco. Sin embargo, la causa del fallecimiento todavía debía ser confirmada mediante los estudios correspondientes.

La noticia generó repercusiones entre sus compañeros, amigos y artistas que compartieron con él distintos momentos de su trayectoria.

El éxito de Los Jaimitos en la televisión argentina

Daniel Bifulco alcanzó una importante popularidad al integrar Los Jaimitos junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta.

El trío se convirtió en uno de los segmentos más recordados de VideoMatch, el programa conducido por Marcelo Tinelli. Sus integrantes interpretaban personajes infantiles que recorrían la actualidad mediante canciones, rimas y ocurrencias cargadas de humor picaresco y dobles sentidos.

La propuesta logró una fuerte conexión con el público y dejó una marca en la televisión de aquella época.

Una historia personal ligada al nacimiento del trío

En una entrevista reciente, Bifulco había recordado una coincidencia muy especial: el nacimiento de Los Jaimitos ocurrió el mismo día en que nació su hija Luciana, el 5 de abril de 2001.

El humorista tenía programada la cesárea de su hija, pero también debía cumplir con una grabación para VideoMatch. Sus compañeros, Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, decidieron ayudarlo para que pudiera cumplir con ambos acontecimientos.

Se encontraron de madrugada, grabaron el material y luego Bifulco fue trasladado al sanatorio. Después del nacimiento de su hija, incluso pudo presentarse en el programa.

Aquella jornada quedó entre los recuerdos más importantes de su vida, porque coincidieron dos acontecimientos que marcaron su historia personal y artística.

El reencuentro de Los Jaimitos en 2026

Después de varios años, el histórico trío volvió a reunirse durante 2026, cuando Marcelo Tinelli convocó a sus integrantes para participar en su ciclo especial relacionado con el Mundial.

Bifulco volvió a compartir escenario con Peña y Vagoneta, recuperando el estilo que los había hecho conocidos y despertando nuevamente el cariño de quienes recordaban sus intervenciones televisivas.

Su fallecimiento deja el recuerdo de un artista que formó parte de una etapa muy popular del entretenimiento argentino y que, a través de un personaje particular, consiguió permanecer en la memoria de varias generaciones.

Redacción Contenidos Libres Noticias


 

domingo, 25 de octubre de 2026

Caso Nancy Godoy: AMET convoca a concentrarse en las plazas de Corrientes tras la polémica con el abogado Codazzi

El sindicato docente expresó su rechazo a declaraciones atribuidas al abogado Norberto Fernández Codazzi, defensor de uno de los detenidos por la desaparición de la maestra rural. La controversia también puso en primer plano las deficiencias de infraestructura que afectan a escuelas rurales, algunas de las cuales habían sido denunciadas por la propia docente antes de desaparecer.

Convocatoria docente en toda la provincia

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) convocó a una manifestación en las plazas principales de las ciudades y localidades de Corrientes para expresar su repudio a las declaraciones del abogado Norberto Fernández Codazzi, en medio de la investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy.

La convocatoria fue impulsada por la conducción provincial del gremio, encabezada por Rufino Fernández. La reacción se produjo luego de que el letrado realizara comentarios sobre la situación de las escuelas rurales que provocaron el rechazo de representantes del sector docente.

Godoy, maestra rural, permanece desaparecida desde el pasado 7 de octubre. Antes de su desaparición había advertido sobre deficiencias en las condiciones edilicias del establecimiento donde trabajaba.

La respuesta de AMET y las condiciones de las escuelas rurales

La referente gremial Estela Juri cuestionó las expresiones atribuidas a Codazzi y lo acusó de atacar a los docentes. En su respuesta, puso el foco en las dificultades que enfrentan quienes trabajan en escuelas rurales, entre ellas la falta de agua potable y los techos en mal estado.

El planteo gremial sostiene que las condiciones de infraestructura no pueden ser minimizadas, especialmente cuando forman parte de las dificultades cotidianas de los maestros que desarrollan su tarea en zonas alejadas.

Las carencias mencionadas adquieren especial relevancia en este caso porque, según la información difundida, la propia Nancy Godoy había realizado advertencias sobre esos problemas antes de desaparecer.

El abogado denunció presuntos apremios ilegales

Codazzi representa a Ezequiel Bordón, uno de los detenidos en el marco de la investigación por lo sucedido con Godoy.

El abogado afirmó que las primeras declaraciones de su defendido —en las que habría sostenido que la docente había sido asesinada— fueron obtenidas mediante torturas y apremios ilegales por parte de efectivos policiales. Esa denuncia constituye una acusación que deberá ser esclarecida por las vías correspondientes y no debe confundirse con un hecho judicialmente probado.

El letrado también habría deslindado a su defendido de responsabilidad en los hechos investigados. Su posición forma parte de la estrategia de defensa, mientras la causa continúa su curso.

Una controversia que se suma a la búsqueda

La convocatoria de AMET abre un nuevo capítulo de repercusiones públicas alrededor de la desaparición de la docente. Por un lado, el gremio reclama reconocimiento para la realidad cotidiana de los maestros rurales; por otro, la defensa de uno de los detenidos plantea acusaciones sobre el procedimiento policial y la obtención de declaraciones.

Ambas cuestiones requieren respuestas concretas, pero no reemplazan el objetivo central: esclarecer qué ocurrió con Nancy Estela Godoy y avanzar en la investigación sobre su desaparición.

Redacción Contenidos Libres Noticias


 

jueves, 22 de octubre de 2026

Barranqueras: advierten sobre presuntas colectas falsas a nombre del Club Náutico

Se difundió una advertencia en Barranqueras por presuntas colectas que utilizarían el nombre del Club Náutico sin autorización, en un contexto de preocupación por la creciente del río y la necesidad de asistencia en sectores afectados.

Ante este tipo de pedidos, resulta importante verificar la autenticidad de la convocatoria mediante los canales oficiales de la institución antes de realizar transferencias o entregar donaciones.

La recomendación busca prevenir posibles engaños y evitar que la ayuda destinada a quienes la necesitan termine en manos de personas ajenas a las organizaciones que se mencionan.


 

Jardín América superó los 300 milímetros de lluvia acumulada en octubre

Jardín América, en la provincia de Misiones, superó los 300 milímetros de precipitaciones acumuladas durante octubre, en medio de un período de lluvias frecuentes que mantiene en alerta a distintos sectores de la región.

Las precipitaciones registradas en las últimas semanas contribuyeron a elevar los niveles de ríos y arroyos y generaron complicaciones en diferentes localidades misioneras. En algunos puntos de la provincia se produjeron inundaciones, interrupciones en la circulación y evacuaciones de familias.

Lluvias persistentes en la región

El escenario se desarrolla en el marco de la influencia del fenómeno de El Niño, asociado a condiciones favorables para la ocurrencia de precipitaciones abundantes en la región. Sin embargo, los acumulados no se distribuyen de manera uniforme y existen diferencias importantes entre distintas zonas.

La saturación de los suelos es uno de los factores que aumenta la preocupación ante nuevas lluvias, ya que reduce la capacidad de absorción del agua y puede favorecer el escurrimiento hacia arroyos y ríos.

Atención ante posibles nuevas precipitaciones

La evolución de las condiciones meteorológicas y de los niveles de los cursos de agua será determinante para conocer cómo continúa la situación en los próximos días.

Las autoridades y los organismos de monitoreo mantienen la atención sobre los sectores más afectados por las lluvias y las crecidas, mientras persiste la posibilidad de nuevas complicaciones si se registran precipitaciones importantes.


 

Las lluvias complicaron el área metropolitana chaqueña: Barranqueras registró 68 milímetros

Las precipitaciones registradas durante las últimas horas dejaron acumulados importantes en distintas localidades del Gran Resistencia. Según el relevamiento de la Policía del Chaco correspondiente a las 7 del jueves 22 de octubre, Barranqueras encabezó los registros con 68 milímetros, seguida por Puerto Vilelas con 58 y Resistencia con 57.

También se informaron caminos vecinales intransitables en Barranqueras, Puerto Vilelas e Isla del Cerrito, debido al anegamiento de zonas ribereñas y a la crecida de los ríos.

Los registros reflejan la situación durante el período informado y pueden variar a medida que continúen las precipitaciones. Por eso, es importante consultar las actualizaciones oficiales antes de circular por sectores afectados.

Redacción Contenidos Libres Chaco


 

martes, 20 de octubre de 2026

Corrientes: la familia de Nancy Godoy marchó para pedir su aparición con vida tras 13 días de búsqueda

Familiares, docentes y vecinos se movilizaron este lunes en Esquina para reclamar avances en la búsqueda de Nancy Estela Godoy, una docente rural de 52 años que permanece desaparecida desde el 6 de octubre. La mujer fue vista por última vez cuando se dirigía a la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal.

La movilización se desarrolló en medio de la incertidumbre de sus familiares y de una investigación judicial que continúa sumando medidas para intentar esclarecer lo sucedido.

Sus hijos encabezaron el reclamo

Los tres hijos de Nancy participaron de la marcha y volvieron a pedir que la docente sea encontrada con vida. Sebastián, uno de ellos, manifestó públicamente la esperanza de que su madre aparezca sana y salva.

La familia acompaña los esfuerzos para dar con su paradero y reclama respuestas mientras se mantienen los operativos de búsqueda.

Un detenido y nuevas medidas en la causa

En el marco de la investigación, Ezequiel Bordón, un peón que, junto con otro trabajador, habría acompañado habitualmente a Nancy durante el trayecto hacia la escuela rural, quedó detenido e imputado por presunto entorpecimiento de la investigación.

Según la información difundida, ambos trabajadores habían sido demorados inicialmente mientras avanzaban las actuaciones. La situación procesal informada respecto de Bordón corresponde a una imputación y no implica por sí misma una declaración de culpabilidad.

Secuestraron prendas y una cuchilla con manchas de sangre

Durante un allanamiento en la vivienda de uno de los investigados, los efectivos secuestraron una camisa, una bombacha de campo y una cuchilla que presentaban manchas compatibles, a simple vista, con sangre.

Los elementos fueron enviados a peritajes científicos para determinar la naturaleza de las manchas y establecer si existe alguna vinculación con la docente desaparecida. Hasta que se conozcan los resultados, no puede afirmarse que los rastros correspondan a Nancy Godoy.

Continúa la búsqueda de la docente

Nancy fue vista por última vez el 6 de octubre, cuando se dirigía al establecimiento educativo rural donde trabaja, en la zona de Esquina. Desde ese momento, las fuerzas de seguridad desplegaron tareas de búsqueda y distintas medidas investigativas para reconstruir sus últimos movimientos.

La movilización volvió a poner en primer plano la preocupación de la familia y de la comunidad. La investigación continúa abierta y las medidas judiciales buscan establecer qué ocurrió con la docente y determinar su paradero.


 

viernes, 9 de octubre de 2026

Posadas: el Consejo de Educación intervino la EPET N.º 45 y apartó preventivamente a la directora y a dos docentes

El Consejo General de Educación (CGE) de Misiones dispuso la intervención de la Escuela Provincial de Educación Técnica N.º 45 de Posadas, el inicio de un sumario administrativo general y el apartamiento preventivo de la directora y de dos docentes, en el marco de una investigación por presuntas situaciones de violencia laboral, intimidación a estudiantes, hostigamiento y otras irregularidades institucionales.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución N.º 6561/26. La medida alcanza a la directora del establecimiento, Lidia Antonia Maldonado, y a las profesoras Carina Itatí Fleitas y Wanda Elizabeth Pérez, quienes permanecerán apartadas de sus funciones mientras se sustancie la investigación.

Cómo se inició el expediente

Las actuaciones comenzaron a partir de una presentación formal realizada por el docente José Lisandro Amaro, quien planteó presuntos incumplimientos vinculados con la conducción de la institución, posibles situaciones de violencia laboral y abuso de autoridad.

En la denuncia también se señalaron presuntas irregularidades relacionadas con la documentación pedagógica obligatoria, el resguardo de bienes escolares, la aplicación de evaluaciones y la cobertura de contenidos curriculares.

Posteriormente, las actuaciones incorporaron informes de supervisores que habrían detectado faltas institucionales con consecuencias para el funcionamiento habitual de las clases.

Denuncias de estudiantes y familias

Al expediente se sumaron presentaciones de estudiantes, padres y tutores. Entre los reclamos figuran presuntos episodios de intimidación y hostigamiento, además de denuncias por discriminación, violencia de género y expresiones ofensivas atribuidas a integrantes de la comunidad educativa.

También se incorporaron denuncias policiales presentadas por madres de alumnas menores de edad por supuestos comentarios inapropiados atribuidos a un agente de servicios de la institución.

Por otra parte, en las actuaciones se mencionaron presuntos mensajes enviados a alumnas de quinto año por parte de un profesor de Física, así como cuestionamientos sobre la respuesta administrativa que habría dado la conducción escolar ante esas situaciones. Estos señalamientos forman parte de la investigación y no constituyen, por sí mismos, una determinación definitiva de responsabilidades.

Designarán una dirección interventora

Ante la complejidad de los hechos denunciados y los informes incorporados al expediente, el Consejo General de Educación resolvió designar un director interventor a través de la Dirección de Educación Técnica.

Las docentes apartadas serán reubicadas provisoriamente en otra institución dependiente del organismo mientras avance el sumario. Asimismo, se prevé la designación de suplentes para garantizar la continuidad pedagógica de los estudiantes.

La Dirección de Asuntos Legales también deberá analizar por separado las conductas atribuidas a otros integrantes del establecimiento mencionados en las actuaciones.

La intervención busca atender la situación institucional y determinar qué responsabilidades administrativas pudieran corresponder. La investigación continúa abierta y las conclusiones deberán surgir de los procedimientos previstos para esclarecer los hechos denunciados.


 

martes, 6 de octubre de 2026

Lourdes Di Natale: la mujer que habló desde adentro del poder y murió dejando demasiadas preguntas

Después del atentado contra la Embajada de Israel, hay una historia que nos obliga a volver a entrar en los años noventa.

No porque Lourdes Di Natale haya sido responsable de aquel atentado.

No porque sus denuncias hayan demostrado judicialmente todas las conexiones que mencionó.

Sino porque, en determinado momento, una mujer que había trabajado durante años dentro del círculo del poder comenzó a hablar.

Y cuando empezó a hablar, aparecieron nombres, negocios, armas, dinero, funcionarios, empresarios, servicios de inteligencia y hasta referencias a los dos grandes atentados que habían sacudido a la Argentina.

Lourdes María Di Natale no era una periodista.

Era secretaria.

Pero no cualquier secretaria.

Había trabajado en el entorno de funcionarios y dirigentes vinculados al gobierno de Carlos Menem y terminó como secretaria de Emir Yoma, hermano de Zulema Yoma y uno de los hombres más cercanos al poder menemista.

Por las oficinas de Yoma, según los propios relatos de Di Natale, pasaban empresarios, funcionarios, intermediarios y personajes vinculados al negocio de las armas.

Y allí comenzó una historia que terminaría muchos años después con una mujer cayendo desde el décimo piso de su departamento.

Pero vayamos por partes.

La secretaria que estaba adentro

Di Natale comenzó a trabajar en Buenos Aires a fines de los años ochenta.

Pasó por los entornos de Miguel Ángel Vicco y Ramón Hernández, secretarios privados de Carlos Menem, y posteriormente trabajó para Emir Yoma.

Eso significa que durante años estuvo cerca de un sector del poder político y económico argentino.

No estaba leyendo los diarios desde afuera.

Estaba trabajando en oficinas donde, según su propio testimonio, se hablaba de negocios, funcionarios y operaciones.

En 1998 su nombre comenzó a aparecer públicamente cuando denunció a Emir Yoma por su presunta vinculación con el tráfico ilegal de armas hacia Croacia y Ecuador.

Y entonces apareció uno de los elementos centrales de su historia:

los 400.000 dólares.

Di Natale sostuvo que su entonces pareja, el abogado Mariano Cúneo Libarona, le había contado que esos 400.000 dólares depositados en una cuenta vinculada a la empresa Daforel correspondían a una coima destinada a Emir Yoma.

La acusación no quedó solamente en una entrevista.

Di Natale declaró posteriormente ante la Justicia y volvió a mencionar esa operación.

En 2001 ratificó que Cúneo Libarona le había dicho que el dinero era para Yoma y aportó datos sobre las cuentas y las casas de cambio utilizadas.

Pero había algo todavía más importante.

El propio expediente judicial incorporó referencias a su declaración sobre la cuenta de Daforel y sobre cómo habría llegado hasta ella el número de cuenta que debía utilizarse para el giro de los 400.000 dólares.

Es decir:

la historia dejó de ser solamente una entrevista televisiva.

Había llegado a los tribunales.

Después aparecieron las armas

Di Natale sostuvo que por las oficinas de Emir Yoma habían pasado Diego Palleros y Luis Sarlenga, dos nombres centrales de la causa por la venta ilegal de armas.

También habló de Monzer Al Kassar.

Contó que lo había visto en las oficinas de Yoma y llegó a describir incluso unas armas que, según su relato, el traficante sirio habría entregado como regalo.

También aseguró que Sarlenga la llamaba telefónicamente cuando no encontraba a Yoma y que le dejaba mensajes que ella describía como realizados "en código".

Todo aquello podía ser discutido.

Y de hecho fue discutido.

Los acusados y sus abogados cuestionaron severamente su credibilidad.

Se dijo que era inestable.

Que fabulaba.

Que inventaba.

Que sus denuncias respondían a conflictos personales.

Pero había una dificultad para quienes pretendían simplemente borrar su testimonio:

Di Natale conocía personalmente a algunos de los protagonistas.

Había trabajado durante años en ese ambiente.

Y además comenzó a aportar agendas, documentos y datos concretos sobre personas, oficinas, cuentas y reuniones.

En 2001 incluso aportó nuevas copias de agendas que había conservado de su época de trabajo.

Y entonces aparece una pregunta incómoda.

Si todo lo que decía era simplemente una fantasía de una mujer resentida o desequilibrada...

¿por qué una parte de sus declaraciones terminó incorporada a investigaciones judiciales que avanzaron sobre el tráfico de armas?

Y después vino la televisión

En octubre de 1998 Lourdes Di Natale apareció frente a Mariano Grondona.

Y allí hizo una afirmación todavía más explosiva.

Dijo haber visto un fax que relacionaba el atentado contra la Embajada de Israel, el atentado contra la AMIA, las ventas de armas a Croacia y Ecuador, el narcotráfico y el lavado de dinero.

Y en ese contexto mencionó nombres como Monzer Al Kassar, Alfredo Yabrán, Carlos Menem y Emir Yoma.

En otra cobertura periodística de aquella entrevista, Di Natale fue todavía más directa y atribuyó los atentados a Al Kassar, Yabrán, Yoma y Menem.

Pero acá hay que detenerse.

Porque una cosa es lo que dijo Lourdes Di Natale.

Y otra muy distinta es lo que pudo demostrar la Justicia.

No existe una sentencia que haya establecido que Menem, Yabrán o Yoma hayan participado en los atentados de la Embajada de Israel o de la AMIA por el solo hecho de haber sido mencionados por Di Natale.

Por eso la pregunta periodística no debe transformarse en una condena.

Debe quedar como pregunta.

¿Qué había visto realmente Lourdes Di Natale?

¿Quién le había mostrado aquel fax?

¿De dónde provenía?

¿Era auténtico?

¿Era información de inteligencia?

¿Era una interpretación?

¿Era una acusación sin sustento?

¿O había allí una parte de una trama que nunca llegó a reconstruirse completamente?

No tenemos una respuesta judicial definitiva para todas esas preguntas.

Y precisamente por eso siguen siendo preguntas.

Una mujer que decía estar amenazada

Pero hay otro capítulo que resulta todavía más incómodo.

Di Natale había denunciado amenazas.

Había llegado a tener custodia judicial después de sus declaraciones contra Yoma.

Y en los meses anteriores a su muerte, según su abogado, había recibido nuevas amenazas.

Además, tenía previsto declarar nuevamente en la causa por el tráfico de armas y debía aportar información relacionada con la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero.

Entonces llegamos al 1 de marzo de 2003.

Lourdes tenía 45 años.

Vivía en un departamento de un décimo piso en la calle Mansilla, en Barrio Norte.

Esa noche cayó al patio interno del edificio.

Murió.

La primera hipótesis fue un accidente.

La explicación que circuló fue que estaba intentando cortar un cable desde una ventana, subida a una silla, y perdió el equilibrio.

La autopsia no encontró signos de lucha ni lesiones compatibles con una agresión física.

Y durante un tiempo el caso quedó encaminado hacia la hipótesis del accidente o del suicidio.

Pero comenzaron a aparecer dudas.

Su abogado decía que había sido amenazada.

Sus familiares cuestionaban la hipótesis del suicidio.

Y aparecieron interrogantes sobre determinados elementos que faltaban del departamento, entre ellos documentación y su teléfono celular, según denunció posteriormente su abogado.

Después apareció otro dato.

Di Natale tenía que declarar en la causa de las armas.

Y también estaba previsto que declarara en la investigación de Río Tercero.

Su muerte ocurrió justamente en ese contexto.

¿Es una prueba de homicidio?

No.

Pero tampoco es algo que un periodista serio debería esconder.

Porque forma parte de la historia.

El dato que cambia todo

Y acá aparece, para mí, el elemento más importante de toda esta historia.

Durante años la investigación de su muerte estuvo archivada.

Hasta que en 2015 intervino la Corte Suprema.

Y la Corte no dijo:

"Lourdes Di Natale fue asesinada".

Eso sería falso.

Lo que dijo fue algo mucho más concreto.

Consideró que se había convalidado el cierre anticipado de una investigación en la que no se habían agotado las posibilidades de reunir pruebas conducentes en un hecho considerado de causas dudosas.

Y ordenó dejar sin efecto aquella decisión.

Hay una diferencia enorme.

La Justicia no confirmó un homicidio.

Pero tampoco permitió que la investigación quedara cerrada de aquella manera.

Y entonces aparece una pregunta inevitable:

Si todo estaba tan claro...

¿por qué la Corte Suprema consideró que la investigación se había cerrado anticipadamente?

La libreta naranja

Años después de su muerte circuló otro dato que pertenece al terreno de las declaraciones de personas cercanas a Di Natale.

Según esas versiones, Lourdes habría dicho alguna vez:

"Si algo me llega a pasar, busquen una libreta naranja que está en una escribanía".

La supuesta libreta contendría información que nunca había contado públicamente.

¿Existía realmente?

¿Fue localizada?

¿Qué contenía?

¿Quién la tenía?

Son preguntas que aparecen en las reconstrucciones periodísticas del caso, pero no podemos presentarlas como hechos judicialmente comprobados.

Y quizás ahí está la diferencia entre investigar y construir una conspiración.

Una conspiración necesita certezas inventadas.

Una investigación puede sobrevivir solamente con preguntas.

¿Cuánto sabía Lourdes?

Esta es la verdadera cuestión.

Porque Lourdes Di Natale no era una funcionaria de alto rango.

No firmaba decretos.

No era ministra.

No manejaba las Fuerzas Armadas.

No dirigía los servicios de inteligencia.

Era una secretaria.

Pero una secretaria que durante años estuvo sentada dentro de oficinas por las que, según su propio relato, pasaron algunos de los nombres más importantes de una época.

Y eso la convirtió en testigo.

Después en denunciante.

Después en una pieza importante de la causa de armas.

Y finalmente en una mujer que murió antes de declarar sobre algunas de las cuestiones que todavía decía conocer.

La historia argentina de los años noventa está llena de coincidencias difíciles de ignorar.

La Embajada de Israel.

AMIA.

El tráfico de armas.

Río Tercero.

Monzer Al Kassar.

Alfredo Yabrán.

Carlos Menem.

Emir Yoma.

Diego Palleros.

Luis Sarlenga.

Y después, Lourdes Di Natale.

No significa que todos esos nombres formen parte de una misma conspiración.

No hay una sentencia que permita escribir eso.

Pero tampoco significa que debamos mirar la sucesión de acontecimientos y fingir que no existen preguntas.

Porque las preguntas existen.

Y algunas fueron formuladas por la propia Justicia.

Una muerte que quedó pendiente

Lourdes Di Natale murió en 2003.

Doce años después, en 2015, la Corte Suprema ordenó reabrir la investigación sobre su muerte.

Eso significa que durante más de una década el país convivió con una explicación que no había logrado cerrar completamente todas las dudas.

Y entonces la pregunta final vuelve a ser inevitable.

¿Qué habría contado Lourdes si hubiera podido declarar?

¿Qué documentos habría aportado?

¿Qué sabía sobre las armas?

¿Qué sabía sobre Río Tercero?

¿Qué sabía sobre las relaciones entre empresarios, funcionarios e intermediarios?

¿Y qué había realmente detrás de aquel fax que, según su relato, vinculaba Embajada, AMIA, armas, narcotráfico y lavado de dinero?

Tal vez las respuestas sean mucho menos espectaculares de lo que algunos imaginaron.

Tal vez algunas de sus denuncias hayan sido exageradas.

Tal vez otras hayan sido ciertas.

Tal vez algunas quedaron demostradas y otras nunca pudieron probarse.

Eso es justamente lo que hace que esta historia siga siendo incómoda.

Porque Lourdes Di Natale no dejó una sentencia.

Dejó declaraciones.

Dejó documentos.

Dejó denuncias.

Dejó enemigos.

Dejó amenazas denunciadas.

Dejó una muerte discutida.

Y dejó una investigación que la Corte Suprema consideró que había sido cerrada demasiado pronto.

En un país donde tantas historias de los años noventa terminaron mezclándose entre política, negocios, inteligencia, armas y muerte, quizás la pregunta más honesta no sea afirmar que Lourdes "sabía demasiado".

Quizás sea otra.

¿Cuánto llegó a contar antes de morir?

Y, sobre todo:

¿cuánto de lo que sabía quedó enterrado con ella?


 

domingo, 4 de octubre de 2026

“En cada corrupto hay un traidor a la patria”: Croacia, Ecuador y la Argentina de Menem



Hay frases que el tiempo convierte en documentos.

Y hay otras que, cuando uno vuelve a leerlas muchos años después, adquieren un significado completamente diferente.

En 1991, Carlos Saúl Menem hablaba ante la Asamblea Legislativa y se refería a la corrupción.

Decía:

“Sigo pensando que en cada corrupto se identifica un traidor a la patria.”

Y no se quedaba solamente con esa frase.

Agregaba:

“El único pacto que se puede establecer con un corrupto es la condena.”

También aseguraba que se había terminado definitivamente la impunidad en la Argentina.

Las palabras quedaron registradas en un documento oficial del Congreso de la Nación.

El problema es que la historia posterior también quedó registrada.

Y algunos de esos documentos terminaron formando parte de una de las causas judiciales más extensas y controvertidas de la Argentina contemporánea: el contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

Las armas que iban a Panamá y Venezuela

Entre 1991 y 1995, el gobierno de Menem firmó tres decretos secretos que autorizaban exportaciones de armamento con destino declarado a Panamá y Venezuela.

Pero las armas no terminaron allí.

Una parte importante fue enviada a Croacia, mientras que otra terminó en Ecuador.

El detalle no es menor.

Croacia se encontraba involucrada en las guerras derivadas de la disolución de Yugoslavia y sobre la región pesaba un embargo internacional de armas.

Y en 1995 Ecuador estaba enfrentado militarmente con Perú, mientras la Argentina tenía un papel de garante del tratado de paz entre ambos países.

Los documentos oficiales indicaban un destino.

Las armas terminaron en otro.

La investigación judicial estableció que hubo siete embarques marítimos hacia Croacia y tres envíos aéreos hacia Ecuador, con aproximadamente 6.000 toneladas de material bélico involucradas.

Los decretos estaban firmados por el propio presidente de la Nación y por ministros de su gobierno.

Y entonces aparece una pregunta bastante sencilla:

¿Quién podía desconocer una operación semejante?

No eran unos pocos fusiles escondidos en el baúl de un automóvil

La magnitud de la operación es importante para entender la historia.

No estamos hablando de un funcionario que, por su cuenta, decidió sacar clandestinamente algunas armas.

Estamos hablando de decretos presidenciales, organismos estatales, Fabricaciones Militares, controles aduaneros, embarques, documentación oficial, intermediarios y operaciones internacionales.

La investigación reunió cientos de testimonios y documentación sobre la maniobra.

Y el expediente llegó a involucrar, entre otros, al exministro de Defensa Oscar Camilión, al interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga y al traficante de armas Diego Palleros.

En 2011, después de años de investigación y un juicio oral que había durado tres años, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N.º 3 absolvió a los 18 acusados.

Pero la historia judicial no terminó allí.

En 2013, la Cámara Federal de Casación Penal revocó parcialmente aquellas absoluciones y condenó a Menem, Camilión, Sarlenga, Palleros y otros acusados por contrabando agravado.

En el caso de Menem, la pena fue de siete años de prisión.

Sí.

El mismo Carlos Menem que en 1991 había dicho que en cada corrupto se identificaba un traidor a la patria terminó siendo condenado por contrabando agravado en una causa relacionada con la venta ilegal de armas.

La frase y la condena pertenecen a momentos diferentes.

Pero pertenecen al mismo personaje.

Y después vino otra vuelta judicial

La historia tampoco terminó con aquella condena.

En 2017, la condena contra Menem fue confirmada.

Pero en 2018 la Cámara Federal de Casación Penal terminó absolviéndolo por considerar vulnerada la garantía del plazo razonable, teniendo en cuenta la extraordinaria duración del proceso.

Es decir:

Menem fue condenado.

La condena fue confirmada.

Y posteriormente fue absuelto por razones vinculadas con la duración del proceso.

No es lo mismo decir que nunca fue condenado.

Tampoco es correcto afirmar que un tribunal estableció que la operación de armas nunca existió.

La propia causa judicial tuvo por acreditados los hechos materiales de las exportaciones irregulares; lo que atravesó distintas instancias fue la responsabilidad penal de los acusados y, en el caso de Menem, finalmente prevaleció el argumento del plazo razonable.

Y ahí aparece otra pregunta:

¿Qué significa una condena que llega después de tantos años y termina sin una pena efectiva porque el proceso excedió el plazo razonable?

No hace falta responderla desde una posición partidaria.

La pregunta es jurídica.

Y también es política.

Y entonces aparece Río Tercero

Porque esta historia todavía no termina.

El 3 de noviembre de 1995, mientras la investigación por las armas comenzaba a avanzar, explotó la Fábrica Militar de Río Tercero.

Durante años se sostuvo que había sido un accidente.

Después, la investigación estableció que la explosión había sido provocada deliberadamente.

La Justicia terminó condenando a cuatro militares por el estrago doloso.

La hipótesis judicial sobre el móvil fue que la voladura tuvo como objetivo ocultar el faltante de armamento relacionado con las operaciones ilegales.

Y ahí las dos historias empiezan a encontrarse:

armas enviadas clandestinamente → faltante de material → Río Tercero → destrucción de evidencias.

Pero todavía faltaba algo.

O, mejor dicho, alguien.

Los muertos que quedaron en el camino

Cuando uno reconstruye la historia del contrabando de armas y Río Tercero aparecen varias muertes que merecen ser mencionadas.

No porque exista una sentencia judicial que establezca que todas fueron asesinatos.

No la existe.

Y sería irresponsable afirmar algo semejante.

Pero tampoco tiene sentido esconder que varias personas relacionadas con la investigación murieron en circunstancias que, en su momento, generaron preguntas.

El 8 de octubre de 1996 cayó un helicóptero del Ejército en el Campo Argentino de Polo.

Murieron, entre otros, el general Juan Carlos Andreoli, exinterventor de Fabricaciones Militares, y el coronel Rodolfo Aguilar, exagregado militar argentino en Lima.

Aguilar había transmitido información a sus superiores sobre los envíos de armas a Ecuador.

Andreoli había ocupado cargos centrales en la estructura de Fabricaciones Militares y estaba relacionado con Río Tercero.

La investigación judicial terminó archivando el episodio como accidente, aunque durante años hubo sospechas y pedidos para revisar las circunstancias del hecho.

Después apareció otro nombre:

Horacio Estrada.

El 25 de agosto de 1998 fue encontrado muerto en su departamento.

Había sido indagado por el juez Jorge Urso en la causa de las armas y había reconocido su participación en determinadas operaciones.

La investigación lo consideró un suicidio.

Pero las circunstancias de su muerte generaron dudas y fueron objeto de discusión pública.

Después murió Carlos Alonso, exjefe de verificación de embarques de armas y explosivos de la Aduana.

Murió de un infarto en septiembre de 1998.

Y antes había muerto Vicente Bruzza, técnico de la Fábrica Militar de Río Tercero y uno de los denunciantes de las irregularidades investigadas.

Murió de un infarto en 1997.

Y finalmente, años después, aparece otro nombre que merece una historia propia:

Lourdes Di Natale.

Exsecretaria de Emir Yoma y testigo importante de la causa de las armas.

Murió en 2003 después de caer desde el balcón de su departamento.

Su muerte fue investigada bajo distintas hipótesis y la Corte Suprema terminó ordenando la reapertura de la investigación.

Di Natale no es un detalle menor.

Porque su historia conecta directamente con el núcleo político de la causa.

Y por eso va a tener una editorial propia.

Y en el medio murió el hijo del presidente

Hay otra historia que tampoco puede ignorarse.

El 15 de marzo de 1995, antes de la explosión de Río Tercero, murió Carlos Menem Jr. cuando cayó el helicóptero que piloteaba cerca de Ramallo. También murió el piloto automovilístico Silvio Oltra.

La Justicia investigó el episodio como accidente y la causa fue archivada.

Pero durante años persistieron hipótesis de atentado.

La propia familia sostuvo públicamente esa posibilidad.

Y el propio Carlos Menem llegó a afirmar públicamente en 1999 que la muerte de su hijo había sido consecuencia de un atentado y que había observado signos de bala en el fuselaje.

También existieron versiones sobre una supuesta relación con la política exterior de Menem y con conflictos vinculados con Medio Oriente.

Pero una cosa es registrar esas hipótesis y otra muy diferente es presentarlas como hechos probados.

Por eso esa historia merece una investigación separada.

Y también tendrá su propia editorial.

Una frase que terminó persiguiendo a su propio autor

Volvamos entonces al principio.


Carlos Menem frente al Congreso:

“Sigo pensando que en cada corrupto se identifica un traidor a la patria.”

Y también:

“El único pacto que se puede establecer con un corrupto es la condena.”

Cuatro años después, durante su presidencia, Argentina había enviado miles de toneladas de armamento a destinos diferentes de los que figuraban en los decretos.

La Justicia investigó.

Hubo absoluciones.

Hubo condenas.

Hubo confirmaciones.

Hubo recursos.

Hubo una nueva absolución.

Y pasaron más de dos décadas.

Mientras tanto, algunas personas relacionadas con distintos aspectos de la investigación murieron.

Unas en accidentes.

Otras por enfermedades o episodios cardíacos.

Una muerte fue investigada como suicidio.

Otra quedó rodeada durante años por dudas que llevaron a la reapertura judicial.

Y Río Tercero terminó convertido en una de las tragedias más graves de aquella historia.

Entonces aparece la pregunta que probablemente sea la más incómoda de todas:

¿Cuánto puede tardar la Justicia en llegar a la verdad antes de que la verdad termine enterrada debajo de los años, los expedientes, las apelaciones y las muertes de quienes podían contarla?

Porque quizá la ironía más grande no esté en que un presidente haya pronunciado una frase sobre corrupción.

La ironía está en que esa frase haya quedado archivada junto con una de las causas de corrupción y contrabando más prolongadas de la historia argentina.

Y eso sí está documentado.

Lo demás hay que investigarlo.

Lo que viene

Esta historia no termina acá.

Durante esta semana vamos a reconstruir dos capítulos que forman parte de este mismo entramado.

Uno estará dedicado a Lourdes Di Natale: quién era, qué sabía, qué declaró, qué relación tuvo con la causa de las armas y qué ocurrió con la investigación de su muerte.

Y otro estará dedicado a Carlos Menem Jr., su muerte, las distintas hipótesis que surgieron alrededor de aquel episodio y las advertencias que fueron conocidas posteriormente.

Porque cuando una historia tiene demasiadas coincidencias, no alcanza con repetirlas.

Hay que investigarlas.

Y cuando existen documentos, condenas, absoluciones, testimonios y expedientes, tampoco alcanza con elegir solamente los que sirven para confirmar una opinión.

Hay que ponerlos todos sobre la mesa.

Después, que cada lector saque sus propias conclusiones.

 

SUTECO cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 y advirtió por los fondos educativos para Corrientes

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes difundió un análisis del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 y cuestionó el nivel de recursos previstos para el sistema educativo.

Según el informe elaborado por el gremio, el proyecto asigna para Corrientes $21.592 millones destinados a solventar gastos de educación básica provincial, sin contemplar el financiamiento universitario.

SUTECO sostiene que la inversión federal en educación prevista para 2027 representaría uno de los niveles más bajos de la última década.

Los datos forman parte de un análisis realizado por el sindicato sobre el proyecto enviado al Congreso.


 

La CGT mantiene una movilización para el 8 de octubre y no anunció un nuevo paro general


La Confederación General del Trabajo mantiene prevista una movilización para el 8 de octubre.

Hasta el momento, la central sindical no anunció una nueva medida de fuerza de alcance nacional bajo la modalidad de paro general.

La convocatoria se desarrolla en un contexto de reclamos sindicales vinculados con salarios, empleo y distintas medidas impulsadas por el Gobierno nacional.

La conducción de la CGT deberá definir en los próximos días los pasos posteriores a la movilización.

Redacción Contenidos Libres Noticias


 

Misiones: rige la veda total de pesca en el río Uruguay hasta enero de 2027


Desde el 1 de octubre se encuentra vigente en Misiones la veda total de pesca en el río Uruguay, una medida que se extenderá hasta el 31 de enero de 2027.

La disposición alcanza a las aguas jurisdiccionales de la provincia y prohíbe la pesca deportiva y comercial durante el período establecido.

La única excepción corresponde a la pesca de subsistencia para quienes ya cuenten con permiso vigente. Esta actividad estará habilitada únicamente los lunes, miércoles y viernes y bajo las condiciones establecidas en cada autorización.

La normativa establece además la prohibición absoluta de capturar dorado, surubí, pira-pará y manguruyú.

El objetivo de la medida es reducir la presión sobre las especies durante una etapa clave de su ciclo reproductivo.

Redacción Contenidos Libres Noticias


 

sábado, 3 de octubre de 2026

EDITORIAL: Río Tercero

EDITORIAL: Río Tercero: una explosión, cuatro condenados y demasiadas preguntas
El 3 de noviembre de 1995, Río Tercero dejó de ser solamente una ciudad de Córdoba.
Durante varias horas, el cielo se convirtió en una lluvia de proyectiles, explosiones y fuego. La Fábrica Militar de Río Tercero voló por los aires y la ciudad quedó expuesta a una de las tragedias más graves de la historia reciente argentina.
Murieron siete personas y más de 300 resultaron heridas. Casas destruidas, vehículos dañados y vecinos huyendo de una lluvia de municiones que, en algunos casos, terminó cayendo a kilómetros de la fábrica.
Durante mucho tiempo, la explicación que quedó instalada fue la de un accidente.
Pero con el avance de la investigación, esa explicación comenzó a desmoronarse.
La Justicia terminó estableciendo que aquello no había sido un accidente.
La explosión fue provocada deliberadamente.
Y cuatro integrantes de la estructura militar fueron condenados por estrago doloso agravado por la muerte de personas.
Hasta ahí, podríamos decir que la historia tiene una respuesta.
Pero cuando uno empieza a mirar qué había detrás de aquella explosión, aparecen las preguntas.
Porque Río Tercero no era simplemente un depósito de municiones que explotó.
En aquella fábrica existía un faltante de armamento.
Y ese faltante tenía una relación directa con una historia mucho más grande: la venta ilegal de armas argentinas a Croacia y Ecuador durante el gobierno de Carlos Menem.
Entonces aparece la primera pregunta incómoda:
¿Qué era exactamente lo que había que ocultar?
Porque si la explosión fue deliberadamente provocada para hacer desaparecer evidencias relacionadas con material bélico faltante, entonces el problema ya no consiste solamente en saber quién provocó la explosión.
También hay que preguntarse quién sabía que ese material faltaba.
Quién sabía dónde estaba.
Quién sabía cómo había salido.
Quién podía beneficiarse con la destrucción de documentación, instalaciones y evidencias.
Y, sobre todo, quiénes tenían capacidad suficiente para tomar decisiones de semejante magnitud.
La Justicia llegó hasta determinados responsables.
Hubo condenas.
Pero la historia política es bastante más compleja.
Carlos Menem fue procesado en relación con la investigación por la voladura de Río Tercero, pero ese procesamiento fue posteriormente revocado y no terminó en una condena por ese hecho.
Y acá aparece una diferencia que no podemos ignorar.
Una cosa es establecer judicialmente la responsabilidad de quienes ejecutaron una acción.
Otra muy distinta es establecer quiénes estuvieron detrás de las decisiones políticas que hicieron posible aquello.
Son niveles diferentes de responsabilidad.
Y justamente por eso Río Tercero sigue siendo una historia que merece ser revisada.
Porque cuando hablamos de grandes operaciones de poder, muchas veces resulta relativamente sencillo encontrar a quienes aparecen en el último eslabón de la cadena.
Mucho más difícil es llegar hasta quienes tenían capacidad de decisión.
Y esa diferencia merece preguntas.
No porque haya que inventar culpables.
No porque haya que condenar a alguien desde una editorial.
Sino porque una democracia necesita saber hasta dónde llegó una investigación y, también, hasta dónde no llegó.
Y después aparece Lourdes Di Natale
Hay otro nombre que inevitablemente aparece cuando uno reconstruye esta historia:
Lourdes Di Natale.
Fue secretaria de Emir Yoma y una de las personas que aportó información a la investigación sobre el contrabando de armas.
Su muerte, ocurrida en marzo de 2003 después de caer desde el décimo piso del edificio donde vivía, fue investigada bajo distintas hipótesis.
Durante años se discutió si se había tratado de un suicidio, un accidente o si podía existir una tercera posibilidad.
La cuestión llegó incluso hasta la Corte Suprema, que ordenó reabrir la investigación al considerar que no se habían agotado determinadas medidas de prueba.
Y hay un dato que vuelve todavía más inquietante la historia:
Di Natale también estaba vinculada a la investigación sobre Río Tercero y debía declarar sobre esa causa.
No corresponde transformar ese dato en una acusación.
Pero tampoco corresponde esconderlo.
Porque una pregunta periodística no necesita una respuesta prefabricada.
Necesita documentos, fechas, testimonios y contexto.
Por eso, desde Contenidos Libres vamos a dedicar una editorial específica a Lourdes Di Natale: su trayectoria, sus declaraciones, su relación con la causa de las armas, las circunstancias de su muerte y las preguntas que quedaron abiertas alrededor de aquel episodio.
Y hay una tercera historia
Porque para comprender Río Tercero hay que retroceder todavía más.
Hay que hablar de las armas que salieron de la Argentina.
De los decretos que autorizaron determinadas operaciones.
De Croacia.
De Ecuador.
De Fabricaciones Militares.
De los intermediarios.
De los funcionarios.
De las toneladas de armamento que terminaron fuera del país bajo operaciones cuya documentación no reflejaba adecuadamente sus verdaderos destinos.
Y hay que preguntarse cómo una operación semejante pudo desarrollarse durante años.
Por eso también vamos a hacer una editorial específica sobre el contrabando de armas a Croacia y Ecuador.
No como una repetición de lo que ya se contó.
Sino intentando reconstruir la cadena completa.
Porque quizá ahí esté una de las claves para comprender por qué Río Tercero terminó convertido en una tragedia.
Río Tercero no terminó con cuatro condenas
Una ciudad quedó marcada.
Siete personas murieron.
Cientos resultaron heridas.
Una fábrica militar quedó destruida.
Y cuatro hombres terminaron condenados.
Pero una condena no necesariamente responde todas las preguntas de una historia.
A veces solamente establece la responsabilidad penal de quienes pudieron ser llevados ante un tribunal.
Las preguntas históricas pueden continuar mucho después.
¿Quién sabía?
¿Quién decidió?
¿Quién se benefició?
¿Quién debía controlar?
¿Quién permitió que el armamento saliera?
¿Y por qué, cuando llegó el momento de investigar cómo habían desaparecido las evidencias, la Justicia pudo llegar hasta determinados responsables pero no logró establecer una responsabilidad penal en los niveles políticos superiores?
Quizás la historia argentina tenga demasiados episodios en los que la investigación termina encontrando responsables concretos, pero deja abierta la discusión sobre quienes estaban más arriba.
No hace falta afirmar que siempre ocurrió así.
Pero sí vale la pena preguntar por qué ocurre tantas veces.
Porque Río Tercero no es solamente la historia de una explosión.
Es la historia de siete muertos, una ciudad destruida, armas que desaparecieron, una investigación judicial, cuatro condenas, una testigo cuya muerte todavía genera interrogantes y una trama internacional que conduce hacia Croacia y Ecuador.
Y si queremos entender realmente qué ocurrió aquel 3 de noviembre de 1995, no alcanza con mirar el momento de la explosión.
Hay que mirar todo lo que ocurrió antes.
Y también todo aquello que, después de treinta años, todavía merece una respuesta.


 

Misiones registró cinco femicidios y 15 intentos durante los primeros nueve meses de 2026


Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026, Misiones registró cinco femicidios y 15 intentos de femicidio, según datos difundidos por el Observatorio “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

El relevamiento establece que durante ese período se produjeron tres intentos de femicidio por cada caso consumado registrado en la provincia.

Los datos forman parte de un seguimiento nacional de los casos de violencia de género y violencia femicida.

El informe también permite observar que los valores absolutos de Misiones son inferiores a los registrados en provincias con mayor población, aunque la relación entre femicidios consumados e intentos constituye uno de los indicadores analizados por el observatorio.

Los datos corresponden exclusivamente al período comprendido entre enero y septiembre de 2026.

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viernes, 2 de octubre de 2026

Un informe registró 164 femicidios y 401 tentativas en Argentina hasta septiembre


El Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, difundió un relevamiento correspondiente a los primeros nueve meses de 2026.

Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, el informe registró 164 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, además de nueve transfemicidios y 19 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

El relevamiento también contabilizó 401 tentativas de femicidio.

Según el informe, 226 hijos e hijas quedaron sin madre como consecuencia de estos hechos, y el 55% de ellos son menores de edad.

En términos absolutos, Buenos Aires concentró la mayor cantidad de casos, seguida por Santa Fe y Córdoba.


 

jueves, 1 de octubre de 2026

EDITORIAL: CUASIMONEDAS.


Cuando 100 pesos no valían 100: la Argentina de las cuasimonedas
Hubo una Argentina en la que cobrar un sueldo no significaba necesariamente cobrar pesos.
Parece difícil de imaginar hoy, pero durante la crisis de comienzos de siglo hubo trabajadores que recibían su salario en una combinación de pesos y papeles que, aunque llevaban impreso un determinado valor nominal, podían tener un valor completamente diferente cuando llegaban a un comercio.
CECАCOR, LECOP, Patacones, LECOR, Federales, Quebrachos, BOCANFOR, BOCADE y BONOSCAT fueron algunos de los nombres de aquella Argentina partida en múltiples monedas de emergencia.
Eran las llamadas cuasimonedas.
Y fueron mucho más que simples papeles.
Fueron el síntoma de un Estado nacional y de varios Estados provinciales que habían llegado a un punto en el que necesitaban pagar, pero no tenían suficientes pesos circulando.
El mismo papel podía valer 100, 60 o 40
Imaginemos una situación sencilla.
Un trabajador debía cobrar 150 pesos.
El Estado provincial podía entregarle 150 unidades de una cuasimoneda.
En los papeles, tenía 150.
El problema aparecía cuando ese trabajador intentaba transformar esos 150 en comida, combustible, medicamentos o dinero efectivo.
Porque el comerciante no necesariamente veía esos 150 como 150 pesos.
Y cuanto menor era la confianza y la aceptación de la cuasimoneda, mayor era el descuento.
El Banco Central documentó precisamente esa diferencia entre el valor nominal y el valor de mercado. En febrero de 2003, por ejemplo, registraba cotizaciones muy diferentes entre las distintas cuasimonedas: mientras LECOP y Patacones se encontraban cerca de la paridad, los CECACOR podían cotizar muy por debajo de su valor nominal. El propio BCRA explicaba que el precio dependía tanto de la solvencia percibida del emisor como de la liquidez del título, es decir, de qué tan fácilmente podía utilizarse como dinero.
Y ahí aparecía una situación profundamente desigual.
El que necesitaba comer no podía esperar.
El que necesitaba pagar una deuda no podía esperar.
El que necesitaba convertir esos papeles en pesos tampoco podía esperar.
Pero quien tenía dinero disponible podía comprar esos títulos depreciados y esperar.
Y cuando aparece esa diferencia entre quien necesita vender hoy y quien puede esperar para cobrar mañana, aparece también el terreno donde prospera la especulación.
Corrientes conoció esa historia de cerca
En Corrientes, uno de los protagonistas fue el CECACOR.
El trabajador podía recibir el certificado por su valor nominal.
Pero después comenzaba el problema de la aceptación.
Un papel que decía 100 podía no ser considerado equivalente a 100 pesos por quien lo recibía.
Y eso generaba una paradoja brutal:
el Estado decía que valía 100; el mercado podía decir que valía mucho menos.
No era una diferencia puramente teórica.
Era una diferencia que podía terminar saliendo directamente del bolsillo del trabajador.
Porque si alguien recibía 100 y para transformarlos rápidamente en dinero efectivo solamente conseguía 50, había perdido la mitad de su poder de compra en el camino.
Pero no todas las cuasimonedas eran iguales
Y acá aparece una distinción fundamental.
No podemos meter todo en la misma bolsa.
Los LECOP tuvieron una aceptación mucho mayor que otras cuasimonedas. Incluso podían utilizarse para determinadas obligaciones tributarias nacionales. La normativa de 2001 habilitó mecanismos para que títulos como los Patacones fueran utilizados para cancelar determinados impuestos nacionales, mientras que posteriormente los LECOP quedaron incorporados al sistema.
Eso les daba una característica que otros bonos provinciales no tenían en la misma magnitud:
liquidez y aceptación.
Y esa diferencia tenía un valor económico.
El BCRA lo observó claramente.
Cuando comenzó a instalarse la expectativa de que determinadas cuasimonedas serían rescatadas por el Estado nacional, sus cotizaciones empezaron a subir.
No porque mágicamente el papel hubiera cambiado.
Había cambiado la expectativa sobre lo que podía hacerse con él.
El propio Banco Central explicó que el anuncio de un rescate podía generar un verdadero “premio” sobre el precio de mercado del título, porque aumentaba la probabilidad percibida de recuperarlo.
Y ahí tenemos otra pregunta incómoda.
¿Quién compraba esos papeles cuando estaban baratos?
El negocio estaba en la diferencia
Supongamos nuevamente que un papel de valor nominal 100 cotizaba a 50.
Una persona desesperada por efectivo podía venderlo por 50.
Otra persona podía comprarlo por 50.
Pero si posteriormente ese mismo papel era rescatado a un valor superior, la diferencia podía convertirse en una ganancia.
Eso no significa que cada comercio, financiera o comprador haya realizado un “negociado”.
Sería irresponsable afirmarlo sin identificar operaciones concretas.
Pero el mecanismo económico existía.
Y estaba documentado.
Había una diferencia entre:
valor nominal,
valor de mercado,
valor de rescate
y, en determinados casos, intereses o condiciones financieras del título.
Cuatro números que podían ser diferentes para el mismo papel.
Ahí estaba la verdadera complejidad.
Y llegó el momento de sacar los papeles de circulación
Después de la crisis, Argentina comenzó a desmontar ese sistema.
El Programa de Unificación Monetaria fue creado para retirar los títulos provinciales que funcionaban como cuasimonedas y reemplazarlos por moneda nacional de curso legal. La propia normativa explicaba que el objetivo era volver a garantizar una única unidad monetaria nacional.
El proceso avanzó durante 2003.
En noviembre, el Banco Central informaba que ya se había rescatado aproximadamente el 85% de las cuasimonedas adheridas al programa.
Y en diciembre se produjo prácticamente el cierre de aquella experiencia.
El BCRA informó que desde el 30 de abril de 2003 habían salido de circulación $7.508 millones de valor nominal, equivalentes al 98% del stock existente a esa fecha.
Los números finales permiten comprender la diferencia entre unas y otras.
Cuasimoneda
Valor nominal rescatado
Valor de rescate
CECACOR
$249 millones
$185 millones
LECOP
$3.187 millones
$3.187 millones
Patacones
$2.644 millones
$2.644 millones
LECOR
$649 millones
$620 millones
Federales
$255 millones
$193 millones
Quebrachos
$99 millones
$88 millones
BOCANFOR
$85 millones
$70 millones
BOCADE
$167 millones
$155 millones
BONOSCAT
$56 millones
$56 millones
Total
$7.391 millones
$7.198 millones
Los datos corresponden al Programa de Unificación Monetaria informado por el Banco Central.
Y ahí aparece uno de los datos más fuertes de toda esta historia:
249 millones de pesos nominales en CECACOR terminaron registrados con un valor de rescate de 185 millones.
Mientras tanto, los LECOP y los Patacones fueron rescatados a la par.
No todos los argentinos que tuvieron una cuasimoneda estuvieron, por lo tanto, frente al mismo problema.
¿Y quién ganó con aquella diferencia?
Esta es quizás la pregunta más incómoda.
Porque cuando una persona está obligada a vender un activo depreciado para poder comprar comida, pagar una deuda o conseguir efectivo, existe alguien del otro lado dispuesto a comprarlo.
La pregunta periodística no debería ser automáticamente:
“¿Quién hizo el negociado?”
La pregunta debería ser:
“¿Quién tuvo la capacidad de comprar cuando otros estaban obligados a vender?”
Y después:
¿A qué precio compró?
¿Qué expectativa tenía sobre el rescate?
¿Qué información tenía?
¿Qué tratamiento recibió finalmente ese título?
Ahí es donde termina la memoria y empieza la investigación.
Porque podemos recordar perfectamente que en aquellos años había personas que recibían un papel por 100 y tenían que desprenderse de él por mucho menos.
Pero para afirmar que hubo un negociado concreto necesitamos algo más que el recuerdo.
Necesitamos documentos, operaciones, nombres, fechas y números.
Y eso es precisamente lo interesante.
La Argentina que volvió a tener un solo dinero
Las cuasimonedas habían nacido como una respuesta extraordinaria a una situación extraordinaria.
Pero una economía no puede funcionar indefinidamente con una colección de monedas diferentes cuyo valor depende de quién las emite, quién las acepta y quién está dispuesto a recibirlas.
El propio Banco Central definió el rescate como un avance en la normalización del sistema monetario y financiero, porque reemplazaba instrumentos de circulación limitada por dinero de circulación nacional bajo una única autoridad monetaria.
Y durante 2003 ese proceso avanzó hasta retirar prácticamente todo aquel dinero paralelo de circulación.
La Argentina volvió a manejar una moneda nacional.
Pero quedó una lección que quizás sea mucho más importante que los nombres de aquellos bonos:
cuando el Estado dice que un papel vale 100, eso no significa necesariamente que el ciudadano pueda comprar 100 pesos de cosas con él.
Entre el valor impreso y el valor real puede existir un abismo.
Y cuando ese abismo aparece en medio de una crisis, no todos quedan parados del mismo lado.
Algunos necesitan vender.
Otros pueden esperar.
Algunos pierden poder de compra.
Otros compran barato.
Y algunos pueden terminar ganando con una diferencia que para otro argentino significó perder una parte de su salario.
Las cuasimonedas desaparecieron.
Los nombres quedaron en la memoria.
Pero la pregunta económica sigue siendo válida:
¿cuánto vale realmente el dinero cuando la confianza desaparece?