La defensa de Cristina Kirchner presentó una nueva auditoría y busca revisar la condena por Vialidad
Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron este martes una nueva auditoría con la que buscan incorporar elementos al reclamo destinado a revisar la condena dictada en la causa Vialidad.
La presentación fue realizada durante una conferencia de prensa por los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes trabajan además en la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Según explicó la defensa, el nuevo análisis parte de una base de datos incorporada a otro expediente judicial y posteriormente sometida a una auditoría económico-financiera.
El informe elaborado por la consultora Specs analizó información correspondiente al período comprendido entre 2009 y 2015. De acuerdo con los datos difundidos, la denominada Fuente 14 del Presupuesto Nacional financió 367 obras ejecutadas por 114 constructoras, con 3.855 certificados pagados por aproximadamente US$2.200 millones.
Dentro de ese universo, 17 obras estuvieron vinculadas a empresas del Grupo Austral relacionadas con Lázaro Báez. Los pagos correspondientes a esas obras alcanzaron, según el informe presentado por la defensa, unos US$18,66 millones, equivalentes al 0,85% del total analizado.
La defensa considera que estos números pueden cuestionar la interpretación realizada durante el proceso judicial respecto del Decreto 54/2009 y del supuesto direccionamiento de fondos hacia empresas vinculadas a Báez.
El abogado Carlos Beraldi sostuvo durante la conferencia que la nueva información constituye, a criterio de la defensa, un elemento de relevancia para discutir la condena.
El planteo, sin embargo, todavía no modifica la situación jurídica de la expresidenta.
La condena continúa vigente y la nueva documentación deberá ser evaluada dentro de los mecanismos procesales correspondientes. La cuestión central será determinar si los elementos presentados reúnen las condiciones necesarias para habilitar una revisión de una sentencia firme.
La defensa anunció que utilizará esta documentación tanto en su estrategia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como en una eventual presentación judicial para solicitar la revisión de la condena.
El caso vuelve así a colocar en el centro de la discusión el Decreto 54/2009, el mecanismo de financiamiento de las obras investigadas y la relación entre el universo total de fondos administrados por Vialidad y las obras adjudicadas a empresas vinculadas al Grupo Austral.
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