lunes, 20 de abril de 2026

El cierre definitivo de la planta de Tía Maruca



El cierre definitivo de la planta de Tía Maruca en Albardón, San Juan, no es simplemente el fin de una fábrica, sino el colapso de un modelo de expansión que no resistió la presión de la economía actual. Lo que en 2017 se presentó como el gran salto de una pyme familiar hacia las ligas mayores de la industria alimenticia, terminó este fin de semana con las persianas bajas y cientos de familias en la incertidumbre.

La historia de este desenlace tiene su punto de quiebre cuando la empresa adquirió la planta Dilexis, de 22.000 metros cuadrados, a la multinacional PepsiCo. Aquella apuesta, que buscaba posicionar a la marca "artesanal" en las góndolas de todo el país, trajo consigo una estructura de costos y deudas en dólares que se volvieron impagables con el tiempo. El concurso preventivo abierto en 2019 fue el primer aviso de una crisis que, si bien tuvo una recuperación transitoria en 2022, terminó por profundizarse ante la actual retracción del mercado interno.

Las causas técnicas del cierre son contundentes: una capacidad instalada que apenas llegaba al 50% de operatividad y un desplome del consumo que obligó a la marca a competir en un escenario de costos logísticos e insumos (harina y azúcar) en alza constante. A esto se suma el cambio de gestión; la reciente adquisición de la firma por parte del grupo liderado por la familia Díaz Colodrero (dueños de la marca Pipas) buscaba reestructurar el negocio, pero la realidad industrial de la planta de San Juan resultó inviable bajo las condiciones actuales.

Para la localidad de Albardón, el impacto es devastador. No solo se pierden empleos directos, sino que se corta el circuito económico de una de las plantas más modernas de Sudamérica, diseñada para producir 3.000 toneladas mensuales de galletitas. El futuro de la marca ahora es una incógnita técnica: se habla de una mudanza de la producción o de un modelo de tercerización, pero lo que es concreto es que el polo industrial sanjuanino pierde a uno de sus mayores exponentes, dejando al descubierto la fragilidad de la industria nacional frente a la caída del poder adquisitivo y el encarecimiento de la producción.

    

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La desarticulación de una red de apuestas clandestinas y carreras de caballos ilegales en la zona rural de Corrientes revela una problemática que combina el juego prohibido con la violencia armada y la falta de control en los sectores periféricos. El operativo, que tuvo lugar durante la jornada de ayer domingo, no solo logró frenar el evento hípico que no contaba con ninguna autorización oficial, sino que derivó en una persecución que terminó con detenciones y el secuestro de armamento.

La intervención policial se activó tras recibir denuncias sobre una aglomeración inusual de personas y vehículos en un predio rural, donde se estaban realizando apuestas de gran volumen de dinero bajo la modalidad de "carreras cuadreras". Al notar la presencia de los efectivos, se produjo un intento de fuga masivo, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a realizar un cerrojo preventivo en la zona. Como resultado del procedimiento, dos hombres fueron aprehendidos luego de intentar descartar armas de fuego mientras escapaban por los campos linderos.

Este tipo de operativos pone de manifiesto la vigencia de estructuras de juego ilegal que logran movilizar a una cantidad importante de personas, evadiendo no solo los controles fiscales y las normas del Instituto de Lotería y Casinos, sino también las medidas de bienestar animal y seguridad ciudadana. La presencia de armas de fuego entre los asistentes subraya la peligrosidad de estos encuentros clandestinos, donde los conflictos por las apuestas suelen resolverse por fuera de cualquier marco legal.

El caso ya se encuentra bajo la órbita de la justicia provincial, que busca determinar quiénes son los organizadores y propietarios del predio que facilitaron la infraestructura para el evento ilegal. Mientras tanto, el secuestro de las armas y la detención de los sospechosos marcan un precedente en la lucha contra los delitos rurales y la economía informal que se alimenta de estas actividades prohibidas, las cuales suelen ocultar otros delitos detrás de la fachada de una competencia deportiva regional.

 

    

El nuevo esquema de peajes en las rutas nacionales


El nuevo esquema de peajes en las rutas nacionales ha dejado de ser una proyección administrativa para convertirse en un golpe directo al bolsillo del sector productivo y el transporte de cargas, especialmente en el litoral argentino. Lo que se presenta técnicamente como una actualización tarifaria bajo un nuevo modelo de gestión, esconde en realidad un cambio de paradigma en la política de infraestructura del Gobierno nacional, que traslada el costo total del mantenimiento vial a los usuarios y transportistas.

El epicentro del conflicto radica en la habilitación de nuevos puntos de cobro y el incremento exponencial de las tarifas en tramos que, hasta hace poco, se encontraban bajo mantenimiento estatal o con concesiones vencidas. Este ajuste no solo afecta el costo logístico de los fletes —lo que inevitablemente se trasladará al precio final de los alimentos y productos de consumo masivo en las góndolas— sino que también plantea una fuerte tensión entre las provincias y la administración central por el destino de esos fondos recaudados en rutas que atraviesan territorios federales.

En el NEA, el impacto es doblemente sensible debido a las asimetrías geográficas. El encarecimiento de la logística profundiza la brecha de competitividad para los productores locales que deben trasladar sus mercaderías hacia los grandes centros de consumo. Mientras el Ejecutivo nacional sostiene que este modelo de "usuario-pagador" es la única vía para garantizar la seguridad vial y el asfalto ante el recorte de la obra pública, diversos sectores del transporte denuncian que la carga tributaria sobre los peajes se vuelve confiscatoria en un contexto de caída de la actividad económica.

Este escenario ha reactivado el reclamo por un sistema de peajes diferencial para el transporte de carga regional y ha puesto bajo la lupa la transparencia en la reinversión de lo recaudado. En las rutas de nuestra región, donde el flujo de camiones es constante por el comercio internacional y la producción primaria, el nuevo valor del peaje se percibe como un impuesto encubierto a la producción, generando un clima de incertidumbre que promete derivar en nuevas presentaciones judiciales por parte de cámaras empresariales que consideran estas tarifas como un obstáculo insalvable para la operatividad diaria.