La Cámara Federal cuestionó la fundamentación de los procesamientos y ordenó una nueva evaluación de las pruebas. La investigación apunta a una presunta estructura que habría exigido dinero a transportistas durante controles viales en la zona de Sampacho.
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba anuló los procesamientos de 14 efectivos de Gendarmería Nacional investigados por su presunta participación en una organización dedicada a cobrar coimas a camioneros durante controles sobre rutas nacionales.
La decisión fue adoptada por mayoría por la Sala A del tribunal, que encontró deficiencias en la fundamentación de la resolución dictada en diciembre de 2025 por el Juzgado Federal de Río Cuarto.
Los camaristas consideraron que el juez de primera instancia no había explicado suficientemente cuál habría sido la intervención concreta de cada efectivo ni cómo las pruebas incorporadas al expediente permitían vincular individualmente a los acusados con los delitos atribuidos.
La resolución no representa una absolución ni el cierre de la investigación. El expediente deberá regresar al juzgado de origen para que se realice una nueva valoración y se dicte otro pronunciamiento.
Tres camioneros dieron origen a la investigación
La causa comenzó a partir de las denuncias de tres transportistas que aseguraron haber recibido exigencias ilegales de parte de integrantes de la Sección de Seguridad Vial Sampacho.
Según la hipótesis de la Fiscalía Federal de Río Cuarto, algunos efectivos habrían aprovechado los controles en las rutas para solicitar dinero a los conductores a cambio de no confeccionar actas de infracción o evitar el secuestro de sus vehículos.
Los investigadores sospechan que no se trataba de situaciones aisladas, sino de una estructura organizada que habría funcionado entre mediados de 2024 y septiembre de 2025.
El presunto circuito de recaudación
Uno de los aspectos centrales de la investigación está relacionado con el movimiento del dinero. La reconstrucción del caso identificó transferencias bancarias desde una cuenta a nombre del gendarme Leonel Alejandro Castro hacia otros integrantes de la fuerza, quienes posteriormente habrían derivado parte de esos fondos a compañeros o familiares.
Para los investigadores, ese mecanismo podría haber sido utilizado para dificultar la identificación del origen y la circulación del dinero.
También quedó bajo sospecha Analía Gabriela Galian, quien se desempeñaba como jefa de la sección y cuya intervención habría sido considerada por la Fiscalía dentro de la logística de la presunta organización.
Por qué se anularon los procesamientos
En diciembre de 2025, el Juzgado Federal de Río Cuarto había procesado a Walter Darío Ramírez y Carlos Manuel Ferreyra como presuntos organizadores de una asociación ilícita. Además, les había atribuido delitos de concusión, abuso de autoridad y coacción.
La resolución también alcanzó a otros doce efectivos, mientras que respecto de diez imputados adicionales se había dictado la falta de mérito por considerar insuficientes las pruebas para avanzar con un procesamiento.
Para sostener las acusaciones, el juzgado había valorado testimonios de transportistas, escuchas telefónicas, registros de transferencias bancarias, libros de guardia y tareas de investigación.
Sin embargo, las defensas cuestionaron que se atribuyeran responsabilidades de manera generalizada, sin precisar suficientemente qué intervención habría tenido cada uno de los acusados.
La Cámara coincidió, por mayoría, en que existían problemas estructurales en la argumentación. Señaló que la resolución no desarrollaba de manera clara cómo se relacionaban los hechos investigados, las pruebas reunidas y las conductas individuales atribuidas a los efectivos.
Uno de los integrantes del tribunal votó en disidencia y consideró que el procesamiento reunía las condiciones necesarias para ser sometido a revisión.
La causa vuelve al Juzgado Federal de Río Cuarto
Con la nulidad, el expediente deberá regresar al juzgado de origen. Allí será necesario analizar nuevamente los elementos probatorios, precisar las conductas atribuidas a cada imputado y emitir una resolución debidamente fundamentada.
La investigación por los presuntos cobros ilegales a camioneros continúa abierta. La decisión de la Cámara deja sin efecto los procesamientos cuestionados, pero no determina la inocencia de los investigados ni elimina las acusaciones que deberán volver a ser examinadas.
Redacción Contenidos Libres Noticias
