Una historia de contrabando, poder, investigaciones, silencios y muertes que todavía obliga a mirar hacia atrás
A quienes atravesaron aquellos años.
Este informe está dedicado a las familias de quienes investigaron, denunciaron, trabajaron dentro de los organismos del Estado o simplemente quedaron atrapados en una época marcada por investigaciones de corrupción, contrabando, presiones, amenazas y muertes que, en algunos casos, todavía dejan preguntas sin respuesta.
No pretende condenar sin pruebas.
No pretende construir una única explicación.
No pretende transformar cada muerte, cada accidente o cada episodio extraño en parte de una misma historia.
Pretende algo mucho más sencillo.
Porque hay momentos de la historia argentina que no desaparecen porque hayan pasado treinta años.
Solamente dejan de ocupar espacio en la memoria cotidiana.
Y la llamada Aduana paralela es uno de ellos.
Durante los años noventa, la expresión “Aduana paralela” comenzó a utilizarse para describir un conjunto de investigaciones relacionadas con presuntas maniobras de contrabando, irregularidades dentro de la Administración Nacional de Aduanas, utilización de empresas, depósitos fiscales, documentación adulterada y distintos mecanismos que habrían permitido evadir los controles del Estado.
Pero hay una precisión que resulta fundamental.
No necesariamente estamos hablando de una única organización perfectamente estructurada, con una sola conducción y un único objetivo.
La expresión fue utilizada para referirse a diferentes investigaciones, circuitos y mecanismos de corrupción que aparecieron alrededor del sistema aduanero.
Hubo investigaciones judiciales.
Hubo investigaciones parlamentarias.
Hubo organismos que denunciaron irregularidades.
Hubo funcionarios que investigaron.
Hubo empresarios mencionados en expedientes.
Hubo fuerzas de seguridad que participaron de investigaciones.
Y también hubo causas que terminaron de maneras muy diferentes.
Algunas tuvieron procesamientos o condenas.
Otras terminaron en absoluciones.
Otras fueron cuestionadas por la manera en que habían sido investigadas.
Por eso, reconstruir la Aduana paralela exige abandonar una idea demasiado sencilla.
No se trata de contar una historia de buenos contra malos.
Se trata de reconstruir cómo funcionaba un sistema y qué ocurrió cuando algunos de sus propios integrantes comenzaron a investigar las irregularidades.
EZEIZA, LOS DEPÓSITOS Y EL CONTROL QUE PODÍA FALLAR
Uno de los puntos centrales de aquellas investigaciones fue el área de Ezeiza y el movimiento de mercaderías y dinero relacionado con depósitos fiscales.
Allí aparecieron nombres de empresas, funcionarios y operadores que fueron investigados en diferentes momentos.
También apareció Edcadassa, vinculada a la actividad de depósitos fiscales en el ámbito aeroportuario.
Y alrededor de esos espacios surgieron preguntas sobre controles, documentación, mercaderías, movimientos financieros y posibles maniobras de contrabando.
El problema no era solamente cuánto podía ingresar o salir de un depósito.
El problema era qué ocurría cuando los mecanismos destinados a controlar esas operaciones podían ser vulnerados.
Porque si el sistema de control funciona, una irregularidad debería poder ser detectada.
Pero si los controles fallan, si la documentación desaparece, si aparecen expedientes incompletos o si determinadas operaciones no pueden ser reconstruidas, la investigación se vuelve mucho más compleja.
Y eso fue precisamente lo que ocurrió en distintos expedientes de aquella época.
EL SISTEMA TAMBIÉN TENÍA DOCUMENTOS
Una de las características más importantes de las investigaciones sobre la Aduana de aquellos años fue que no todo dependía de testimonios.
Movimientos de mercadería.
Y también investigaciones parlamentarias que intentaron reconstruir el funcionamiento de determinados mecanismos.
La Cámara de Diputados llegó a constituir una comisión especial destinada a investigar actos ilícitos dentro de la Administración Nacional de Aduanas.
Allí aparecieron denuncias sobre documentación falsificada o desaparecida, expedientes irregulares, reintegros cuestionados y empresas que no cumplirían con determinados requisitos.
Eso es importante porque permite entender que la historia de la Aduana paralela no nació únicamente de rumores.
Hubo hechos concretos que fueron investigados por organismos del Estado.
Pero también es importante decir lo contrario:
que una irregularidad haya sido investigada no significa automáticamente que todas las personas mencionadas hayan sido culpables.
Ese límite tiene que mantenerse durante toda la reconstrucción.
Y EN EL MEDIO APARECIÓ RODOLFO ECHEGOYEN
Rodolfo Echegoyen había ocupado un lugar importante dentro de la Aduana.
Durante su paso por ese organismo quedó vinculado a investigaciones relacionadas con contrabando, drogas y movimientos de dinero en el ámbito de Ezeiza y los depósitos fiscales.
En diciembre de 1990 dejó su cargo.
La explicación inicial fue el suicidio.
Pero desde el principio su familia cuestionó esa hipótesis.
Y durante años continuó sosteniendo que aquella muerte no había sido un suicidio.
No se trata solamente de una opinión retrospectiva.
A lo largo de los años aparecieron elementos periciales que volvieron a poner en discusión aquella primera explicación.
Y ahí empieza una de las partes más delicadas de esta historia.
Porque cuando una muerte inicialmente considerada un suicidio comienza a ser cuestionada por nuevas pericias, la pregunta ya no puede ser solamente qué pensaba la familia.
¿Qué fue lo que realmente ocurrió?
ECHEGOYEN: CUANDO UNA FAMILIA EMPIEZA A HACER PREGUNTAS
La familia de Echegoyen nunca aceptó completamente la explicación inicial.
Sus integrantes contaron que, antes de morir, Rodolfo Echegoyen había manifestado que tenía cosas que decir y que quería hacerlas públicas.
También relataron que estaba investigando cuestiones vinculadas con contrabando, drogas y movimientos de dinero en el ámbito de la Aduana y Ezeiza.
Son testimonios familiares que fueron recogidos por la prensa y que deben ser entendidos como tales: testimonios, no como pruebas definitivas de una trama criminal.
Pero cuando esos testimonios se colocan junto con las pericias posteriores, la historia deja de ser tan sencilla como pudo parecer en diciembre de 1990.
Y nuevamente aparece la pregunta:
¿Qué fue exactamente lo que ocurrió con Rodolfo Echegoyen?
La respuesta definitiva sobre los responsables de su muerte no puede construirse a partir de sospechas periodísticas ni de recuerdos familiares.
Pero tampoco puede ignorarse que una pericia balística realizada años después cuestionó seriamente la hipótesis del suicidio.
El informe pericial concluyó que Echegoyen no podía haber efectuado el disparo con el arma encontrada junto a su cuerpo. También se señaló que el arma había dejado residuos compatibles con su utilización en la mano de quien la disparó, mientras que esos residuos no fueron encontrados en la mano de Echegoyen.
Eso no responde quién lo mató.
Pero sí cambia una parte fundamental de la historia.
Porque una cosa es investigar un suicidio.
Y otra muy distinta es investigar una muerte que presenta elementos compatibles con la intervención de otra persona.
LA CARTA Y LAS PREGUNTAS QUE TAMBIÉN QUEDARON ABIERTAS
Pero había otro elemento que durante años también generó interrogantes: la carta que apareció junto al cuerpo de Echegoyen.
La investigación inicial tomó ese documento como parte de la hipótesis del suicidio. Sin embargo, con el paso del tiempo aparecieron cuestionamientos sobre su autenticidad y sobre la forma en que había sido analizado.
En 1997 se difundieron peritajes que planteaban dudas sobre la escritura de la nota, aunque esos análisis también tuvieron sus limitaciones y no permiten convertir automáticamente esas dudas en una conclusión sobre quién pudo haberla escrito.
Y ahí aparece una pregunta que atraviesa buena parte de esta historia:
¿Por qué una investigación que inicialmente parecía cerrada como un suicidio necesitó tantos años para que determinados elementos fueran nuevamente examinados?
Porque una cosa es afirmar que alguien fue asesinado y otra muy distinta es preguntarse por qué determinados elementos de una investigación fueron cuestionados años después.
La propia familia de Echegoyen nunca aceptó completamente la explicación inicial.
Sus integrantes habían contado que, antes de morir, Rodolfo Echegoyen les había manifestado que tenía cosas que decir y que quería hacerlas públicas. También relataron que estaba investigando cuestiones vinculadas con contrabando, drogas y movimientos de dinero en el ámbito de la Aduana y Ezeiza.
Pero cuando esos testimonios se colocan junto con las pericias posteriores, la historia deja de ser tan sencilla como pudo parecer en diciembre de 1990.
Y nuevamente aparece la pregunta:
¿Qué fue exactamente lo que ocurrió con Rodolfo Echegoyen?
La respuesta definitiva sobre los responsables de su muerte no puede construirse a partir de sospechas periodísticas ni de recuerdos familiares.
Pero tampoco puede ignorarse que una pericia balística realizada años después cuestionó seriamente la hipótesis del suicidio.
Y ENTONCES APARECE OTRA HISTORIA
El caso Echegoyen no quedó aislado dentro de aquellos años.
En 1994 ocurrió otro hecho que posteriormente quedaría directamente relacionado con las investigaciones sobre la llamada Aduana paralela.
Jorge Omar Gutiérrez era un funcionario que investigaba movimientos financieros vinculados con un depósito fiscal que posteriormente sería relacionado con la estructura investigada bajo ese nombre.
El 29 de agosto de 1994 fue asesinado.
Durante años el caso tuvo distintas investigaciones, acusaciones y explicaciones.
Pero aquí existe una diferencia fundamental respecto de muchos otros episodios de aquella época.
No estamos solamente ante una reconstrucción periodística.
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Y la Corte estableció responsabilidades del Estado argentino tanto por la ejecución de Gutiérrez como por las graves deficiencias y obstáculos que afectaron la investigación posterior.
La sentencia también señaló que Gutiérrez investigaba un depósito fiscal posteriormente vinculado con la llamada Aduana paralela y que existieron agentes estatales involucrados en los hechos y en la obstrucción de la investigación.
Eso constituye uno de los puntos más importantes de toda esta historia.
Porque ya no se trata simplemente de una sospecha formulada treinta años después.
Existe una sentencia internacional que examinó el caso y estableció responsabilidades estatales.
Y eso obliga a mirar nuevamente hacia atrás.
¿CUÁNTAS VECES PUEDE APARECER LA MISMA PREGUNTA?
Echegoyen había muerto en 1990.
Gutiérrez fue asesinado en 1994.
Entre ambos casos existen diferencias enormes.
No corresponde afirmar que una muerte fue consecuencia de la otra.
Tampoco corresponde afirmar que ambas formaron parte de una misma operación.
Pero sí corresponde preguntarse qué estaba ocurriendo alrededor de determinadas investigaciones relacionadas con organismos estatales, depósitos fiscales, contrabando y movimientos de dinero durante aquellos años.
Y hay otro nombre que aparece en esta historia.
Piazza había intervenido inicialmente en la investigación del asesinato de Gutiérrez.
Según reconstrucciones posteriores, estaba previsto que prestara declaración ante la comisión de la Cámara de Diputados que investigaba las irregularidades vinculadas con la Aduana.
La organización CELS ha documentado que Piazza fue asesinado en un episodio inicialmente investigado como un homicidio ocurrido durante un supuesto robo, y que su muerte se produjo pocos días antes de su prevista declaración ante aquella comisión.
Nuevamente aparece una coincidencia temporal.
Y nuevamente hay que tener cuidado.
Una coincidencia temporal no demuestra una relación causal.
Pero cuando una investigación histórica encuentra repetidamente personas que investigaban, declaraban o podían aportar información y que posteriormente aparecen involucradas en episodios de muerte, amenazas o hechos confusos, la pregunta periodística no debería ser ignorada.
¿Qué ocurrió realmente con quienes estaban investigando?
EL OTRO LADO DE LA HISTORIA: LOS QUE SEGUÍAN VIVOS
Y quizás este sea uno de los capítulos menos conocidos.
Cuando se habla de investigaciones sensibles de aquella época, generalmente se habla de quienes murieron.
Pero existe otra pregunta.
¿Qué ocurrió con los investigadores que continuaron vivos?
¿Qué pasó con quienes fueron trasladados?
¿Qué pasó con quienes dejaron de participar de determinadas investigaciones?
¿Qué ocurrió con quienes fueron enviados a disponibilidad?
¿Qué sucedía institucionalmente cuando un funcionario o integrante de una fuerza de seguridad avanzaba demasiado sobre una investigación?
¿Existían mecanismos para apartarlo?
¿Quién tomaba esas decisiones?
¿Podían ser revisadas posteriormente?
¿Y qué ocurría si alguien se negaba a apartarse?
Son preguntas que no implican afirmar que todos los investigadores fueron presionados.
Tampoco permiten afirmar que cada traslado, retiro o pase a disponibilidad haya sido consecuencia de una presión política.
Pero son preguntas importantes porque una investigación sobre corrupción no solamente debería estudiar a quienes supuestamente cometieron los delitos.
También debería estudiar qué ocurrió con quienes intentaron investigarlos.
¿Y SI ALGUIEN DECIDÍA NO CALLARSE?
Esta es quizás una de las preguntas más incómodas.
Porque una estructura de corrupción no necesita necesariamente que todos sus integrantes sean corruptos.
Puede alcanzar con que algunos participen, otros miren hacia otro lado, otros tengan miedo y otros sean apartados.
Y esa diferencia es fundamental.
No hace falta construir una teoría en la que absolutamente todo esté conectado.
La realidad institucional puede ser mucho más compleja.
Puede haber funcionarios honestos.
Puede haber funcionarios corruptos.
Puede haber investigaciones correctamente realizadas.
Puede haber investigaciones mal realizadas.
Puede haber encubrimiento.
Y también puede haber simplemente personas que nunca pudieron demostrar lo que sospechaban.
Por eso esta historia no necesita una única explicación.
Y, sobre todo, necesita distinguir aquello que está probado de aquello que solamente fue denunciado o sospechado.
Porque esa diferencia es la que permite contar una historia sin convertirla en una leyenda.
Y en esta historia hay algo particularmente importante: muchas de las preguntas que quedaron abiertas no nacieron décadas después.
Algunas fueron formuladas en el mismo momento en que ocurrieron los hechos.
Fueron familiares quienes preguntaron.
Fueron periodistas quienes preguntaron.
Fueron investigadores quienes preguntaron.
Fueron legisladores quienes preguntaron.
Y, en determinados casos, fueron incluso organismos internacionales los que terminaron preguntando por qué determinadas investigaciones habían fracasado.
Eso obliga a mirar el problema desde otro lugar.
No se trata simplemente de preguntarse qué fue la Aduana paralela.
También hay que preguntarse qué sucedió alrededor de quienes intentaron descubrir cómo funcionaba.
CUANDO INVESTIGAR TAMBIÉN SE CONVIERTE EN UNA HISTORIA
En cualquier investigación sobre corrupción, el foco suele colocarse sobre el delito.
Quién permitía el ingreso de mercadería.
Quién falsificaba documentación.
Quién utilizaba empresas.
Quién manejaba el dinero.
Quién protegía determinadas operaciones.
Pero existe otra dimensión que muchas veces queda fuera de la historia.
La dimensión humana e institucional.
¿Qué ocurre con el funcionario que descubre una irregularidad?
¿Qué ocurre con el investigador que empieza a encontrar nombres que no esperaba encontrar?
¿Qué ocurre cuando una investigación deja de afectar solamente a personas desconocidas y comienza a tocar intereses económicos o institucionales?
¿Quién protege al investigador?
¿Quién controla al organismo que controla?
¿Quién investiga al investigador cuando este denuncia que está siendo presionado?
Y hay una pregunta todavía más difícil:
¿Qué ocurre cuando quien debería garantizar que una investigación avance es parte de la estructura que la investigación está tratando de revisar?
No estamos afirmando que eso haya ocurrido en todos los casos.
Pero tampoco sería serio ignorar que en el caso Gutiérrez la propia Corte Interamericana estableció que existieron agentes estatales involucrados en su ejecución y que también hubo obstáculos y graves deficiencias en la investigación posterior.
Ese dato modifica la manera en que debe analizarse toda la historia.
Porque demuestra que, al menos en ese caso concreto, el problema no estuvo solamente afuera del Estado.
También alcanzó a sectores del propio aparato estatal.
EL SILENCIO COMO PROBLEMA INSTITUCIONAL
Hay una diferencia enorme entre guardar silencio porque no se sabe algo y guardar silencio porque existe una razón para no hablar.
La primera situación puede ser simplemente desconocimiento.
La segunda requiere otra explicación.
Y durante los años noventa hubo investigaciones en las que aparecieron amenazas, irregularidades, testimonios contradictorios y personas que terminaron apartadas de determinados procesos.
En el caso Gutiérrez, la Corte Interamericana documentó obstáculos para la investigación y amenazas a testigos.
También señaló graves irregularidades y omisiones en la investigación.
Eso no significa que todos los funcionarios hayan actuado de la misma manera.
Significa que hubo situaciones concretas que el Estado argentino terminó reconociendo ante un tribunal internacional.
Y eso es suficiente para formular una pregunta que trasciende un expediente:
¿Cuánto miedo puede soportar una institución antes de que el miedo termine afectando su capacidad de investigar?
LOS QUE HABLARON Y LOS QUE NO PUDIERON HABLAR
Hay otra cuestión que también merece atención.
Cuando una persona muere, muchas veces la investigación se concentra en establecer quién fue responsable.
Pero cuando una persona estaba investigando algo importante, existe una segunda pregunta:
¿Qué información se perdió con esa persona?
En el caso de Echegoyen, su familia sostuvo que estaba dispuesto a hablar y que tenía cosas que quería hacer públicas.
Nunca podremos saber con absoluta certeza qué habría dicho si hubiera tenido la oportunidad.
Y justamente por eso no corresponde llenar ese vacío con una teoría.
Pero sí corresponde reconocer que ese vacío existe.
Lo mismo sucede con cualquier investigador que muere antes de prestar declaración.
La información que tenía desaparece con él.
Y a partir de ese momento la investigación depende de documentos, testimonios de terceros y reconstrucciones posteriores.
Por eso cada muerte vinculada temporalmente con una investigación debe ser analizada con cuidado.
No para establecer una relación automática.
Sino para determinar qué estaba investigando esa persona, qué información manejaba, qué había declarado previamente, qué debía declarar después y qué ocurrió con esa investigación una vez que esa persona dejó de estar disponible.
LA IMPORTANCIA DE LAS FECHAS
En una historia como esta, las fechas no son un detalle.
Porque una investigación puede cambiar completamente cuando se coloca cada acontecimiento en orden cronológico.
Primero ocurre una denuncia.
Después aparece una investigación.
Luego un funcionario renuncia.
Después aparece una amenaza.
Más tarde ocurre una muerte.
Y finalmente una causa judicial cambia de dirección.
Cada uno de esos acontecimientos, tomado por separado, puede parecer simplemente un hecho aislado.
Pero cuando se construye una cronología, aparecen preguntas.
No necesariamente respuestas.
Por eso es importante saber exactamente cuándo comenzó una investigación.
Cuándo fue presentada una denuncia.
Cuándo declaró una persona.
Cuándo ocurrió una muerte.
Cuándo apareció una determinada pericia.
Cuándo cambió una hipótesis judicial.
Y cuándo una causa quedó archivada, fue cerrada o continuó durante años.
La cronología no acusa a nadie.
La cronología simplemente ordena los hechos.
Y cuando los hechos están ordenados, cada lector puede sacar sus propias conclusiones.
LO QUE ESTÁ PROBADO Y LO QUE NO
Ese debería ser el límite de cualquier reconstrucción histórica.
Hay cosas que están documentadas.
Hay otras que fueron denunciadas.
Hay otras que fueron investigadas.
Hay otras que fueron descartadas judicialmente.
Hay otras que nunca llegaron a comprobarse.
Y también existen hechos sobre los cuales todavía quedan dudas.
Mezclar todas esas categorías sería un error.
Por eso, cuando se habla de Echegoyen, hay que distinguir entre lo que dijo su familia y lo que posteriormente establecieron determinadas pericias.
Cuando se habla de Gutiérrez, hay que distinguir entre las hipótesis que circularon durante años y aquello que finalmente estableció la Corte Interamericana.
Cuando se habla de Piazza, hay que diferenciar los datos sobre su muerte de cualquier hipótesis sobre los motivos que podrían haber existido detrás de ella.
Y cuando se habla de otros casos vinculados directa o indirectamente con la Aduana paralela, hay que hacer exactamente lo mismo.
Porque solamente de esa manera se puede reconstruir una época sin convertir cada episodio en parte de una misma historia.
Quizás el verdadero problema de la Aduana paralela no sea solamente saber cuánto dinero se movió.
Ni siquiera sea solamente saber cuántas operaciones ilegales pudieron realizarse.
Quizás una de las preguntas más importantes sea saber cuánto pudo haber quedado sin investigar.
Porque una institución puede detectar cientos de irregularidades.
Puede abrir investigaciones.
Puede realizar allanamientos.
Puede llevar personas ante la Justicia.
Pero si después una parte de esas investigaciones se pierde, se demora, se fragmenta o queda sin una respuesta definitiva, la historia queda incompleta.
Y una historia incompleta no significa necesariamente que exista una conspiración.
Significa que todavía hay preguntas.
Y esas preguntas merecen ser formuladas.
Hoy, más de treinta años después de aquellos acontecimientos, una nueva generación probablemente conozca muy poco de todo esto.
Para muchos, la década del noventa es simplemente una etapa de la historia argentina.
Una época de convertibilidad.
De grandes transformaciones económicas.
De una Argentina que parecía ingresar definitivamente en otra etapa.
Pero debajo de esa imagen existía otra realidad.
Había investigaciones sobre corrupción.
Había denuncias sobre contrabando.
Había organismos estatales atravesados por disputas internas.
Había funcionarios que investigaban.
Había empresarios que aparecían en expedientes.
Había fuerzas de seguridad involucradas en distintos procesos.
Había comisiones parlamentarias.
Y había familias que esperaban respuestas.
Otras recibieron respuestas parciales.
Por eso volver sobre la Aduana paralela no significa vivir en el pasado.
Significa intentar entender una parte de la historia argentina que durante años quedó fragmentada en expedientes, diarios, declaraciones y recuerdos familiares.
Y quizás también significa preguntarnos algo mucho más actual:
¿Qué aprendió el Estado argentino de aquella experiencia?
¿Qué mecanismos cambiaron?
¿Qué controles se fortalecieron?
¿Qué controles continuaron siendo vulnerables?
¿Qué ocurrió con las personas que denunciaron?
¿Qué ocurrió con las investigaciones que quedaron inconclusas?
¿Cuánto de aquella historia realmente quedó esclarecido?
No todas las preguntas tienen una respuesta.
Y reconocerlo también forma parte del trabajo periodístico.
Porque una investigación seria no necesita llenar todos los espacios vacíos.
A veces tiene que hacer exactamente lo contrario:
La historia acepta las dudas.
