TRANSPORTE PÚBLICO: LA RESPONSABILIDAD MUNICIPAL FRENTE AL COLAPSO DEL SERVICIO
El escenario del transporte de pasajeros en nuestra ciudad ha dejado de ser un simple problema de caja empresarial para convertirse en una crisis de gestión pública. Ante la asfixia financiera que atraviesan las operadoras del sector —debido al desfasaje entre el costo operativo real y el valor del boleto—, emerge una pregunta central: ¿Dónde está el Estado Municipal para garantizar un derecho básico de la comunidad?
La gestión como garante del servicio
Es fundamental entender que el transporte público es una concesión del Estado. Por lo tanto, el municipio tiene la obligación legal y política de arbitrar los medios necesarios para que el servicio no se interrumpa. No se trata de "defender a una empresa", sino de exigir que el gobierno local utilice todas sus herramientas legales, presupuestarias y de gestión para destrabar el conflicto. La parálisis actual no solo afecta la economía de las prestatarias, sino que pone en riesgo la seguridad y el traslado diario de miles de vecinos.
El Boleto Estudiantil: Una promesa en el aire
Uno de los puntos más sensibles de este conflicto es el Boleto Estudiantil Gratuito. Lo que en campaña se presentó como una continuidad garantizada, hoy se encuentra en un limbo que perjudica directamente a las familias de menores recursos. El municipio no puede desentenderse de esta situación alegando la crisis nacional; su responsabilidad es gestionar los recursos o implementar los subsidios locales necesarios para que ningún estudiante de barrios alejados, como Las Flores, El Palmar o los complejos de Invico, tenga que caminar kilómetros por falta de transporte.
Inversión y control: La tarea pendiente
Para que una plaza sea atractiva y el servicio sea eficiente, el municipio debe garantizar condiciones de previsibilidad. Ninguna mejora en la frecuencia ni renovación de unidades será posible si el gobierno local no asume su rol activo en la mesa de negociaciones. La falta de respuesta ante los recorridos incumplidos por empresas como T.I.G y Minibús evidencia una preocupante falta de control sobre las concesiones que el propio municipio otorga.
El transporte público no se sostiene solo con reclamos ni con promesas de campaña; se sostiene con gestión y dinero. Si la empresa está ahogada financieramente por un contexto que la supera, es deber del municipio intervenir de manera inmediata para evitar el cese de actividades. La comunidad merece un gobierno que pase de la retórica a la acción, asegurando que el transporte público cumpla con su función social y no se convierta en un privilegio para pocos.
