Un procedimiento de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Misiones culminó con la detención de tres jóvenes de 25 años, sospechados de integrar una organización dedicada a la comercialización y distribución de cocaína y marihuana bajo la modalidad conocida como “narcodelivery”.
El operativo se realizó el sábado 10 de octubre en una vivienda alquilada del barrio Rocamora, en Posadas, en inmediaciones del cementerio La Piedad. La investigación había demandado al menos dos semanas de seguimiento sobre los sospechosos.
Un inmueble utilizado para fraccionar y distribuir estupefacientes
De acuerdo con la investigación, la propiedad ubicada en la intersección de las avenidas Martín Fierro y Tomás Guido habría funcionado como centro de fraccionamiento y distribución de las sustancias.
Los investigadores sospechan que los estupefacientes eran trasladados hacia distintos puntos de la ciudad mediante un automóvil y dos motocicletas.
Con una orden de allanamiento autorizada por el Juzgado Federal de Posadas, los efectivos ingresaron al inmueble y concretaron las detenciones con apoyo de personal de la Dirección Infantería.
La cantidad de droga y los elementos secuestrados
Durante la requisa, la Policía secuestró 14 kilogramos de cogollos de cannabis y 425 gramos de cocaína, incluido un paquete que todavía no había sido fraccionado. El valor estimado de las sustancias incautadas fue calculado en 63 millones de pesos.
Además, los efectivos encontraron 2,7 millones de pesos en efectivo, cinco balanzas digitales y seis teléfonos celulares.
El procedimiento también permitió incautar un Volkswagen Voyage negro, una motocicleta Honda CG-150, otra Keller 110 y una pistola de aire comprimido.
Uno de los detenidos es hijo de un director policial
Entre los tres jóvenes detenidos se encuentra el hijo de un director de la Policía de Misiones, un comisario mayor de 52 años. Otro de los sospechosos sería su yerno, según la información difundida sobre el caso.
Los tres quedaron a disposición de la Justicia Federal de Posadas, que deberá determinar las responsabilidades individuales a partir de las pruebas incorporadas al expediente.
La investigación continúa para esclarecer el funcionamiento de la presunta organización y establecer el alcance de las actividades investigadas.
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