Hay frases que el tiempo convierte en documentos.
Y hay otras que, cuando uno vuelve a leerlas muchos años después, adquieren un significado completamente diferente.
En 1991, Carlos Saúl Menem hablaba ante la Asamblea Legislativa y se refería a la corrupción.
Decía:
“Sigo pensando que en cada corrupto se identifica un traidor a la patria.”
Y no se quedaba solamente con esa frase.
Agregaba:
“El único pacto que se puede establecer con un corrupto es la condena.”
También aseguraba que se había terminado definitivamente la impunidad en la Argentina.
Las palabras quedaron registradas en un documento oficial del Congreso de la Nación.
El problema es que la historia posterior también quedó registrada.
Y algunos de esos documentos terminaron formando parte de una de las causas judiciales más extensas y controvertidas de la Argentina contemporánea: el contrabando de armas a Croacia y Ecuador.
Las armas que iban a Panamá y Venezuela
Entre 1991 y 1995, el gobierno de Menem firmó tres decretos secretos que autorizaban exportaciones de armamento con destino declarado a Panamá y Venezuela.
Pero las armas no terminaron allí.
Una parte importante fue enviada a Croacia, mientras que otra terminó en Ecuador.
El detalle no es menor.
Croacia se encontraba involucrada en las guerras derivadas de la disolución de Yugoslavia y sobre la región pesaba un embargo internacional de armas.
Y en 1995 Ecuador estaba enfrentado militarmente con Perú, mientras la Argentina tenía un papel de garante del tratado de paz entre ambos países.
Los documentos oficiales indicaban un destino.
Las armas terminaron en otro.
La investigación judicial estableció que hubo siete embarques marítimos hacia Croacia y tres envíos aéreos hacia Ecuador, con aproximadamente 6.000 toneladas de material bélico involucradas.
Los decretos estaban firmados por el propio presidente de la Nación y por ministros de su gobierno.
Y entonces aparece una pregunta bastante sencilla:
¿Quién podía desconocer una operación semejante?
No eran unos pocos fusiles escondidos en el baúl de un automóvil
La magnitud de la operación es importante para entender la historia.
No estamos hablando de un funcionario que, por su cuenta, decidió sacar clandestinamente algunas armas.
Estamos hablando de decretos presidenciales, organismos estatales, Fabricaciones Militares, controles aduaneros, embarques, documentación oficial, intermediarios y operaciones internacionales.
La investigación reunió cientos de testimonios y documentación sobre la maniobra.
Y el expediente llegó a involucrar, entre otros, al exministro de Defensa Oscar Camilión, al interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga y al traficante de armas Diego Palleros.
En 2011, después de años de investigación y un juicio oral que había durado tres años, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N.º 3 absolvió a los 18 acusados.
Pero la historia judicial no terminó allí.
En 2013, la Cámara Federal de Casación Penal revocó parcialmente aquellas absoluciones y condenó a Menem, Camilión, Sarlenga, Palleros y otros acusados por contrabando agravado.
En el caso de Menem, la pena fue de siete años de prisión.
Sí.
El mismo Carlos Menem que en 1991 había dicho que en cada corrupto se identificaba un traidor a la patria terminó siendo condenado por contrabando agravado en una causa relacionada con la venta ilegal de armas.
La frase y la condena pertenecen a momentos diferentes.
Pero pertenecen al mismo personaje.
Y después vino otra vuelta judicial
La historia tampoco terminó con aquella condena.
En 2017, la condena contra Menem fue confirmada.
Pero en 2018 la Cámara Federal de Casación Penal terminó absolviéndolo por considerar vulnerada la garantía del plazo razonable, teniendo en cuenta la extraordinaria duración del proceso.
Es decir:
Menem fue condenado.
La condena fue confirmada.
Y posteriormente fue absuelto por razones vinculadas con la duración del proceso.
No es lo mismo decir que nunca fue condenado.
Tampoco es correcto afirmar que un tribunal estableció que la operación de armas nunca existió.
La propia causa judicial tuvo por acreditados los hechos materiales de las exportaciones irregulares; lo que atravesó distintas instancias fue la responsabilidad penal de los acusados y, en el caso de Menem, finalmente prevaleció el argumento del plazo razonable.
Y ahí aparece otra pregunta:
¿Qué significa una condena que llega después de tantos años y termina sin una pena efectiva porque el proceso excedió el plazo razonable?
No hace falta responderla desde una posición partidaria.
La pregunta es jurídica.
Y también es política.
Y entonces aparece Río Tercero
Porque esta historia todavía no termina.
El 3 de noviembre de 1995, mientras la investigación por las armas comenzaba a avanzar, explotó la Fábrica Militar de Río Tercero.
Durante años se sostuvo que había sido un accidente.
Después, la investigación estableció que la explosión había sido provocada deliberadamente.
La Justicia terminó condenando a cuatro militares por el estrago doloso.
La hipótesis judicial sobre el móvil fue que la voladura tuvo como objetivo ocultar el faltante de armamento relacionado con las operaciones ilegales.
Y ahí las dos historias empiezan a encontrarse:
armas enviadas clandestinamente → faltante de material → Río Tercero → destrucción de evidencias.
Pero todavía faltaba algo.
O, mejor dicho, alguien.
Los muertos que quedaron en el camino
Cuando uno reconstruye la historia del contrabando de armas y Río Tercero aparecen varias muertes que merecen ser mencionadas.
No porque exista una sentencia judicial que establezca que todas fueron asesinatos.
No la existe.
Y sería irresponsable afirmar algo semejante.
Pero tampoco tiene sentido esconder que varias personas relacionadas con la investigación murieron en circunstancias que, en su momento, generaron preguntas.
El 8 de octubre de 1996 cayó un helicóptero del Ejército en el Campo Argentino de Polo.
Murieron, entre otros, el general Juan Carlos Andreoli, exinterventor de Fabricaciones Militares, y el coronel Rodolfo Aguilar, exagregado militar argentino en Lima.
Aguilar había transmitido información a sus superiores sobre los envíos de armas a Ecuador.
Andreoli había ocupado cargos centrales en la estructura de Fabricaciones Militares y estaba relacionado con Río Tercero.
La investigación judicial terminó archivando el episodio como accidente, aunque durante años hubo sospechas y pedidos para revisar las circunstancias del hecho.
Después apareció otro nombre:
Horacio Estrada.
El 25 de agosto de 1998 fue encontrado muerto en su departamento.
Había sido indagado por el juez Jorge Urso en la causa de las armas y había reconocido su participación en determinadas operaciones.
La investigación lo consideró un suicidio.
Pero las circunstancias de su muerte generaron dudas y fueron objeto de discusión pública.
Después murió Carlos Alonso, exjefe de verificación de embarques de armas y explosivos de la Aduana.
Murió de un infarto en septiembre de 1998.
Y antes había muerto Vicente Bruzza, técnico de la Fábrica Militar de Río Tercero y uno de los denunciantes de las irregularidades investigadas.
Murió de un infarto en 1997.
Y finalmente, años después, aparece otro nombre que merece una historia propia:
Lourdes Di Natale.
Exsecretaria de Emir Yoma y testigo importante de la causa de las armas.
Murió en 2003 después de caer desde el balcón de su departamento.
Su muerte fue investigada bajo distintas hipótesis y la Corte Suprema terminó ordenando la reapertura de la investigación.
Di Natale no es un detalle menor.
Porque su historia conecta directamente con el núcleo político de la causa.
Y por eso va a tener una editorial propia.
Y en el medio murió el hijo del presidente
Hay otra historia que tampoco puede ignorarse.
El 15 de marzo de 1995, antes de la explosión de Río Tercero, murió Carlos Menem Jr. cuando cayó el helicóptero que piloteaba cerca de Ramallo. También murió el piloto automovilístico Silvio Oltra.
La Justicia investigó el episodio como accidente y la causa fue archivada.
Pero durante años persistieron hipótesis de atentado.
La propia familia sostuvo públicamente esa posibilidad.
Y el propio Carlos Menem llegó a afirmar públicamente en 1999 que la muerte de su hijo había sido consecuencia de un atentado y que había observado signos de bala en el fuselaje.
También existieron versiones sobre una supuesta relación con la política exterior de Menem y con conflictos vinculados con Medio Oriente.
Pero una cosa es registrar esas hipótesis y otra muy diferente es presentarlas como hechos probados.
Por eso esa historia merece una investigación separada.
Y también tendrá su propia editorial.
Una frase que terminó persiguiendo a su propio autor
Volvamos entonces al principio.
Carlos Menem frente al Congreso:
“Sigo pensando que en cada corrupto se identifica un traidor a la patria.”
Y también:
“El único pacto que se puede establecer con un corrupto es la condena.”
Cuatro años después, durante su presidencia, Argentina había enviado miles de toneladas de armamento a destinos diferentes de los que figuraban en los decretos.
La Justicia investigó.
Hubo absoluciones.
Hubo condenas.
Hubo confirmaciones.
Hubo recursos.
Hubo una nueva absolución.
Y pasaron más de dos décadas.
Mientras tanto, algunas personas relacionadas con distintos aspectos de la investigación murieron.
Unas en accidentes.
Otras por enfermedades o episodios cardíacos.
Una muerte fue investigada como suicidio.
Otra quedó rodeada durante años por dudas que llevaron a la reapertura judicial.
Y Río Tercero terminó convertido en una de las tragedias más graves de aquella historia.
Entonces aparece la pregunta que probablemente sea la más incómoda de todas:
¿Cuánto puede tardar la Justicia en llegar a la verdad antes de que la verdad termine enterrada debajo de los años, los expedientes, las apelaciones y las muertes de quienes podían contarla?
Porque quizá la ironía más grande no esté en que un presidente haya pronunciado una frase sobre corrupción.
La ironía está en que esa frase haya quedado archivada junto con una de las causas de corrupción y contrabando más prolongadas de la historia argentina.
Y eso sí está documentado.
Lo demás hay que investigarlo.
Lo que viene
Esta historia no termina acá.
Durante esta semana vamos a reconstruir dos capítulos que forman parte de este mismo entramado.
Uno estará dedicado a Lourdes Di Natale: quién era, qué sabía, qué declaró, qué relación tuvo con la causa de las armas y qué ocurrió con la investigación de su muerte.
Y otro estará dedicado a Carlos Menem Jr., su muerte, las distintas hipótesis que surgieron alrededor de aquel episodio y las advertencias que fueron conocidas posteriormente.
Porque cuando una historia tiene demasiadas coincidencias, no alcanza con repetirlas.
Hay que investigarlas.
Y cuando existen documentos, condenas, absoluciones, testimonios y expedientes, tampoco alcanza con elegir solamente los que sirven para confirmar una opinión.
Hay que ponerlos todos sobre la mesa.
Después, que cada lector saque sus propias conclusiones.
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