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Un hombre resultó herido con un cuchillo durante una pelea registrada en Tres Isletas, provincia del Chaco.
El presunto agresor fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.
La causa busca determinar la secuencia del enfrentamiento y las circunstancias que derivaron en la agresión.
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Una mujer que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria por una causa relacionada con drogas fue detenida durante un nuevo procedimiento policial.
Los investigadores secuestraron sustancias que serían cocaína y marihuana.
El nuevo episodio será puesto en conocimiento de la Justicia, que deberá determinar las medidas correspondientes.
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La Policía de Corrientes investiga una serie de robos bajo la modalidad de arrebato registrados en distintos sectores de la capital provincial.
Las denuncias tienen como principales víctimas a mujeres y presentan características similares.
Los investigadores trabajan sobre registros de cámaras y otros elementos para establecer si los hechos fueron cometidos por las mismas personas.
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Una investigación iniciada por el robo de una cartera permitió recuperar distintos elementos y detener a un hombre de 48 años en Paso de los Libres.
El procedimiento se inició luego de analizar cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió la sustracción.
Los elementos recuperados fueron encontrados en un terreno baldío ubicado en inmediaciones de Sarmiento y Pasaje Roca.
Entre lo secuestrado había un teléfono celular, una cartera, una billetera y documentación personal.
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El 21 de septiembre de 2003, Cristian Eduardo Schaerer tenía 21 años y regresaba a su casa en la ciudad de Corrientes. Alrededor de las 23.30, cuando ingresaba al garaje de su vivienda del barrio Las Tejas, fue interceptado por cuatro hombres armados que circulaban en un Fiat Duna.
Lo obligaron a subir al vehículo. Pocos minutos después cambiaron de automóvil y continuaron el traslado en un Chevrolet Corsa.
Desde entonces, Cristian nunca volvió a aparecer.
Han pasado 23 años desde aquel secuestro y el caso Schaerer permanece como una de las investigaciones criminales más complejas y prolongadas de la historia reciente de Corrientes. Hubo condenas, absoluciones que posteriormente fueron revocadas, investigaciones sobre un ex policía federal, distintos lugares de cautiverio, movimientos internacionales, prófugos durante más de una década y hasta un tercer juicio oral realizado veinte años después del secuestro.
Pero hay una pregunta que ninguna de esas instancias judiciales consiguió responder:
¿Dónde está Cristian Schaerer?
La reconstrucción judicial estableció que Cristian fue llevado inicialmente hacia el interior de Corrientes.
Después del cambio de vehículo, los secuestradores se dirigieron hacia la Ruta Nacional 12 y luego tomaron la Ruta Nacional 118. El joven permaneció cautivo en un primer lugar situado en la zona de Saladas.
El 24 de septiembre de 2003 comenzó una nueva etapa del cautiverio.
Cristian fue trasladado hacia Paso de los Libres.
Y es precisamente en esta ciudad fronteriza donde la causa adquiere una importancia particular para entender cómo funcionó la organización.
Cristian fue llevado a una chacra perteneciente a Raúl Nemesio “Caniche” Salgán.
La ubicación no es una referencia periodística aproximada. Surge de las actuaciones judiciales: la propiedad estaba situada en la intersección de la calle Ernesto Montiel y la Ruta Nacional 117, en la ciudad de Paso de los Libres.
La resolución de la Cámara Federal de Casación Penal reconstruyó expresamente que la chacra fue utilizada para la retención y ocultamiento de Cristian durante ese período.
Según la reconstrucción judicial, permaneció allí aproximadamente desde la madrugada del 24 de septiembre hasta el 7 de octubre de 2003.
Ese dato tiene especial importancia porque permite ubicar físicamente una parte concreta de la historia que durante años estuvo rodeada de versiones, testimonios y reconstrucciones.
No se trataba simplemente de un punto perdido en algún lugar de Paso de los Libres.
Era una propiedad perfectamente identificada judicialmente: Ernesto Montiel y Ruta Nacional 117.
Desde allí, Cristian fue trasladado a un segundo lugar de cautiverio en la zona rural.
El siguiente destino fue una chacra perteneciente a Miguel Ángel Carbonell, ubicada en la Quinta Sección, paraje Ombucito, en la zona rural de Paso de los Libres.
Las actuaciones judiciales establecieron que ese lugar estaba aproximadamente a diez kilómetros de la ciudad. Allí se acondicionó un nuevo sitio de cautiverio para continuar manteniendo retenido al joven.
En 2023, veinte años después del secuestro, Carbonell enfrentó finalmente un juicio oral.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes lo condenó a 13 años de prisión como partícipe necesario del secuestro extorsivo agravado.
La Justicia consideró acreditado que era propietario del lugar y que había facilitado el tercer sitio donde Cristian permaneció cautivo. Según la reconstrucción judicial, estuvo allí aproximadamente entre el 7 y el 17 de octubre de 2003, antes de ser trasladado hacia Brasil.
El dato vuelve a mostrar la dimensión territorial del secuestro: Cristian pasó por distintos lugares de Corrientes antes de ser llevado hacia la frontera.
Después del paso por Ombucito, Cristian fue trasladado hacia Brasil.
La frontera entre Paso de los Libres y Uruguayana se convirtió entonces en otro punto decisivo de la investigación.
La víctima fue sacada clandestinamente del país y llevada a Uruguayana, donde continuó el cautiverio.
Ese traslado internacional es uno de los elementos que explican la enorme complejidad posterior de la causa.
Ya no se trataba únicamente de un secuestro ocurrido en Corrientes.
La investigación debía seguir una organización que operaba en distintos puntos de Argentina, Paraguay y Brasil, y cuyos principales referentes terminarían vinculados posteriormente con otros hechos criminales en distintos países.
Desde los primeros momentos del secuestro, los captores comenzaron a comunicarse con la familia.
La exigencia inicial fue de 5 millones de dólares.
Finalmente, después de semanas de negociaciones, el 6 de noviembre de 2003, la madre de Cristian, Pompeya Gómez, viajó a Ciudad del Este, Paraguay, y entregó aproximadamente 277.300 dólares como rescate.
La cifra es importante porque durante años algunas reconstrucciones periodísticas simplificaron el episodio hablando de un rescate millonario.
Pero una cosa fue el monto exigido y otra muy diferente el dinero efectivamente entregado.
La familia pagó aproximadamente 277.300 dólares.
Y aun así Cristian no fue liberado.
Ese es uno de los elementos más dramáticos de la causa.
El objetivo declarado de la extorsión era obtener dinero a cambio de la liberación del joven.
El dinero fue entregado.
Pero la liberación nunca ocurrió.
Juan Pedro “Vasco” Schaerer no era un desconocido en la política correntina.
Había sido secretario privado de Raúl “Tato” Romero Feris y posteriormente ocupó el cargo de ministro de Salud durante la gestión de Pedro Braillard Poccard.
Al momento del secuestro de su hijo, se encontraba viviendo en Paraguay y tenía asuntos judiciales pendientes en Argentina.
Ese contexto formó parte inevitable de las especulaciones que rodearon el caso desde sus primeros días.
Sin embargo, una cosa es el contexto político y judicial que rodeaba al padre y otra muy diferente afirmar que el secuestro tuvo una motivación política.
Esa relación causal nunca quedó establecida judicialmente.
Por eso, después de 23 años, el contexto debe ser mencionado como parte de la historia, pero no convertido en una explicación que la investigación judicial no logró demostrar.
La investigación permitió identificar a distintos integrantes de la organización.
El primer juicio oral terminó entre 2006 y 2007.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a:
Pedro Ángel Barbieri: 25 años de prisión.
Néstor Horacio Barczuk: 25 años.
Judith Alvarenga: 8 años.
La Justicia consideró acreditada su participación en el secuestro extorsivo.
Pero aquel juicio no cerró la causa.
Por el contrario, dejó expuesta la existencia de una estructura mucho más amplia.
En agosto de 2009 llegó un segundo juicio oral.
Esta vez los condenados fueron:
Raúl Nemesio “Caniche” Salgán: 25 años.
Cristian Ramón Carro Córdoba: 25 años.
Gonzalo Adrián “Paragüita” Acosta: 16 años.
Claudio Sebastián Cornelli Belén: 12 años.
En ese mismo proceso fueron absueltos:
Miguel Ángel Ramírez, ex policía federal.
María Esther Sudo.
Sergio Gustavo Salgán.
Oscar Antonio Salgán.
Jorge Gabriel Sudo.
La sentencia de 2009, sin embargo, no sería la última palabra judicial sobre esas absoluciones.
Cuatro años después se produjo uno de los movimientos judiciales más importantes de toda la causa.
La Cámara Federal de Casación Penal revisó las absoluciones y condenó a quienes habían quedado fuera de responsabilidad en el juicio oral.
Las nuevas penas fueron:
Miguel Ángel Ramírez: 18 años.
Sergio Gustavo Salgán: 17 años.
Oscar Antonio Salgán: 17 años.
María Esther Sudo: 17 años.
Jorge Gabriel Sudo: 11 años.
La diferencia entre la sentencia del tribunal oral y la posterior resolución de Casación muestra hasta qué punto el expediente estuvo atravesado por distintas interpretaciones de la prueba.
La historia de Miguel Ángel Ramírez merece un capítulo aparte.
Ramírez era ex integrante de la Policía Federal y estaba vinculado a tareas de investigación.
Fue acusado de haber advertido a integrantes de la familia Salgán sobre procedimientos y allanamientos que se realizarían en el marco de la investigación.
La acusación sostenía que esas advertencias habrían permitido mover a Cristian de los lugares donde se encontraba retenido y evitar que los investigadores pudieran encontrarlo.
En el juicio oral de 2009, Ramírez fue absuelto.
Pero la historia judicial no terminó allí.
En 2013, la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa situación y le impuso una pena de 18 años de prisión. En sus fundamentos, la Cámara consideró que su aporte había sido relevante para permitir la continuidad del secuestro y del cautiverio.
La causa Ramírez constituye, por sí sola, uno de los capítulos más complejos del expediente: un ex integrante de la Policía Federal que pasó de ser absuelto en el juicio oral a recibir una condena de 18 años en la instancia de Casación.
Y existe otro elemento que volvió todavía más particular su historia judicial: mientras esa condena todavía atravesaba distintas instancias, Ramírez quedó involucrado en otra causa vinculada al narcotráfico y permaneció detenido por esa investigación.
Así, la historia del ex policía terminó superponiéndose con otro expediente penal, en una situación que durante años generó nuevas actuaciones judiciales.
Algunos de los protagonistas del expediente murieron sin que la desaparición de Cristian quedara esclarecida.
Raúl Nemesio “Caniche” Salgán murió en 2017 mientras cumplía su condena.
Su hijo Sergio Gustavo Salgán, condenado posteriormente a 17 años por Casación, murió en prisión en febrero de 2023.
También murió Miguel Miño, otro de los nombres que apareció vinculado a la investigación.
La muerte de distintos protagonistas tiene una consecuencia inevitable: algunas respuestas que pudieron haber existido dentro del circuito criminal desaparecieron con ellos.
Y ninguna de esas muertes permitió encontrar el cuerpo de Cristian.
En noviembre de 2023, cuando habían transcurrido dos décadas desde el secuestro, la causa volvió a producir una condena.
Miguel Ángel Carbonell recibió 13 años de prisión como partícipe necesario del secuestro extorsivo agravado.
El Tribunal consideró acreditado que había facilitado el lugar del paraje Ombucito donde Cristian fue mantenido cautivo.
Carbonell había llegado al juicio en libertad y fue detenido después del veredicto.
La condena produjo un dato significativo: veinte años después del hecho todavía aparecían nuevas responsabilidades penales vinculadas con la infraestructura utilizada para mantener cautivo al joven.
Pero la historia judicial tampoco terminó con Carbonell.
Desde el comienzo de la investigación, dos nombres aparecieron como figuras centrales de la organización:
Rodolfo José “El Ruso” Lohrmann.
José Horacio “Potrillo” Maidana.
Ambos permanecieron prófugos durante más de 14 años.
Fueron detenidos en Portugal en 2017, cuando integraban una organización dedicada a robos de bancos y vehículos blindados.
En Portugal recibieron una condena de 18 años por esos delitos.
Pero en Argentina no fueron juzgados todavía por el caso Schaerer.
Por eso, la causa continúa teniendo una parte fundamental pendiente.
La situación de Lohrmann volvió a complicarse en 2024.
El hombre se fugó de la prisión portuguesa de Vale de Judeus, donde se encontraba detenido mientras continuaban los procedimientos relacionados con su situación internacional.
En febrero de 2025 fue capturado nuevamente en España, en Alicante.
El episodio volvió a colocar al caso Schaerer en las noticias internacionales.
Pero también mostró algo que se repite desde hace 23 años: cada vez que aparece una novedad sobre Lohrmann, vuelve a aparecer la misma pregunta.
¿Qué sabe realmente sobre el destino de Cristian?
En 2019, Lohrmann hizo llegar desde Portugal una extensa carta manuscrita al periodista Nahuel Gallotta, de Clarín.
Fueron alrededor de 40 páginas.
En ese escrito habló de la causa, de su situación y de lo que consideraba una construcción judicial equivocada.
Afirmó que había personas condenadas que, según él, eran inocentes.
También sostuvo que en un secuestro de esas características necesariamente habían participado pocas personas y cuestionó la reconstrucción realizada por la investigación.
Pero hubo algo que evitó hacer:
no explicó de manera concreta qué ocurrió con Cristian Schaerer.
Tampoco identificó públicamente al supuesto responsable que, según él, había generado parte de la investigación mediante información falsa.
La carta, por lo tanto, tuvo valor periodístico porque permitió conocer directamente la posición de uno de los hombres señalados como integrante central de la organización.
Pero no resolvió el principal interrogante de la causa.
Ese punto sigue abierto.
Si Lohrmann sostiene que varias personas fueron condenadas injustamente, surge una pregunta inevitable:
¿quiénes participaron realmente del secuestro?
Y aparecen otras preguntas todavía más difíciles.
Si existieron personas que fueron condenadas sin haber participado, ¿quiénes fueron entonces los verdaderos responsables?
Si Lohrmann conoce una versión diferente de los hechos, ¿por qué no la explicó completamente?
Si conoce el destino final de Cristian, ¿por qué nunca indicó con precisión dónde buscar?
¿A quién podría estar protegiendo?
¿A quién no está protegiendo?
¿Hay personas que todavía no fueron identificadas?
¿O simplemente existe una parte de la historia que los principales protagonistas nunca estuvieron dispuestos a revelar?
Estas preguntas no pueden transformarse en acusaciones sin pruebas.
Pero tampoco pueden desaparecer del análisis de una causa que, 23 años después, sigue sin responder dónde terminó Cristian.
Hay una secuencia que resulta particularmente difícil de explicar.
Cristian fue secuestrado.
La familia recibió exigencias económicas.
Se pagó el rescate.
Los secuestradores lograron trasladarlo desde Corrientes hasta Paso de los Libres.
Pasaron por distintos lugares de cautiverio.
Cruzaron la frontera hacia Brasil.
Y, después de haber recibido el dinero, Cristian no apareció.
La investigación judicial llegó a la conclusión de que se trató de un secuestro seguido de muerte, aunque nunca apareció el cuerpo.
Pero una conclusión judicial no reemplaza la evidencia física que la familia sigue buscando desde hace 23 años.
La búsqueda de Cristian tuvo numerosos capítulos.
Uno de los más importantes se concentró en la zona del río Uruguay y en el arroyo Imboá, cerca de Uruguayana.
En 2020, Gendarmería realizó un operativo de gran magnitud que incluyó el drenaje de millones de litros de agua para poder revisar el cauce.
El resultado fue negativo.
También se realizaron nuevas búsquedas posteriormente, incluida una investigación en Paraguay.
Ninguna permitió encontrar los restos de Cristian.
La ausencia del cuerpo no significa que no exista una reconstrucción judicial sobre lo sucedido.
Pero sí significa que la familia continúa sin disponer de aquello que, después de una desaparición tan prolongada, constituye una de las respuestas fundamentales:
saber dónde está su hijo.
El caso Schaerer produjo condenas.
Doce personas fueron condenadas en los dos primeros juicios y posteriormente se sumó la condena de Miguel Ángel Carbonell en el tercer juicio.
La Cámara de Casación modificó además algunas absoluciones y estableció nuevas responsabilidades.
Hubo condenados que murieron en prisión.
Hubo un ex policía federal condenado.
Hubo propiedades perfectamente identificadas en Paso de los Libres utilizadas durante el cautiverio.
Hubo un traslado clandestino hacia Brasil.
Hubo un rescate de aproximadamente 277.300 dólares.
Hubo investigaciones en Argentina, Paraguay, Brasil y Europa.
Hubo prófugos durante más de una década.
Hubo capturas.
Hubo una fuga de prisión.
Hubo una nueva captura.
Hubo búsquedas, rastrillajes, testimonios y nuevas hipótesis.
Y, sin embargo, sigue faltando la respuesta más elemental.
¿Dónde está Cristian Eduardo Schaerer?
La historia judicial puede reconstruir buena parte del recorrido del secuestro.
Puede establecer responsabilidades penales.
Puede identificar lugares, vehículos, comunicaciones y movimientos.
Puede determinar quiénes fueron condenados y por qué.
Pero mientras los restos de Cristian no aparezcan y mientras quienes todavía conocen información sobre el tramo final del cautiverio no expliquen qué ocurrió, quedará una parte esencial de la historia sin cerrar.
El 21 de septiembre de 2026 se cumplieron 23 años desde aquella noche.
Veintitrés años después, el caso Schaerer ya no es solamente la historia de un secuestro.
Es también la historia de una investigación que atravesó generaciones, fronteras, tribunales y cárceles.
Y es, sobre todo, la historia de un joven que salió de su casa una noche de septiembre de 2003 y nunca volvió.
Cristian fue secuestrado. El rescate fue pagado. Hubo condenas. Hubo responsables identificados.
Pero todavía falta encontrarlo.
Y mientras eso no ocurra, la causa Schaerer seguirá teniendo una pregunta pendiente que ninguna sentencia consiguió responder.
Hay personajes políticos que construyen su identidad alrededor de una palabra.
En el caso de Manuel Adorni, esa palabra fue durante mucho tiempo honestidad.
Honestidad, transparencia, austeridad, lucha contra la corrupción, contra los privilegios y contra esa famosa “casta” que, según el discurso del Gobierno al que perteneció, había convertido al Estado en un lugar donde algunos pocos vivían de los demás.
Adorni fue uno de los principales voceros de ese discurso.
Y quizás por eso mismo, cuando las preguntas comenzaron a llegar a su propia mesa, el contraste terminó siendo mucho más grande.
Porque esta historia no comenzó con una fiscalía revisando arbitrariamente la vida privada de un funcionario.
Comenzó con los viajes.
Un viaje privado a Punta del Este junto a su familia comenzó a generar preguntas sobre quién había pagado el traslado. La Justicia pidió información y, posteriormente, la causa patrimonial empezó a tomar una dimensión mucho mayor.
Después aparecieron otras cuestiones.
Propiedades.
Préstamos.
Declaraciones juradas.
Gastos.
Viajes.
Una casa en Indio Cuá.
Un departamento en Caballito.
Y una investigación judicial que terminó preguntando concretamente de dónde había salido el dinero utilizado para sostener semejante evolución patrimonial.
No fue, entonces, que una mañana alguien se despertó y decidió investigar a Manuel Adorni porque sí.
Hubo hechos públicos que generaron preguntas.
Y esas preguntas terminaron llegando a la Justicia.
Pero hay una parte de esta historia que merece detenerse especialmente.
Porque cuando hablamos de los préstamos que aparecen en la investigación, no estamos hablando solamente de “me prestaron unos dólares”.
Estamos hablando de US$200.000.
Doscientos mil dólares.
El departamento de Caballito fue escriturado por US$230.000. Adorni pagó inicialmente US$30.000 y los otros US$200.000 quedaron financiados mediante una hipoteca sobre la propia propiedad, sin intereses y con un plazo para cancelar la deuda.
¿Quiénes aparecen como acreedoras?
Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64.
Dos mujeres que, según consta en la operación, eran las propietarias del inmueble y quedaron como acreedoras de US$100.000 cada una.
Y acá es donde uno tiene derecho, por lo menos, a levantar una ceja.
Porque no estamos hablando de un conocido que te presta veinte mil pesos hasta el viernes.
No estamos hablando de un amigo que te alcanza unos dólares para pagar una cuota.
Estamos hablando de doscientos mil dólares.
Y, además, de un préstamo sin intereses.
Y acá no se trata de decir que dos jubiladas no puedan tener dinero.
Por supuesto que pueden.
De hecho, durante la investigación una de ellas explicó que tenía fondos provenientes de operaciones inmobiliarias anteriores.
El punto es otro.
La operación es extraordinariamente particular y, por eso mismo, merece ser explicada.
Porque cuando una persona compra un inmueble de US$230.000, pone solamente US$30.000 y consigue que las propietarias le financien los otros US$200.000 sin intereses, durante meses, la pregunta periodística no es absurda.
La pregunta es:
¿Cómo se llegó a semejante acuerdo?
Y la Justicia justamente investigó eso.
Incluso las propias declaraciones incorporadas al expediente mostraron que la operatoria no fue tan sencilla como podría parecer a primera vista. Las jubiladas señalaron que uno de los hijos intervino en la operación, y posteriormente Pablo Martín Feijoo declaró que había acordado con Adorni un pago adicional de US$65.000 por fuera de la escritura, argumento que ahora deberá ser cotejado judicialmente.
Y ahí aparece nuevamente la palabra que parece perseguir toda esta historia:
explicar.
Porque cuando aparecen cifras de esta magnitud, acuerdos particulares y operaciones poco habituales, la sociedad tiene derecho a preguntar.
No porque ser jubilada impida tener dólares.
No porque prestar dinero sea ilegal.
No porque una operación inmobiliaria particular sea automáticamente sospechosa.
Sino porque US$200.000 no son veinte mil pesos.
Y pretender que la sociedad mire semejante operación y simplemente diga “bueno, debe ser normal” sería subestimar bastante la inteligencia de la gente.
Los argentinos podrán tener muchos problemas.
Pero tontos no somos.
Y acá es donde esta historia adquiere un componente casi surrealista.
Porque después de meses de preguntas sobre el patrimonio, la respuesta de Adorni llega en forma de una presentación judicial de 78 páginas.
La explicación central de su defensa es que una parte sustancial del dinero que permite justificar su patrimonio proviene de operaciones realizadas con Bitcoin antes de su ingreso a la función pública.
Según el escrito presentado ante la Justicia, esas operaciones habrían generado US$591.544,61, distribuidos en ocho billeteras virtuales. La defensa sostiene que esos fondos fueron obtenidos antes de 2023 y que parte del dinero terminó siendo conservado en efectivo.
Ocho billeteras.
Casi seiscientos mil dólares.
Efectivo.
Operaciones realizadas años atrás.
Y ahora, como si fuera necesario agregarle una capa más a la historia, aparecen también los pendrives de nuestra imaginación.
Porque si uno escucha todo esto sin conocer el expediente, podría pensar que estamos hablando de una película.
Pero no.
Estamos hablando de un exfuncionario que durante años se presentó públicamente como representante de una nueva forma de hacer política y que ahora tiene que explicar ante la Justicia el origen de una parte de su patrimonio.
Y cuidado.
Comprar Bitcoin no es un delito.
Tener dólares tampoco.
Tener ahorros tampoco.
Y si efectivamente ese dinero fue obtenido antes de ingresar al Estado y puede demostrarse documentalmente, eso deberá ser considerado por la Justicia.
Pero justamente ahí está el problema.
Hay que demostrarlo.
Porque una cosa es decir que el dinero existía.
Y otra muy diferente es demostrar de manera verificable cómo se obtuvo, cuándo se obtuvo, quién lo tuvo y cómo llegó a convertirse en el patrimonio que hoy se intenta justificar.
La Justicia tendrá que determinarlo.
Y acá aparece una vieja frase de la política argentina que parece escrita para esta historia.
Carlos Menem decía:
“Cuando alguien va a la mesa de uno y entra a hablar de honestidad, de moral y de ética, cuando se va hay que contar los cubiertos.”
La frase tiene algo de maravilloso.
Y también algo de profundamente irónico.
Porque quien pronunció aquella advertencia sobre la honestidad fue, a su vez, presidente durante una década atravesada por numerosas denuncias, investigaciones y controversias de corrupción.
Es decir que hasta Menem terminó dejándonos una enseñanza involuntaria:
hablar de honestidad no convierte automáticamente a nadie en honesto.
Y eso vale para todos.
Para Menem.
Para Adorni.
Para cualquier político que se siente frente a una cámara y nos explique cuánto más moral es que los anteriores.
Porque la honestidad no se demuestra con discursos.
Se demuestra cuando llegan las preguntas incómodas.
Y especialmente cuando esas preguntas son sobre uno mismo.
Este es el punto que algunos seguramente intentarán deformar.
El problema no es que Manuel Adorni tenga dinero.
Nadie está obligado a ser pobre para ocupar un cargo público.
El problema tampoco es que haya comprado Bitcoin.
Ni que haya tenido dólares.
Ni que haya comprado una propiedad.
El problema es otro.
La coherencia entre el discurso y la explicación patrimonial.
Porque si durante años uno construye una identidad pública basada en la superioridad moral frente a una dirigencia política acusada de corrupción, privilegios y enriquecimiento, entonces es lógico que cuando aparecen preguntas sobre el propio patrimonio esas preguntas sean examinadas con exactamente la misma vara.
No se puede pedir transparencia para los demás y reclamar indulgencia cuando la lupa cambia de dirección.
No se puede utilizar la honestidad como bandera política y después pretender que nadie pregunte qué había detrás de esa bandera.
Y tampoco se puede pedir que la sociedad acepte una explicación simplemente porque la explicación fue pronunciada desde un atril.
La secuencia también merece ser recordada.
Primero fueron los cuestionamientos por los viajes.
Después comenzaron a investigarse las circunstancias alrededor del vuelo privado a Punta del Este.
Luego la causa se amplió hacia el patrimonio.
La Fiscalía pidió información sobre bienes, viajes y movimientos patrimoniales.
La investigación avanzó sobre propiedades y operaciones financieras.
Y finalmente el fiscal Gerardo Pollicita formuló 20 puntos concretos que Adorni debía explicar.
No eran veinte preguntas filosóficas.
Eran preguntas sobre dinero.
Sobre propiedades.
Sobre préstamos.
Sobre gastos.
Sobre operaciones.
Sobre el origen de determinados fondos.
Y ahora llegó la respuesta.
Setenta y ocho páginas.
Dice, básicamente, que buena parte de las dudas pueden explicarse porque Adorni ya tenía dinero antes de ingresar al Gobierno.
Dice que las ganancias provenientes de operaciones con Bitcoin permiten explicar una parte sustancial de los fondos.
Dice que existieron ocho billeteras.
Dice que ese dinero fue convertido posteriormente en dólares.
Dice que parte del dinero fue conservado fuera del sistema bancario.
Y también discute algunos de los cálculos realizados durante la investigación.
Por ejemplo, existe una diferencia importante respecto del costo de las remodelaciones de la propiedad de Indio Cuá: el contratista declaró ante la Justicia una cifra cercana a US$245.000, mientras que la defensa sostiene que fueron US$175.000.
La diferencia es de US$70.000.
Y otra vez aparece la palabra mágica:
explicar.
Porque eso es lo que está ocurriendo ahora.
Explicar.
El hombre que durante tanto tiempo explicó cómo debían comportarse los demás políticos ahora tiene que explicar su propio patrimonio.
El hombre que hablaba de transparencia ahora tiene que presentar documentación.
El hombre que hablaba de privilegios ahora tiene que explicar determinados gastos.
El hombre que hablaba de la vieja política ahora tiene que responder preguntas sobre propiedades, préstamos, viajes y dinero.
Y el hombre que construyó parte de su imagen pública sobre la idea de que ellos eran diferentes ahora tiene que demostrar que efectivamente lo eran.
Eso no significa que sea culpable de un delito.
Significa algo mucho más simple:
que la vara que utilizó para juzgar a los demás también puede ser utilizada para juzgar sus propias explicaciones.
No hace falta.
Para eso está la Justicia.
Si cometió un delito, tendrá que determinarlo un juez.
Si no lo cometió, también tendrá que quedar establecido.
Pero mientras tanto existe algo que sí puede hacer el periodismo:
preguntar.
Preguntar por qué determinadas cuestiones no aparecían antes.
Preguntar por qué ahora aparecen explicaciones que antes no estaban.
Preguntar cómo se construyó el patrimonio.
Preguntar por qué hubo que llegar a una investigación judicial para que aparecieran determinadas precisiones.
Preguntar si las ocho billeteras pueden demostrar efectivamente la historia que la defensa cuenta.
Preguntar cómo se vinculan esas operaciones de hace más de una década con el dinero utilizado posteriormente.
Preguntar cómo se estructuró un préstamo de US$200.000 sin intereses.
Preguntar por qué dos mujeres terminaron financiando el 87% de una operación inmobiliaria.
Preguntar qué significa exactamente el pago adicional de US$65.000 mencionado ante la Justicia y cuál fue su verdadero carácter.
Y preguntar, sobre todo, si la documentación presentada alcanza para cerrar las dudas que dieron origen a la investigación.
Eso es lo que ahora deberá determinar la Justicia.
Hay otra cuestión que tampoco deberíamos perder de vista.
Mientras los funcionarios discuten si fueron US$175.000 o US$245.000 de una remodelación, si eran ocho billeteras o una, si el dinero estaba en efectivo o en una cuenta, si determinados fondos eran anteriores o posteriores al ingreso al Estado, hay millones de argentinos que hacen cuentas para llegar a fin de mes.
Eso no convierte a Adorni en culpable de nada.
Pero sí explica por qué estas historias generan indignación.
Porque el ciudadano común no necesita ocho billeteras para explicar su patrimonio.
Necesita una billetera.
Y muchas veces está vacía.
Por eso resulta particularmente incómodo escuchar durante años discursos sobre sacrificio, austeridad, honestidad y superioridad moral provenientes de quienes ocupan posiciones de poder y, al mismo tiempo, observar cómo sus propias explicaciones patrimoniales terminan necesitando decenas de páginas.
Y acá es donde corresponde ser serios.
La presentación de 78 páginas no es una condena.
Pero tampoco es el final de la historia.
Es una explicación.
Ahora la Fiscalía deberá analizarla.
Deberá revisar la documentación.
Deberá contrastar las operaciones.
Deberá determinar si las respuestas alcanzan.
Y eventualmente la Justicia decidirá qué corresponde hacer.
Eso es lo institucionalmente correcto.
Pero la sociedad también puede sacar una conclusión política mucho más sencilla:
la honestidad no se proclama; se demuestra.
Y cuando alguien hizo de esa palabra una parte central de su identidad pública, las contradicciones pesan más.
Porque cuando uno llega a la mesa hablando de ética, moral y honestidad, como decía Menem, después hay que contar los cubiertos.
En este caso parece que la mesa quedó bastante más grande.
Hay que contar los cubiertos.
Hay que mirar las declaraciones juradas.
Hay que revisar las propiedades.
Hay que mirar los préstamos.
Hay que mirar los viajes.
Hay que mirar los dólares.
Hay que mirar las operaciones de Bitcoin.
Y, aparentemente, también hay que revisar los pendrives.
No para condenar anticipadamente a nadie.
Sino porque la transparencia que se exige hacia afuera también debe soportar una auditoría hacia adentro.
Y esa, quizá, sea la verdadera prueba para Manuel Adorni.
No demostrar que puede hablar de honestidad.
Eso ya lo hizo durante años.
Ahora tiene que demostrar que sus propios números soportan la misma lupa con la que él acostumbraba a mirar los números de los demás.
Porque cuando la honestidad deja de ser un discurso y se convierte en una declaración jurada, ya no alcanza con decirla. Hay que poder demostrarla.
Una mujer de 49 años fue asesinada a balazos mientras se encontraba atendiendo su puesto de venta sobre la Panamericana, en el partido bonaerense de Pilar.
La víctima fue identificada como Mónica Ligorria. De acuerdo con la información difundida, el ataque habría sido cometido por su pareja, un hombre de 57 años que posteriormente quedó detenido.
La investigación judicial busca determinar la secuencia exacta del hecho. También trascendió que la mujer había radicado anteriormente una denuncia por violencia de género.
El caso es investigado como un presunto femicidio.
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Un motociclista de 34 años murió luego de sufrir graves lesiones durante un siniestro vial ocurrido en la ciudad misionera de Oberá.
La víctima fue identificada como Juan Carlos Pedrozo. Tras el accidente fue trasladado al Hospital SAMIC, donde permaneció internado hasta que se produjo su fallecimiento.
De acuerdo con la información difundida, el otro vehículo involucrado sería un automóvil cuyo conductor no habría permanecido en el lugar. La investigación busca establecer las circunstancias del choque y localizar al responsable.
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