ADORNI, LA HONESTIDAD, LOS PENDRIVES Y LOS CUBIERTOS

Hay personajes políticos que construyen su identidad alrededor de una palabra.

En el caso de Manuel Adorni, esa palabra fue durante mucho tiempo honestidad.

Honestidad, transparencia, austeridad, lucha contra la corrupción, contra los privilegios y contra esa famosa “casta” que, según el discurso del Gobierno al que perteneció, había convertido al Estado en un lugar donde algunos pocos vivían de los demás.

Adorni fue uno de los principales voceros de ese discurso.

Y quizás por eso mismo, cuando las preguntas comenzaron a llegar a su propia mesa, el contraste terminó siendo mucho más grande.

Porque esta historia no comenzó con una fiscalía revisando arbitrariamente la vida privada de un funcionario.

Comenzó con los viajes.

Un viaje privado a Punta del Este junto a su familia comenzó a generar preguntas sobre quién había pagado el traslado. La Justicia pidió información y, posteriormente, la causa patrimonial empezó a tomar una dimensión mucho mayor.

Después aparecieron otras cuestiones.

Propiedades.

Préstamos.

Declaraciones juradas.

Gastos.

Viajes.

Una casa en Indio Cuá.

Un departamento en Caballito.

Y una investigación judicial que terminó preguntando concretamente de dónde había salido el dinero utilizado para sostener semejante evolución patrimonial.

No fue, entonces, que una mañana alguien se despertó y decidió investigar a Manuel Adorni porque sí.

Hubo hechos públicos que generaron preguntas.

Y esas preguntas terminaron llegando a la Justicia.

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EL DEPARTAMENTO Y LAS DOS JUBILADAS

Pero hay una parte de esta historia que merece detenerse especialmente.

Porque cuando hablamos de los préstamos que aparecen en la investigación, no estamos hablando solamente de “me prestaron unos dólares”.

Estamos hablando de US$200.000.

Doscientos mil dólares.

El departamento de Caballito fue escriturado por US$230.000. Adorni pagó inicialmente US$30.000 y los otros US$200.000 quedaron financiados mediante una hipoteca sobre la propia propiedad, sin intereses y con un plazo para cancelar la deuda.

¿Quiénes aparecen como acreedoras?

Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64.

Dos mujeres que, según consta en la operación, eran las propietarias del inmueble y quedaron como acreedoras de US$100.000 cada una.

Y acá es donde uno tiene derecho, por lo menos, a levantar una ceja.

Porque no estamos hablando de un conocido que te presta veinte mil pesos hasta el viernes.

No estamos hablando de un amigo que te alcanza unos dólares para pagar una cuota.

Estamos hablando de doscientos mil dólares.

Y, además, de un préstamo sin intereses.

Y acá no se trata de decir que dos jubiladas no puedan tener dinero.

Por supuesto que pueden.

De hecho, durante la investigación una de ellas explicó que tenía fondos provenientes de operaciones inmobiliarias anteriores.

El punto es otro.

La operación es extraordinariamente particular y, por eso mismo, merece ser explicada.

Porque cuando una persona compra un inmueble de US$230.000, pone solamente US$30.000 y consigue que las propietarias le financien los otros US$200.000 sin intereses, durante meses, la pregunta periodística no es absurda.

La pregunta es:

¿Cómo se llegó a semejante acuerdo?

Y la Justicia justamente investigó eso.

Incluso las propias declaraciones incorporadas al expediente mostraron que la operatoria no fue tan sencilla como podría parecer a primera vista. Las jubiladas señalaron que uno de los hijos intervino en la operación, y posteriormente Pablo Martín Feijoo declaró que había acordado con Adorni un pago adicional de US$65.000 por fuera de la escritura, argumento que ahora deberá ser cotejado judicialmente.

Y ahí aparece nuevamente la palabra que parece perseguir toda esta historia:

explicar.

Porque cuando aparecen cifras de esta magnitud, acuerdos particulares y operaciones poco habituales, la sociedad tiene derecho a preguntar.

No porque ser jubilada impida tener dólares.

No porque prestar dinero sea ilegal.

No porque una operación inmobiliaria particular sea automáticamente sospechosa.

Sino porque US$200.000 no son veinte mil pesos.

Y pretender que la sociedad mire semejante operación y simplemente diga “bueno, debe ser normal” sería subestimar bastante la inteligencia de la gente.

Los argentinos podrán tener muchos problemas.

Pero tontos no somos.

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Y AHORA APARECIÓ EL BITCOIN

Y acá es donde esta historia adquiere un componente casi surrealista.

Porque después de meses de preguntas sobre el patrimonio, la respuesta de Adorni llega en forma de una presentación judicial de 78 páginas.

La explicación central de su defensa es que una parte sustancial del dinero que permite justificar su patrimonio proviene de operaciones realizadas con Bitcoin antes de su ingreso a la función pública.

Según el escrito presentado ante la Justicia, esas operaciones habrían generado US$591.544,61, distribuidos en ocho billeteras virtuales. La defensa sostiene que esos fondos fueron obtenidos antes de 2023 y que parte del dinero terminó siendo conservado en efectivo.

Ocho billeteras.

Casi seiscientos mil dólares.

Efectivo.

Operaciones realizadas años atrás.

Y ahora, como si fuera necesario agregarle una capa más a la historia, aparecen también los pendrives de nuestra imaginación.

Porque si uno escucha todo esto sin conocer el expediente, podría pensar que estamos hablando de una película.

Pero no.

Estamos hablando de un exfuncionario que durante años se presentó públicamente como representante de una nueva forma de hacer política y que ahora tiene que explicar ante la Justicia el origen de una parte de su patrimonio.

Y cuidado.

Comprar Bitcoin no es un delito.

Tener dólares tampoco.

Tener ahorros tampoco.

Y si efectivamente ese dinero fue obtenido antes de ingresar al Estado y puede demostrarse documentalmente, eso deberá ser considerado por la Justicia.

Pero justamente ahí está el problema.

Hay que demostrarlo.

Porque una cosa es decir que el dinero existía.

Y otra muy diferente es demostrar de manera verificable cómo se obtuvo, cuándo se obtuvo, quién lo tuvo y cómo llegó a convertirse en el patrimonio que hoy se intenta justificar.

La Justicia tendrá que determinarlo.

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CUANDO MENEM HABLABA DE LOS CUBIERTOS

Y acá aparece una vieja frase de la política argentina que parece escrita para esta historia.

Carlos Menem decía:

“Cuando alguien va a la mesa de uno y entra a hablar de honestidad, de moral y de ética, cuando se va hay que contar los cubiertos.”

La frase tiene algo de maravilloso.

Y también algo de profundamente irónico.

Porque quien pronunció aquella advertencia sobre la honestidad fue, a su vez, presidente durante una década atravesada por numerosas denuncias, investigaciones y controversias de corrupción.

Es decir que hasta Menem terminó dejándonos una enseñanza involuntaria:

hablar de honestidad no convierte automáticamente a nadie en honesto.

Y eso vale para todos.

Para Menem.

Para Adorni.

Para cualquier político que se siente frente a una cámara y nos explique cuánto más moral es que los anteriores.

Porque la honestidad no se demuestra con discursos.

Se demuestra cuando llegan las preguntas incómodas.

Y especialmente cuando esas preguntas son sobre uno mismo.

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EL PROBLEMA NO ES TENER DINERO

Este es el punto que algunos seguramente intentarán deformar.

El problema no es que Manuel Adorni tenga dinero.

Nadie está obligado a ser pobre para ocupar un cargo público.

El problema tampoco es que haya comprado Bitcoin.

Ni que haya tenido dólares.

Ni que haya comprado una propiedad.

El problema es otro.

La coherencia entre el discurso y la explicación patrimonial.

Porque si durante años uno construye una identidad pública basada en la superioridad moral frente a una dirigencia política acusada de corrupción, privilegios y enriquecimiento, entonces es lógico que cuando aparecen preguntas sobre el propio patrimonio esas preguntas sean examinadas con exactamente la misma vara.

No se puede pedir transparencia para los demás y reclamar indulgencia cuando la lupa cambia de dirección.

No se puede utilizar la honestidad como bandera política y después pretender que nadie pregunte qué había detrás de esa bandera.

Y tampoco se puede pedir que la sociedad acepte una explicación simplemente porque la explicación fue pronunciada desde un atril.

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DEL VIAJE A LAS 20 PREGUNTAS

La secuencia también merece ser recordada.

Primero fueron los cuestionamientos por los viajes.

Después comenzaron a investigarse las circunstancias alrededor del vuelo privado a Punta del Este.

Luego la causa se amplió hacia el patrimonio.

La Fiscalía pidió información sobre bienes, viajes y movimientos patrimoniales.

La investigación avanzó sobre propiedades y operaciones financieras.

Y finalmente el fiscal Gerardo Pollicita formuló 20 puntos concretos que Adorni debía explicar.

No eran veinte preguntas filosóficas.

Eran preguntas sobre dinero.

Sobre propiedades.

Sobre préstamos.

Sobre gastos.

Sobre operaciones.

Sobre el origen de determinados fondos.

Y ahora llegó la respuesta.

Setenta y ocho páginas.

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¿Y QUÉ DICE ESA RESPUESTA?

Dice, básicamente, que buena parte de las dudas pueden explicarse porque Adorni ya tenía dinero antes de ingresar al Gobierno.

Dice que las ganancias provenientes de operaciones con Bitcoin permiten explicar una parte sustancial de los fondos.

Dice que existieron ocho billeteras.

Dice que ese dinero fue convertido posteriormente en dólares.

Dice que parte del dinero fue conservado fuera del sistema bancario.

Y también discute algunos de los cálculos realizados durante la investigación.

Por ejemplo, existe una diferencia importante respecto del costo de las remodelaciones de la propiedad de Indio Cuá: el contratista declaró ante la Justicia una cifra cercana a US$245.000, mientras que la defensa sostiene que fueron US$175.000.

La diferencia es de US$70.000.

Y otra vez aparece la palabra mágica:

explicar.

Porque eso es lo que está ocurriendo ahora.

Explicar.

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Y ACÁ ESTÁ LA VERDADERA IRONÍA

El hombre que durante tanto tiempo explicó cómo debían comportarse los demás políticos ahora tiene que explicar su propio patrimonio.

El hombre que hablaba de transparencia ahora tiene que presentar documentación.

El hombre que hablaba de privilegios ahora tiene que explicar determinados gastos.

El hombre que hablaba de la vieja política ahora tiene que responder preguntas sobre propiedades, préstamos, viajes y dinero.

Y el hombre que construyó parte de su imagen pública sobre la idea de que ellos eran diferentes ahora tiene que demostrar que efectivamente lo eran.

Eso no significa que sea culpable de un delito.

Significa algo mucho más simple:

que la vara que utilizó para juzgar a los demás también puede ser utilizada para juzgar sus propias explicaciones.

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NO HACE FALTA LLAMARLO DELINCUENTE

No hace falta.

Para eso está la Justicia.

Si cometió un delito, tendrá que determinarlo un juez.

Si no lo cometió, también tendrá que quedar establecido.

Pero mientras tanto existe algo que sí puede hacer el periodismo:

preguntar.

Preguntar por qué determinadas cuestiones no aparecían antes.

Preguntar por qué ahora aparecen explicaciones que antes no estaban.

Preguntar cómo se construyó el patrimonio.

Preguntar por qué hubo que llegar a una investigación judicial para que aparecieran determinadas precisiones.

Preguntar si las ocho billeteras pueden demostrar efectivamente la historia que la defensa cuenta.

Preguntar cómo se vinculan esas operaciones de hace más de una década con el dinero utilizado posteriormente.

Preguntar cómo se estructuró un préstamo de US$200.000 sin intereses.

Preguntar por qué dos mujeres terminaron financiando el 87% de una operación inmobiliaria.

Preguntar qué significa exactamente el pago adicional de US$65.000 mencionado ante la Justicia y cuál fue su verdadero carácter.

Y preguntar, sobre todo, si la documentación presentada alcanza para cerrar las dudas que dieron origen a la investigación.

Eso es lo que ahora deberá determinar la Justicia.

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Y MIENTRAS TANTO, EL CIUDADANO COMÚN

Hay otra cuestión que tampoco deberíamos perder de vista.

Mientras los funcionarios discuten si fueron US$175.000 o US$245.000 de una remodelación, si eran ocho billeteras o una, si el dinero estaba en efectivo o en una cuenta, si determinados fondos eran anteriores o posteriores al ingreso al Estado, hay millones de argentinos que hacen cuentas para llegar a fin de mes.

Eso no convierte a Adorni en culpable de nada.

Pero sí explica por qué estas historias generan indignación.

Porque el ciudadano común no necesita ocho billeteras para explicar su patrimonio.

Necesita una billetera.

Y muchas veces está vacía.

Por eso resulta particularmente incómodo escuchar durante años discursos sobre sacrificio, austeridad, honestidad y superioridad moral provenientes de quienes ocupan posiciones de poder y, al mismo tiempo, observar cómo sus propias explicaciones patrimoniales terminan necesitando decenas de páginas.

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LA HISTORIA TODAVÍA NO TERMINÓ

Y acá es donde corresponde ser serios.

La presentación de 78 páginas no es una condena.

Pero tampoco es el final de la historia.

Es una explicación.

Ahora la Fiscalía deberá analizarla.

Deberá revisar la documentación.

Deberá contrastar las operaciones.

Deberá determinar si las respuestas alcanzan.

Y eventualmente la Justicia decidirá qué corresponde hacer.

Eso es lo institucionalmente correcto.

Pero la sociedad también puede sacar una conclusión política mucho más sencilla:

la honestidad no se proclama; se demuestra.

Y cuando alguien hizo de esa palabra una parte central de su identidad pública, las contradicciones pesan más.

Porque cuando uno llega a la mesa hablando de ética, moral y honestidad, como decía Menem, después hay que contar los cubiertos.

En este caso parece que la mesa quedó bastante más grande.

Hay que contar los cubiertos.

Hay que mirar las declaraciones juradas.

Hay que revisar las propiedades.

Hay que mirar los préstamos.

Hay que mirar los viajes.

Hay que mirar los dólares.

Hay que mirar las operaciones de Bitcoin.

Y, aparentemente, también hay que revisar los pendrives.

No para condenar anticipadamente a nadie.

Sino porque la transparencia que se exige hacia afuera también debe soportar una auditoría hacia adentro.

Y esa, quizá, sea la verdadera prueba para Manuel Adorni.

No demostrar que puede hablar de honestidad.

Eso ya lo hizo durante años.

Ahora tiene que demostrar que sus propios números soportan la misma lupa con la que él acostumbraba a mirar los números de los demás.

Porque cuando la honestidad deja de ser un discurso y se convierte en una declaración jurada, ya no alcanza con decirla. Hay que poder demostrarla.