📢 SANCOR: EL COSTO HUMANO DETRÁS DE LOS "ÉXITOS" MACROECONÓMICOS

📢 SANCOR: EL COSTO HUMANO DETRÁS DE LOS "ÉXITOS" MACROECONÓMICOS

Mientras en la Capital Federal se festejan los porcentajes de la baja de inflación, la apertura de mercados y se busca el aplauso del capital internacional, la realidad productiva de la Argentina profunda recibe un golpe letal. La quiebra de SanCor no es un dato estadístico; es una catástrofe social que expone la desconexión total entre los despachos oficiales y el puesto de trabajo genuino.

📉 El mercado festeja, el trabajador pierde

Esa "apertura de mercado" que tanto se pregona no es nada favorable para el que produce en el suelo argentino. Al contrario, es el escenario que terminó de asfixiar a una estructura que ya venía golpeada.

• Pérdida masiva de empleo: No se trata de una empresa que cierra; se trata de miles de familias que pierden su dignidad y su sustento.

• La destrucción de la cadena indirecta: Acá es donde el golpe es silencioso pero devastador. Los productores tamberos, que son el motor de nuestras provincias, se quedan sin destino para su producción. Los vendedores de insumos y los transportistas, que mueven la riqueza por nuestras rutas, hoy ven cómo su fuente de trabajo desaparece en manos de una política que prioriza el tablero financiero por sobre la producción nacional.

• Hay que decir las cosas por su nombre: la gestión de SanCor fue deficiente durante años, cargada de vicios y desmanejos. Pero el contexto actual fue el verdugo que eligió no salvar a los trabajadores.

• Mientras se le sonríe al mercado internacional, se le da la espalda al productor que genera empleo real acá adentro.

• La baja de la inflación en los gráficos no sirve de nada si el costo es un desierto productivo y miles de argentinos en la calle.

Conclusión: La quiebra de SanCor es el espejo de un país que está eligiendo los números por sobre la gente. Mientras el mercado aplaude, el trabajo argentino se muere.

 

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DESPLOME DEL CONSUMO CONTRASTA LOS FESTEJOS DEL GOBIERNO..

DESPLOME DEL CONSUMO CONTRASTA LOS FESTEJOS DEL GOBIERNO..
El consumo en la Argentina atraviesa un escenario crítico según los últimos datos oficiales, que reflejan una retracción profunda en el poder de compra. Durante el mes de febrero, las ventas en los supermercados registraron un desplome del 11,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, marcando una tendencia que preocupa tanto a comerciantes como a analistas económicos.

El informe revela que el impacto no solo se siente en las grandes cadenas minoristas, sino que se extiende a los autoservicios mayoristas, donde la caída fue del 6,2%. Esta situación evidencia que incluso las estrategias de ahorro mediante compras por volumen están perdiendo fuerza ante la escalada de precios y la pérdida de ingresos reales de las familias.

Al analizar el comportamiento por rubros, los sectores más castigados fueron los artículos de consumo masivo que no son de primera necesidad, aunque también se observaron bajas sensibles en alimentos y bebidas. Los rubros de "Electrónicos y artículos para el hogar" y "Bebidas" lideraron las estadísticas negativas, con retrocesos que en algunos casos superan los dos dígitos. Por el contrario, los únicos segmentos que lograron sostenerse con leves variaciones positivas fueron los de perfumería y limpieza, posiblemente impulsados por promociones específicas.

La brecha entre el aumento de la facturación nominal y el volumen real de ventas confirma que la inflación sigue siendo el factor determinante. Mientras que los tickets promedio muestran cifras cada vez más altas, la cantidad de productos que los ciudadanos logran llevar a sus hogares se reduce mes a mes.

Este panorama proyecta un desafío complejo para el cierre del primer cuatrimestre, con un consumo que no encuentra piso y un mercado interno que se enfría ante la falta de incentivos y la persistente presión sobre los presupuestos familiares. La mirada ahora está puesta en si las recientes medidas de estabilidad podrán frenar esta sangría en las góndolas durante los próximos meses.

 

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Un nuevo giro judicial marca el pulso de la reforma laboral

Un nuevo giro judicial marca el pulso de la reforma laboral en Argentina. En las últimas horas, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió otorgar efecto suspensivo a la apelación presentada por el Estado, lo que deja sin efecto de manera inmediata la medida cautelar que mantenía frenados más de 80 artículos de la ley de Modernización Laboral.

Esta decisión judicial, impulsada por la Sala VIII del tribunal, implica que la normativa vuelve a estar plenamente vigente mientras se aguarda una resolución sobre el fondo de la cuestión: su constitucionalidad. Se trata de un espaldarazo significativo para la gestión nacional, que celebró el fallo como una validación de los mecanismos institucionales aplicados durante el debate y sanción de la ley.

Entre los puntos que recuperan vigencia se destacan aspectos sensibles de la relación laboral, como el sistema de indemnizaciones, las modificaciones en las jornadas de trabajo y el establecimiento de bancos de horas para compensar extras. También quedan operativos los cambios en materia de contratación y las disposiciones sobre la actividad sindical que habían sido cuestionadas por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Desde el arco gremial, la resolución es vista como un retroceso que traslada la presión definitiva a la Corte Suprema de Justicia. La central obrera sostiene que la reforma vulnera principios de progresividad y derechos fundamentales de los trabajadores, por lo que la batalla legal promete extenderse en las máximas instancias judiciales.

Por el momento, el escenario para empleadores y trabajadores se rige bajo las nuevas pautas de la ley 27.802. La vigencia recuperada otorga al Ejecutivo el margen de maniobra que buscaba para avanzar con su plan de reformas económicas, en un contexto de alta tensión política y expectativa por los próximos movimientos de la justicia.

 

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El Caso Alves Rubín: La antesala de los alegatos en un juicio marcado por el silencio y la impunidad

El próximo jueves 23 de abril, los tribunales serán escenario de una nueva audiencia en el Caso Alves Rubín, una instancia que coloca al proceso en su etapa definitoria previa a los alegatos finales. Lo que se juzga no es solo un hecho aislado, sino una cadena de vulneraciones que busca una resolución que rompa con el histórico blindaje institucional.

La desproporción de los responsables

El debate llega a su fase final con una contradicción que la justicia aún no ha podido explicar satisfactoriamente: la brecha entre los partícipes y los imputados. Según los registros y las declaraciones de las víctimas, en el operativo de allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad intervinieron originalmente entre 12 y 13 efectivos policiales.

De ese grupo, al menos 9 fueron identificados con precisión por quienes sufrieron los abusos. Sin embargo, el banquillo de los acusados hoy solo cuenta con 4 procesados. Esta aritmética plantea una pregunta necesaria para los alegatos: ¿por qué la pasividad de los otros efectivos presentes, quienes como funcionarios públicos tenían la obligación de frenar las torturas y vejaciones, fue tratada como una simple omisión y no como una complicidad necesaria?.

Inconsistencias y material apartado

Bajo el sistema de instrucción que rigió el movimiento de esta causa, el proceso ha mostrado señales de una lentitud que recuerda a lo que habitualmente se denomina el "sueño de los justos", donde los expedientes parecen detenerse en beneficio de los acusados. Se señala que diversos elementos de convicción originales —como testimonios de la propia fuerza policial que contradecían la versión oficial— terminaron siendo apartados o ignorados durante la investigación.

A pesar de que el expediente cuenta con el respaldo de informes del Dr. Irazú, peritajes del cuerpo médico forense y evaluaciones psiquiátricas que detallan el daño físico y psicológico, la etapa de instrucción decidió limitar la responsabilidad a solo un puñado de involucrados.

El peso de las evidencias

La audiencia de este jueves es el último escalón antes de que las partes expongan sus conclusiones. El desafío para las víctimas es que las evidencias acumuladas —que incluyen registros fílmicos, resoluciones y peritajes médicos— logren finalmente vencer la estructura de protección que ha caracterizado al caso desde su inicio. El juicio del Caso Alves Rubín es, en última instancia, una prueba de fuego para determinar si el sistema es capaz de juzgar los excesos del poder con la misma vara que a cualquier ciudadano.

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El cierre definitivo de la planta de Tía Maruca

El cierre definitivo de la planta de Tía Maruca en Albardón, San Juan, no es simplemente el fin de una fábrica, sino el colapso de un modelo de expansión que no resistió la presión de la economía actual. Lo que en 2017 se presentó como el gran salto de una pyme familiar hacia las ligas mayores de la industria alimenticia, terminó este fin de semana con las persianas bajas y cientos de familias en la incertidumbre.

La historia de este desenlace tiene su punto de quiebre cuando la empresa adquirió la planta Dilexis, de 22.000 metros cuadrados, a la multinacional PepsiCo. Aquella apuesta, que buscaba posicionar a la marca "artesanal" en las góndolas de todo el país, trajo consigo una estructura de costos y deudas en dólares que se volvieron impagables con el tiempo. El concurso preventivo abierto en 2019 fue el primer aviso de una crisis que, si bien tuvo una recuperación transitoria en 2022, terminó por profundizarse ante la actual retracción del mercado interno.

Las causas técnicas del cierre son contundentes: una capacidad instalada que apenas llegaba al 50% de operatividad y un desplome del consumo que obligó a la marca a competir en un escenario de costos logísticos e insumos (harina y azúcar) en alza constante. A esto se suma el cambio de gestión; la reciente adquisición de la firma por parte del grupo liderado por la familia Díaz Colodrero (dueños de la marca Pipas) buscaba reestructurar el negocio, pero la realidad industrial de la planta de San Juan resultó inviable bajo las condiciones actuales.

Para la localidad de Albardón, el impacto es devastador. No solo se pierden empleos directos, sino que se corta el circuito económico de una de las plantas más modernas de Sudamérica, diseñada para producir 3.000 toneladas mensuales de galletitas. El futuro de la marca ahora es una incógnita técnica: se habla de una mudanza de la producción o de un modelo de tercerización, pero lo que es concreto es que el polo industrial sanjuanino pierde a uno de sus mayores exponentes, dejando al descubierto la fragilidad de la industria nacional frente a la caída del poder adquisitivo y el encarecimiento de la producción.

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GOYA Ctes

GOYA Ctes

La desarticulación de una red de apuestas clandestinas y carreras de caballos ilegales en la zona rural de Corrientes revela una problemática que combina el juego prohibido con la violencia armada y la falta de control en los sectores periféricos. El operativo, que tuvo lugar durante la jornada de ayer domingo, no solo logró frenar el evento hípico que no contaba con ninguna autorización oficial, sino que derivó en una persecución que terminó con detenciones y el secuestro de armamento.

La intervención policial se activó tras recibir denuncias sobre una aglomeración inusual de personas y vehículos en un predio rural, donde se estaban realizando apuestas de gran volumen de dinero bajo la modalidad de "carreras cuadreras". Al notar la presencia de los efectivos, se produjo un intento de fuga masivo, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a realizar un cerrojo preventivo en la zona. Como resultado del procedimiento, dos hombres fueron aprehendidos luego de intentar descartar armas de fuego mientras escapaban por los campos linderos.

Este tipo de operativos pone de manifiesto la vigencia de estructuras de juego ilegal que logran movilizar a una cantidad importante de personas, evadiendo no solo los controles fiscales y las normas del Instituto de Lotería y Casinos, sino también las medidas de bienestar animal y seguridad ciudadana. La presencia de armas de fuego entre los asistentes subraya la peligrosidad de estos encuentros clandestinos, donde los conflictos por las apuestas suelen resolverse por fuera de cualquier marco legal.

El caso ya se encuentra bajo la órbita de la justicia provincial, que busca determinar quiénes son los organizadores y propietarios del predio que facilitaron la infraestructura para el evento ilegal. Mientras tanto, el secuestro de las armas y la detención de los sospechosos marcan un precedente en la lucha contra los delitos rurales y la economía informal que se alimenta de estas actividades prohibidas, las cuales suelen ocultar otros delitos detrás de la fachada de una competencia deportiva regional.

 

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El nuevo esquema de peajes en las rutas nacionales

El nuevo esquema de peajes en las rutas nacionales ha dejado de ser una proyección administrativa para convertirse en un golpe directo al bolsillo del sector productivo y el transporte de cargas, especialmente en el litoral argentino. Lo que se presenta técnicamente como una actualización tarifaria bajo un nuevo modelo de gestión, esconde en realidad un cambio de paradigma en la política de infraestructura del Gobierno nacional, que traslada el costo total del mantenimiento vial a los usuarios y transportistas.

El epicentro del conflicto radica en la habilitación de nuevos puntos de cobro y el incremento exponencial de las tarifas en tramos que, hasta hace poco, se encontraban bajo mantenimiento estatal o con concesiones vencidas. Este ajuste no solo afecta el costo logístico de los fletes —lo que inevitablemente se trasladará al precio final de los alimentos y productos de consumo masivo en las góndolas— sino que también plantea una fuerte tensión entre las provincias y la administración central por el destino de esos fondos recaudados en rutas que atraviesan territorios federales.

En el NEA, el impacto es doblemente sensible debido a las asimetrías geográficas. El encarecimiento de la logística profundiza la brecha de competitividad para los productores locales que deben trasladar sus mercaderías hacia los grandes centros de consumo. Mientras el Ejecutivo nacional sostiene que este modelo de "usuario-pagador" es la única vía para garantizar la seguridad vial y el asfalto ante el recorte de la obra pública, diversos sectores del transporte denuncian que la carga tributaria sobre los peajes se vuelve confiscatoria en un contexto de caída de la actividad económica.

Este escenario ha reactivado el reclamo por un sistema de peajes diferencial para el transporte de carga regional y ha puesto bajo la lupa la transparencia en la reinversión de lo recaudado. En las rutas de nuestra región, donde el flujo de camiones es constante por el comercio internacional y la producción primaria, el nuevo valor del peaje se percibe como un impuesto encubierto a la producción, generando un clima de incertidumbre que promete derivar en nuevas presentaciones judiciales por parte de cámaras empresariales que consideran estas tarifas como un obstáculo insalvable para la operatividad diaria.

 

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JUSTICIA Y PODER: UN EXJEFE POLICIAL A JUICIO POR ABUSO DE AUTORIDAD E IRREGULARIDADES

El sistema judicial de Corrientes se prepara para sentar en el banquillo a quien supo ocupar una posición de máximo liderazgo dentro de la fuerza provincial. El proceso, que busca deslindar responsabilidades sobre presuntos manejos arbitrarios y falta de transparencia en la gestión, marca un precedente necesario sobre el control de las instituciones y el límite del ejercicio del mando.

La elevación a juicio de esta causa responde a una investigación que detectó maniobras fuera de la normativa vigente durante el ejercicio de sus funciones. Según los elementos recolectados por la fiscalía, el exjefe policial enfrentará cargos que van desde el abuso de autoridad hasta la omisión de deberes, conductas que afectan no solo el orden interno de la institución, sino también la confianza que la ciudadanía deposita en la seguridad pública.

Técnicamente, el eje de la acusación gira en torno a decisiones que habrían sido tomadas prescindiendo de los canales administrativos legales, configurando un escenario de irregularidades que la justicia ahora deberá ventilar en un debate oral y público. No se trata simplemente de errores de gestión, sino de presuntas acciones directas que vulneraron los reglamentos internos, lo que motiva este paso determinante hacia la instancia de juzgamiento.

Desde una perspectiva humana y social, este juicio llega en un momento de alta sensibilidad respecto a la transparencia estatal. La comunidad observa con atención cómo se procesa a los altos mandos, entendiendo que la investidura policial exige una conducta ética que no admite grises. La elevación a juicio confirma que nadie, independientemente de su jerarquía o de los galones obtenidos, está por encima de la ley cuando se trata de rendir cuentas por sus actos.

A medida que se definan las fechas de las audiencias, el debate permitirá conocer en detalle la profundidad de las irregularidades denunciadas. Mientras tanto, la justicia tiene ante sí la oportunidad de reafirmar que el abuso de poder tiene consecuencias concretas, buscando garantizar que la función policial se mantenga siempre dentro del marco de la ética y el derecho.

 

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