Crónica de una falla anunciada: nuevo incidente de Crucero del Norte expone la flexibilización de controles y beneficios a las empresas de transporte
En la jornada de hoy, vecinos y pasajeros reportaron una nueva unidad de la empresa Crucero del Norte nuevamente varada, esta vez en la localidad correntina de Chavarría. Este episodio no constituye un hecho aislado, sino que se suma a una persistente y constante ola de reclamos por parte de los usuarios debido a las recurrentes fallas mecánicas, demoras y el evidente deterioro de la flota que circula por la región.
La pata política y los beneficios gubernamentales
Detrás de la falta de previsibilidad y de las reiteradas fallas en las rutas se encuentra un esquema de flexibilización normativa y beneficios estatales otorgados sistemáticamente a la firma.
Por ley, la vida útil máxima permitida para los colectivos de larga y media distancia es de 10 años, un límite pensado precisamente para garantizar la seguridad vial y el confort de los pasajeros. Sin embargo, mediante sucesivos decretos, resoluciones y prórrogas, el Estado le ha concedido a la empresa innumerables extensiones de plazo para operar con unidades fuera de término.
Este marco de flexibilización regulatoria incluye:
Prórrogas sucesivas a la antigüedad de flota: Permisos especiales para mantener en circulación unidades que ya cumplieron su ciclo legal de vida útil.
Excepciones en los controles técnicos: Flexibilización en los estándares de exigencia para la habilitación de vehículos veteranos.
Sostenimiento de subsidios y prebendas: Mecanismos de asistencia financiera y operativa que benefician a empresas monopólicas u oligopólicas en detrimento de la renovación genuina del parque automotor.
Antigüedad en evidencia: El caso de la patente "O"
El colectivo que protagonizó el incidente de hoy en Chavarría deja al desnudo las consecuencias de estas políticas de excepción. Por la nomenclatura de su dominio, el vehículo cuenta con patente "O" (las características patentes con letras que comenzaron a implementarse a partir de 2014 y se extendieron durante 2015).
Esto sitúa al colectivo con una antigüedad estimada de entre 11 y 12 años, superando ampliamente el límite legal de la década establecido por la legislación vigente.
Permitir que unidades con más de diez años en las rutas sigan prestando un servicio público esencial —bajo el amparo de prórrogas gubernamentales— no hace más que trasladar el riesgo a los pasajeros y convertir las rutas del Litoral en una trampa constante. La pregunta que queda latente es hasta cuándo se priorizará el beneficio corporativo por sobre la seguridad y los derechos de los usuarios.
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