La mujer, de 43 años, fue arrestada durante un allanamiento en Ciudad de la Costa. Su hijo, de 21, es requerido por la Policía. Los investigadores secuestraron documentación de reservas, cheques, computadoras y celulares.
La Policía de Uruguay detuvo este martes a la propietaria de la agencia de viajes Travel Vip, denunciada por presuntas estafas relacionadas con la venta de pasajes. El procedimiento se llevó adelante durante un allanamiento en Ciudad de la Costa.
La mujer, de 43 años, quedó detenida, mientras que su hijo, de 21, es requerido por las autoridades, según información difundida por Subrayado.
Durante el operativo, los efectivos incautaron documentación vinculada con reservas, cheques, computadoras y teléfonos celulares. Los elementos secuestrados serán relevantes para analizar las operaciones comerciales de la agencia y avanzar en la investigación de las denuncias.
Antecedentes de clausura
El caso tiene antecedentes administrativos. El 15 de octubre, el Ministerio de Turismo uruguayo informó que, tras analizar denuncias por presuntas irregularidades e incumplimientos atribuidos a Magna Group, el ministro había firmado una resolución para solicitar la clausura preventiva de la empresa.
En ese comunicado, la cartera recordó que Travel Vip, nombre comercial vinculado a Magna Group, tenía una clausura judicial vigente desde el 21 de abril de 2025. Sin embargo, según el organismo, inspecciones posteriores constataron que la firma continuaba desarrollando actividades.
El Ministerio ya había advertido sobre esa situación en una comunicación del 15 de mayo de 2026, en la que señaló que la empresa estaba impedida de prestar servicios turísticos debido a la medida judicial.
Una firma que no figura registrada
En la resolución difundida a mediados de octubre, el Ministerio de Turismo también indicó que Travel Vip Internacional no se encuentra registrada ante esa Secretaría de Estado.
Las actuaciones administrativas y las denuncias dieron paso a una investigación en la que ahora se suman las detenciones y el secuestro de documentación y equipos electrónicos.
La causa deberá establecer cómo se concretaron las operaciones cuestionadas, qué perjuicios pudieron sufrir los clientes y cuál fue la participación de las personas investigadas. La existencia de denuncias y medidas judiciales no reemplaza la determinación de responsabilidades penales, que corresponde a la Justicia.
Redacción Contenidos Libres Noticias
