Paso de los Libres se encuentra conmocionada tras formalizarse una grave denuncia por crueldad animal a raíz de un trágico hecho ocurrido el pasado domingo 20 de septiembre de 2026, cerca del mediodía. La presentación judicial fue realizada por Melina Belén Pedrozo Gómez, vecina de nuestra ciudad con domicilio en calle Sarmiento, quien exige justicia por la muerte de su perro Dino.
De acuerdo con el relato detallado en la denuncia, el trágico episodio se desencadenó cuando el can salió accidentalmente de la vivienda familiar. En ese instante, fue embestido por una camioneta Ford EcoSport de color blanco con patente OCS 677, lo que le ocasionó la muerte al animal.
Lo que agravó profundamente la situación y generó indignación en la comunidad es el accionar posterior del conductor, identificado como Francisco Javier Torrago, con domicilio en calle Pago Largo. Según se expone en la causa, la secuencia quedó registrada por cámaras de vecinos y, a pesar de que el conductor observó al animal en el camino, continuó su marcha sin frenar, sin otorgarle ningún tipo de auxilio ni regresar para interiorizarse de la situación.
A raíz de informes periodísticos radiales y datos recabados en la investigación, trascendió que el conductor involucrado estaría supuestamente inhibido para circular, una irregularidad que ahora deberá ser constatada formalmente por las autoridades competentes a través de los informes del Registro del Automotor y la inspección de la documentación del rodado.
Ante la gravedad institucional y social del caso, la denuncia interpuesta formalmente ante las autoridades solicita la imputación del conductor y de quienes resulten coautores, partícipes o encubridores bajo los delitos de crueldad animal contemplados en la Ley 14346, infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y ordenanzas municipales vigentes. Asimismo, los petitorios presentados ante la justicia requieren medidas urgentes y rigurosas, tales como un informe médico veterinario forense, la revisión de cámaras de seguridad domiciliaria de la zona, una orden de restricción perimetral para salvaguardar la integridad psicofísica de la denunciante, testigos y su entorno familiar, un exhaustivo informe socioambiental a cargo del Cuerpo Social Forense, y una evaluación interdisciplinaria profunda de la personalidad y perfil psicológico del denunciado en el Instituto Médico Forense para determinar si representa un peligro real para terceros.
