Golpe millonario al contrabando en Corrientes: Secuestran cargamento valuado en más de 430 millones de pesos

Golpe millonario al contrabando en Corrientes: Secuestran cargamento valuado en más de 430 millones de pesos

En un operativo de gran magnitud, se logró interceptar un masivo cargamento de mercadería ilegal que intentaba cruzar el territorio provincial bajo la modalidad de encomiendas. La intervención permitió el decomiso de elementos de origen extranjero que no presentaban ningún tipo de documentación legal ni aval aduanero, dejando al descubierto una estructura logística dedicada al tráfico de productos por rutas correntinas.

El recuento oficial de las piezas incautadas arroja cifras contundentes: se contabilizaron 122.960 paquetes de cigarrillos y 543 neumáticos de diversos rodados. Según el relevamiento realizado, la mercadería había sido despachada desde la provincia de Misiones con el objetivo de ser distribuida en diferentes puntos del país, aprovechando el flujo de transporte de servicios postales.

La valuación total de lo secuestrado asciende a los 431 millones de pesos, lo que representa uno de los impactos económicos más significativos de las últimas semanas contra el comercio clandestino en la región. El operativo puso en evidencia cómo el envío fraccionado en bultos sigue siendo una de las maniobras predilectas para intentar burlar la fiscalización en los corredores viales.

A raíz de este procedimiento, tomó intervención directa el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Paso de los Libres. Las autoridades dispusieron el secuestro preventivo de la totalidad de la carga por infracción a la Ley de Código Aduanero, quedando todo el material a disposición de los organismos de control correspondientes para continuar con la línea investigativa sobre los responsables de la logística.

 

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Hacienda frena el aumento al Poder Judicial y profundiza el quiebre con los gremios

 Hacienda frena el aumento al Poder Judicial y profundiza el quiebre con los gremios

El escenario político correntino atraviesa horas críticas tras la decisión del Ejecutivo Provincial de bloquear el incremento salarial del 6% que había sido dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia. Lo que comenzó como una actualización de haberes se transformó en una pulseada de poder que pone en jaque la autonomía financiera de la justicia local.

El argumento oficial del gobernador se sostiene en la aritmética de la crisis: una caída del 15% en los fondos de coparticipación federal. Según la óptica de Casa de Gobierno, la brecha entre lo presupuestado y lo recaudado obliga a cerrar las cuentas con un ajuste que ahora impacta de lleno en los empleados judiciales.

Sin embargo, el conflicto escaló a un nivel técnico-administrativo cuando el Ministerio de Hacienda dio la orden directa de no cargar la suba en el sistema de liquidación, desautorizando de hecho la acordada del máximo tribunal provincial. Esta maniobra es leída por los sectores sindicales no solo como un recorte económico, sino como una intervención externa sobre las decisiones de un poder independiente.

En respuesta a este bloqueo, el sindicato Sitraj inició un plan de lucha con asambleas y movilizaciones que se replican en toda la provincia. Desde el gremio sostienen que el costo de la caída de la coparticipación no puede recaer sobre el salario de los trabajadores, especialmente cuando el aumento ya había sido ratificado por las autoridades judiciales.

El contexto que agrava la situación: A esta noticia se suma que, en las últimas horas, representantes gremiales han recordado que la brecha salarial en el sector judicial de Corrientes sigue siendo una de las más pronunciadas de la región NEA. El malestar se potencia por la reciente confirmación de bonos extraordinarios para otros sectores de la administración pública, lo que genera un sentimiento de discriminación salarial dentro de los tribunales.

El clima en las oficinas judiciales es de incertidumbre y se espera que, de no mediar una mesa de diálogo que garantice el respeto a la autarquía, las medidas de fuerza se endurezcan, afectando la atención en los juzgados y el avance de los procesos judiciales en curso.

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📢 SANCOR: EL COSTO HUMANO DETRÁS DE LOS "ÉXITOS" MACROECONÓMICOS

📢 SANCOR: EL COSTO HUMANO DETRÁS DE LOS "ÉXITOS" MACROECONÓMICOS

Mientras en la Capital Federal se festejan los porcentajes de la baja de inflación, la apertura de mercados y se busca el aplauso del capital internacional, la realidad productiva de la Argentina profunda recibe un golpe letal. La quiebra de SanCor no es un dato estadístico; es una catástrofe social que expone la desconexión total entre los despachos oficiales y el puesto de trabajo genuino.

📉 El mercado festeja, el trabajador pierde

Esa "apertura de mercado" que tanto se pregona no es nada favorable para el que produce en el suelo argentino. Al contrario, es el escenario que terminó de asfixiar a una estructura que ya venía golpeada.

• Pérdida masiva de empleo: No se trata de una empresa que cierra; se trata de miles de familias que pierden su dignidad y su sustento.

• La destrucción de la cadena indirecta: Acá es donde el golpe es silencioso pero devastador. Los productores tamberos, que son el motor de nuestras provincias, se quedan sin destino para su producción. Los vendedores de insumos y los transportistas, que mueven la riqueza por nuestras rutas, hoy ven cómo su fuente de trabajo desaparece en manos de una política que prioriza el tablero financiero por sobre la producción nacional.

• Hay que decir las cosas por su nombre: la gestión de SanCor fue deficiente durante años, cargada de vicios y desmanejos. Pero el contexto actual fue el verdugo que eligió no salvar a los trabajadores.

• Mientras se le sonríe al mercado internacional, se le da la espalda al productor que genera empleo real acá adentro.

• La baja de la inflación en los gráficos no sirve de nada si el costo es un desierto productivo y miles de argentinos en la calle.

Conclusión: La quiebra de SanCor es el espejo de un país que está eligiendo los números por sobre la gente. Mientras el mercado aplaude, el trabajo argentino se muere.

 

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DESPLOME DEL CONSUMO CONTRASTA LOS FESTEJOS DEL GOBIERNO..

DESPLOME DEL CONSUMO CONTRASTA LOS FESTEJOS DEL GOBIERNO..
El consumo en la Argentina atraviesa un escenario crítico según los últimos datos oficiales, que reflejan una retracción profunda en el poder de compra. Durante el mes de febrero, las ventas en los supermercados registraron un desplome del 11,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, marcando una tendencia que preocupa tanto a comerciantes como a analistas económicos.

El informe revela que el impacto no solo se siente en las grandes cadenas minoristas, sino que se extiende a los autoservicios mayoristas, donde la caída fue del 6,2%. Esta situación evidencia que incluso las estrategias de ahorro mediante compras por volumen están perdiendo fuerza ante la escalada de precios y la pérdida de ingresos reales de las familias.

Al analizar el comportamiento por rubros, los sectores más castigados fueron los artículos de consumo masivo que no son de primera necesidad, aunque también se observaron bajas sensibles en alimentos y bebidas. Los rubros de "Electrónicos y artículos para el hogar" y "Bebidas" lideraron las estadísticas negativas, con retrocesos que en algunos casos superan los dos dígitos. Por el contrario, los únicos segmentos que lograron sostenerse con leves variaciones positivas fueron los de perfumería y limpieza, posiblemente impulsados por promociones específicas.

La brecha entre el aumento de la facturación nominal y el volumen real de ventas confirma que la inflación sigue siendo el factor determinante. Mientras que los tickets promedio muestran cifras cada vez más altas, la cantidad de productos que los ciudadanos logran llevar a sus hogares se reduce mes a mes.

Este panorama proyecta un desafío complejo para el cierre del primer cuatrimestre, con un consumo que no encuentra piso y un mercado interno que se enfría ante la falta de incentivos y la persistente presión sobre los presupuestos familiares. La mirada ahora está puesta en si las recientes medidas de estabilidad podrán frenar esta sangría en las góndolas durante los próximos meses.

 

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Un nuevo giro judicial marca el pulso de la reforma laboral

Un nuevo giro judicial marca el pulso de la reforma laboral en Argentina. En las últimas horas, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió otorgar efecto suspensivo a la apelación presentada por el Estado, lo que deja sin efecto de manera inmediata la medida cautelar que mantenía frenados más de 80 artículos de la ley de Modernización Laboral.

Esta decisión judicial, impulsada por la Sala VIII del tribunal, implica que la normativa vuelve a estar plenamente vigente mientras se aguarda una resolución sobre el fondo de la cuestión: su constitucionalidad. Se trata de un espaldarazo significativo para la gestión nacional, que celebró el fallo como una validación de los mecanismos institucionales aplicados durante el debate y sanción de la ley.

Entre los puntos que recuperan vigencia se destacan aspectos sensibles de la relación laboral, como el sistema de indemnizaciones, las modificaciones en las jornadas de trabajo y el establecimiento de bancos de horas para compensar extras. También quedan operativos los cambios en materia de contratación y las disposiciones sobre la actividad sindical que habían sido cuestionadas por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Desde el arco gremial, la resolución es vista como un retroceso que traslada la presión definitiva a la Corte Suprema de Justicia. La central obrera sostiene que la reforma vulnera principios de progresividad y derechos fundamentales de los trabajadores, por lo que la batalla legal promete extenderse en las máximas instancias judiciales.

Por el momento, el escenario para empleadores y trabajadores se rige bajo las nuevas pautas de la ley 27.802. La vigencia recuperada otorga al Ejecutivo el margen de maniobra que buscaba para avanzar con su plan de reformas económicas, en un contexto de alta tensión política y expectativa por los próximos movimientos de la justicia.

 

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El Caso Alves Rubín: La antesala de los alegatos en un juicio marcado por el silencio y la impunidad

El próximo jueves 23 de abril, los tribunales serán escenario de una nueva audiencia en el Caso Alves Rubín, una instancia que coloca al proceso en su etapa definitoria previa a los alegatos finales. Lo que se juzga no es solo un hecho aislado, sino una cadena de vulneraciones que busca una resolución que rompa con el histórico blindaje institucional.

La desproporción de los responsables

El debate llega a su fase final con una contradicción que la justicia aún no ha podido explicar satisfactoriamente: la brecha entre los partícipes y los imputados. Según los registros y las declaraciones de las víctimas, en el operativo de allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad intervinieron originalmente entre 12 y 13 efectivos policiales.

De ese grupo, al menos 9 fueron identificados con precisión por quienes sufrieron los abusos. Sin embargo, el banquillo de los acusados hoy solo cuenta con 4 procesados. Esta aritmética plantea una pregunta necesaria para los alegatos: ¿por qué la pasividad de los otros efectivos presentes, quienes como funcionarios públicos tenían la obligación de frenar las torturas y vejaciones, fue tratada como una simple omisión y no como una complicidad necesaria?.

Inconsistencias y material apartado

Bajo el sistema de instrucción que rigió el movimiento de esta causa, el proceso ha mostrado señales de una lentitud que recuerda a lo que habitualmente se denomina el "sueño de los justos", donde los expedientes parecen detenerse en beneficio de los acusados. Se señala que diversos elementos de convicción originales —como testimonios de la propia fuerza policial que contradecían la versión oficial— terminaron siendo apartados o ignorados durante la investigación.

A pesar de que el expediente cuenta con el respaldo de informes del Dr. Irazú, peritajes del cuerpo médico forense y evaluaciones psiquiátricas que detallan el daño físico y psicológico, la etapa de instrucción decidió limitar la responsabilidad a solo un puñado de involucrados.

El peso de las evidencias

La audiencia de este jueves es el último escalón antes de que las partes expongan sus conclusiones. El desafío para las víctimas es que las evidencias acumuladas —que incluyen registros fílmicos, resoluciones y peritajes médicos— logren finalmente vencer la estructura de protección que ha caracterizado al caso desde su inicio. El juicio del Caso Alves Rubín es, en última instancia, una prueba de fuego para determinar si el sistema es capaz de juzgar los excesos del poder con la misma vara que a cualquier ciudadano.

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El cierre definitivo de la planta de Tía Maruca

El cierre definitivo de la planta de Tía Maruca en Albardón, San Juan, no es simplemente el fin de una fábrica, sino el colapso de un modelo de expansión que no resistió la presión de la economía actual. Lo que en 2017 se presentó como el gran salto de una pyme familiar hacia las ligas mayores de la industria alimenticia, terminó este fin de semana con las persianas bajas y cientos de familias en la incertidumbre.

La historia de este desenlace tiene su punto de quiebre cuando la empresa adquirió la planta Dilexis, de 22.000 metros cuadrados, a la multinacional PepsiCo. Aquella apuesta, que buscaba posicionar a la marca "artesanal" en las góndolas de todo el país, trajo consigo una estructura de costos y deudas en dólares que se volvieron impagables con el tiempo. El concurso preventivo abierto en 2019 fue el primer aviso de una crisis que, si bien tuvo una recuperación transitoria en 2022, terminó por profundizarse ante la actual retracción del mercado interno.

Las causas técnicas del cierre son contundentes: una capacidad instalada que apenas llegaba al 50% de operatividad y un desplome del consumo que obligó a la marca a competir en un escenario de costos logísticos e insumos (harina y azúcar) en alza constante. A esto se suma el cambio de gestión; la reciente adquisición de la firma por parte del grupo liderado por la familia Díaz Colodrero (dueños de la marca Pipas) buscaba reestructurar el negocio, pero la realidad industrial de la planta de San Juan resultó inviable bajo las condiciones actuales.

Para la localidad de Albardón, el impacto es devastador. No solo se pierden empleos directos, sino que se corta el circuito económico de una de las plantas más modernas de Sudamérica, diseñada para producir 3.000 toneladas mensuales de galletitas. El futuro de la marca ahora es una incógnita técnica: se habla de una mudanza de la producción o de un modelo de tercerización, pero lo que es concreto es que el polo industrial sanjuanino pierde a uno de sus mayores exponentes, dejando al descubierto la fragilidad de la industria nacional frente a la caída del poder adquisitivo y el encarecimiento de la producción.

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GOYA Ctes

GOYA Ctes

La desarticulación de una red de apuestas clandestinas y carreras de caballos ilegales en la zona rural de Corrientes revela una problemática que combina el juego prohibido con la violencia armada y la falta de control en los sectores periféricos. El operativo, que tuvo lugar durante la jornada de ayer domingo, no solo logró frenar el evento hípico que no contaba con ninguna autorización oficial, sino que derivó en una persecución que terminó con detenciones y el secuestro de armamento.

La intervención policial se activó tras recibir denuncias sobre una aglomeración inusual de personas y vehículos en un predio rural, donde se estaban realizando apuestas de gran volumen de dinero bajo la modalidad de "carreras cuadreras". Al notar la presencia de los efectivos, se produjo un intento de fuga masivo, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a realizar un cerrojo preventivo en la zona. Como resultado del procedimiento, dos hombres fueron aprehendidos luego de intentar descartar armas de fuego mientras escapaban por los campos linderos.

Este tipo de operativos pone de manifiesto la vigencia de estructuras de juego ilegal que logran movilizar a una cantidad importante de personas, evadiendo no solo los controles fiscales y las normas del Instituto de Lotería y Casinos, sino también las medidas de bienestar animal y seguridad ciudadana. La presencia de armas de fuego entre los asistentes subraya la peligrosidad de estos encuentros clandestinos, donde los conflictos por las apuestas suelen resolverse por fuera de cualquier marco legal.

El caso ya se encuentra bajo la órbita de la justicia provincial, que busca determinar quiénes son los organizadores y propietarios del predio que facilitaron la infraestructura para el evento ilegal. Mientras tanto, el secuestro de las armas y la detención de los sospechosos marcan un precedente en la lucha contra los delitos rurales y la economía informal que se alimenta de estas actividades prohibidas, las cuales suelen ocultar otros delitos detrás de la fachada de una competencia deportiva regional.

 

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