EL "PREMIO" AL ESCÁNDALO: ADORNI ASCENDIDO MIENTRAS LA JUSTICIA INVESTIGA SUS PROPIEDADES 
El caso de Manuel Adorni no es solo una sospecha inmobiliaria; es el ejemplo de cómo se otorga impunidad a los propios en medio del ruido judicial. Mientras la investigación por presunto enriquecimiento ilícito avanza sobre su departamento de la calle Miró, el Gobierno decidió redoblar la apuesta: en lugar de apartarlo para transparentar la gestión, lo ascendieron de rango, otorgándole mayor jerarquía y un aumento salarial financiado con dinero del Estado.
La maniobra del departamento:
La operación por la propiedad se cerró en 200.000 dólares, una cifra que resulta irrisoria frente a los 340.000 dólares del valor real de mercado. Esta "rebaja" de 140 mil dólares, concretada mediante el bypass a la inmobiliaria original, está bajo la lupa por posible lavado de activos o el uso de testaferros para ocultar el patrimonio real.
La complicidad del silencio:
A este esquema se suma la declaración vacía de la escribana Elizabeth Córdoba. A pesar de su intervención técnica, su testimonio no aportó una sola precisión sobre el origen lícito de los fondos. Córdoba cumplió con el trámite de declarar, pero omitió aclarar los puntos oscuros de una transacción que carece de transparencia.
Un ascenso que indigna:
Que un funcionario bajo sospecha reciba una mejora en su escalafón jerárquico es un mensaje directo del Ejecutivo. No se trata de un error administrativo, sino de un blindaje político para quien hoy no puede justificar la adquisición de bienes a precio de oferta mientras administra recursos públicos.
¿Negocio de oportunidad o una maniobra financiada indirectamente con dinero del Estado?
