Hacienda frena el aumento al Poder Judicial y profundiza el quiebre con los gremios
El escenario político correntino atraviesa horas críticas tras la decisión del Ejecutivo Provincial de bloquear el incremento salarial del 6% que había sido dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia. Lo que comenzó como una actualización de haberes se transformó en una pulseada de poder que pone en jaque la autonomía financiera de la justicia local.
El argumento oficial del gobernador se sostiene en la aritmética de la crisis: una caída del 15% en los fondos de coparticipación federal. Según la óptica de Casa de Gobierno, la brecha entre lo presupuestado y lo recaudado obliga a cerrar las cuentas con un ajuste que ahora impacta de lleno en los empleados judiciales.
Sin embargo, el conflicto escaló a un nivel técnico-administrativo cuando el Ministerio de Hacienda dio la orden directa de no cargar la suba en el sistema de liquidación, desautorizando de hecho la acordada del máximo tribunal provincial. Esta maniobra es leída por los sectores sindicales no solo como un recorte económico, sino como una intervención externa sobre las decisiones de un poder independiente.
En respuesta a este bloqueo, el sindicato Sitraj inició un plan de lucha con asambleas y movilizaciones que se replican en toda la provincia. Desde el gremio sostienen que el costo de la caída de la coparticipación no puede recaer sobre el salario de los trabajadores, especialmente cuando el aumento ya había sido ratificado por las autoridades judiciales.
El contexto que agrava la situación: A esta noticia se suma que, en las últimas horas, representantes gremiales han recordado que la brecha salarial en el sector judicial de Corrientes sigue siendo una de las más pronunciadas de la región NEA. El malestar se potencia por la reciente confirmación de bonos extraordinarios para otros sectores de la administración pública, lo que genera un sentimiento de discriminación salarial dentro de los tribunales.
El clima en las oficinas judiciales es de incertidumbre y se espera que, de no mediar una mesa de diálogo que garantice el respeto a la autarquía, las medidas de fuerza se endurezcan, afectando la atención en los juzgados y el avance de los procesos judiciales en curso.
