Estafa de casi $90 millones a un consorcio caminero de Nogoyá: cuatro detenidos y tres personas con pedido de captura


Una investigación por una presunta estafa de $89.988.000 contra el Consorcio Caminero La Esperanza, del departamento entrerriano de Nogoyá, derivó en siete allanamientos en los partidos bonaerenses de La Matanza y Morón. Como resultado de los procedimientos, cuatro personas fueron detenidas y otras tres quedaron con pedido de captura nacional.

La pesquisa permitió reconstruir una maniobra que habría comenzado con mensajes de WhatsApp enviados al contador de la institución por una persona que se hizo pasar por el tesorero. A través de esas comunicaciones, se habrían autorizado transferencias bancarias que terminaron afectando los fondos del consorcio.

El engaño comenzó con mensajes de WhatsApp

De acuerdo con los antecedentes de la denuncia, el 21 de julio de 2026 el contador del Consorcio Caminero La Esperanza comenzó a recibir mensajes de un contacto que utilizaba el nombre y la fotografía de perfil del verdadero tesorero, además de expresiones similares a las que este empleaba habitualmente.

Mediante esas comunicaciones, el supuesto tesorero le solicitó realizar distintas transferencias bancarias y le aseguró que las facturas respaldatorias serían enviadas más adelante.

La modalidad resultó convincente porque, según lo declarado por el contador, en ocasiones anteriores se habían realizado pagos con documentación remitida posteriormente. Por ese motivo, inicialmente no advirtió que podía tratarse de una maniobra fraudulenta.

Transferencias por $89.988.000

El 22 de julio, los mensajes continuaron con nuevos pedidos de transferencias y solicitudes de comprobantes. El contador efectuó varias operaciones desde la cuenta del consorcio mediante la plataforma Banco Nación Digital.

El monto total transferido ascendió a $89.988.000, con destino a distintas cuentas bancarias, entre ellas una perteneciente a una persona que el contador dijo desconocer.

Las primeras sospechas aparecieron cuando el interlocutor insistió en obtener los comprobantes, pero no remitió las facturas que había prometido.

Al revisar sus comunicaciones, el contador advirtió además que había desaparecido el historial de conversaciones que mantenía desde hacía años con el verdadero tesorero. Luego se comunicó directamente con él y confirmó que nunca había solicitado ni autorizado las operaciones.

Tres meses de investigación y siete allanamientos

Tras la denuncia, la Fiscalía de Nogoyá impulsó una investigación orientada a reconstruir los movimientos bancarios, identificar las cuentas receptoras y establecer quiénes podrían haber participado de la maniobra.

Luego de aproximadamente tres meses de tareas investigativas, la Policía de Entre Ríos concretó siete allanamientos simultáneos en los partidos bonaerenses de La Matanza y Morón.

Los procedimientos permitieron detener a cuatro personas: tres mujeres de 27, 34 y 34 años, y un hombre de 30.

Durante los operativos se secuestraron 6.800 dólares estadounidenses, ocho teléfonos celulares y varias tarjetas bancarias. Los elementos incautados quedaron incorporados a la investigación y serán analizados para obtener información relevante sobre las operaciones y los posibles vínculos entre los sospechosos.

Tres personas más son buscadas

Además de las cuatro detenciones, la Justicia ordenó la captura nacional de otras tres personas presuntamente relacionadas con el caso.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a Nogoyá y quedaron alojados a disposición de las autoridades judiciales. La investigación continúa para determinar el destino final del dinero y establecer el grado de participación que habría tenido cada una de las personas investigadas.

La pesquisa busca reconstruir el recorrido del dinero

Uno de los principales objetivos es establecer cómo los responsables habrían obtenido información sobre las comunicaciones y los procedimientos administrativos del consorcio, así como determinar si existió acceso indebido a cuentas o conversaciones.

Los investigadores analizan los movimientos bancarios y los dispositivos electrónicos secuestrados para reconstruir el recorrido de los fondos y reunir elementos que permitan esclarecer la maniobra.

La causa continúa en trámite judicial. Las responsabilidades penales deberán determinarse a partir de las pruebas reunidas y de las decisiones que adopte la Justicia.

 

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