EDITORIAL | Caso Mauro Báez Martelli: a tres meses de su fallecimiento, después de estar cuatro meses y siete días en coma en una cama de hospital
El 14 de junio de 2026 murió Mauro Báez Martelli. Tenía 29 años.
Habían pasado cuatro meses y siete días desde aquel 7 de febrero, cuando un siniestro vial ocurrido en la esquina de Rivadavia y Bonpland, en Paso de los Libres, cambió para siempre la vida de una familia. Mauro no murió aquel día, pero desde entonces comenzó una agonía que se prolongó durante más de cuatro meses. Permaneció internado, en estado de coma, mientras su familia mantenía la esperanza de que pudiera recuperarse, de que pudiera salir adelante y de que finalmente aquel terrible episodio tuviera un desenlace diferente.
Pero lamentablemente eso no ocurrió.
El 14 de junio, después de cuatro meses y siete días de internación, Mauro murió.
Hoy, 14 de septiembre, se cumplen tres meses de su fallecimiento y siete meses y siete días desde aquel accidente. Siete meses y una semana en los que una familia tuvo que atravesar primero la incertidumbre de una vida que pendía de un hilo y después el dolor de una muerte que finalmente llegó. Y frente a todo ese tiempo transcurrido aparece una pregunta que sigue sin encontrar, al menos públicamente, una respuesta clara: ¿qué está esperando la Justicia?
Según lo informado públicamente sobre la causa, Mauro circulaba en un Peugeot 208 cuando fue impactado por un Honda Fit conducido por Ángel Leonel Pacheco. La reconstrucción difundida señala que Mauro circulaba gozando de la prioridad de paso por su derecha y que el otro vehículo habría circulado a una velocidad elevada. El impacto fue de tal magnitud que Mauro quedó inconsciente y posteriormente permaneció internado durante más de cuatro meses, hasta su fallecimiento.
Pero existe otro elemento que desde el comienzo rodeó este caso y que resulta imposible ignorar. Después del impacto, el vehículo en el que circulaba Pacheco no habría quedado inmediatamente detenido en el lugar. Según lo publicado por medios locales, el automóvil avanzó aproximadamente media cuadra, se detuvo y sus ocupantes fueron advertidos por vecinos sobre la gravedad del estado de Mauro. Luego, el vehículo volvió a ponerse en marcha y se retiró del lugar. Más tarde, Pacheco se presentó ante la Policía.
La investigación judicial fue avanzando y, en marzo, Pacheco fue formalmente imputado por lesiones gravísimas. Posteriormente, la querella encabezada por el abogado Rodrigo Nenda planteó una acusación por lesiones gravísimas dolosas con dolo eventual y también consideró la posibilidad de extender la investigación hacia los tres acompañantes por una conducta vinculada al supuesto abandono de persona.
Y es precisamente en este punto donde aparece una de las cuestiones más difíciles de comprender para cualquier persona que observa este caso desde afuera.
Hay que hacer una distinción fundamental: una cosa es la condena social y otra muy diferente es la responsabilidad penal. Nadie puede ser condenado penalmente simplemente porque la sociedad considere reprochable una conducta. Para que exista responsabilidad penal tiene que existir una conducta jurídicamente relevante, tiene que poder individualizarse esa conducta y tiene que existir prueba suficiente. Eso es indiscutible y nadie debería pretender que una persona sea condenada sin que se respeten las garantías que corresponden.
Pero justamente por eso aparece una pregunta que la Justicia debería poder responder con absoluta claridad.
Según lo informado durante el desarrollo de la causa, tanto desde Fiscalía como desde la propia querella se consideró difícil acreditar una responsabilidad penal individualizada de los tres acompañantes. Si jurídicamente no existen elementos suficientes para imputarlos, entonces corresponde explicar por qué. Si no se puede demostrar que existió abandono de persona, corresponde explicar qué elemento concreto falta. Si no puede establecerse qué hizo cada uno de ellos, corresponde explicar qué tendría que haberse demostrado. Y si jurídicamente la condición de acompañante no alcanza para atribuir responsabilidad penal, entonces también debería explicarse dónde está ese límite.
Porque la pregunta que inevitablemente aparece es otra: ¿qué tendría que haber ocurrido para que esas conductas sí hubieran generado un compromiso penal?
¿Qué tendría que hacer una persona después de un siniestro de semejante gravedad para que su conducta deje de ser solamente reprochable desde el punto de vista moral y pase a tener relevancia penal? ¿Dónde está ese límite? Si lo ocurrido no alcanza, según la valoración de quienes llevan adelante la investigación, para generar responsabilidad penal, entonces la sociedad tiene derecho a conocer cuáles son las razones concretas que llevan a esa conclusión.
No para reemplazar a los jueces, no para reemplazar a los fiscales y mucho menos para dictar una sentencia desde las redes sociales. Se trata simplemente de entender cómo funciona el sistema de Justicia.
Porque cuando una familia pierde a un hijo, a un hermano, a un nieto, las respuestas ambiguas no alcanzan.
La Justicia tiene que respetar las garantías, tiene que respetar el debido proceso, tiene que exigir pruebas, individualizar responsabilidades y evitar que la presión social determine una condena. Pero existe otra obligación igualmente importante: hacer que los procesos avancen. Las garantías no son sinónimo de parálisis y el debido proceso tampoco significa que una causa pueda permanecer indefinidamente sin una explicación clara sobre cuál es su situación.
Los tecnicismos jurídicos tienen una función dentro de la ley, pero no deberían convertirse, desde la percepción de una familia que perdió a un ser querido, en una puerta hacia la falta de respuestas.
Si la Justicia considera que no existen elementos suficientes para imputar penalmente a los tres acompañantes, que lo explique. Pero entonces surge una segunda pregunta que resulta imposible evitar: ¿por qué esa misma precisión jurídica no aparece con la misma velocidad para explicar qué está ocurriendo con la causa contra el único imputado?
Porque mientras se discutía la situación de los acompañantes, la causa principal continuaba teniendo un imputado concreto: Ángel Leonel Pacheco. Y Mauro había muerto.
El 14 de junio murió Mauro. Once días después, el 25 de junio, la Fiscalía readecuó formalmente la imputación contra Pacheco a homicidio con dolo eventual, con la alternativa de homicidio culposo agravado. Al día siguiente se dispusieron medidas de coerción: prohibición de salir de la ciudad, restricciones de contacto con familiares de Mauro y presentaciones periódicas.
La causa, por lo tanto, tuvo una modificación jurídica sustancial después del fallecimiento.
Pero entonces aparece nuevamente la pregunta que hoy, tres meses después, merece una respuesta.
En junio, el abogado querellante Rodrigo Nenda sostuvo públicamente que la investigación estaba prácticamente concluida, que existían pericias, testimonios y pruebas vinculadas con la reconstrucción del hecho y que, desde la perspectiva de la querella, no había mucho más por investigar. También se esperaba que la Fiscalía avanzara hacia la acusación y posteriormente hacia la elevación a juicio oral.
Eso fue expresado públicamente por la propia querella.
Entonces estamos en septiembre. Han pasado tres meses desde la muerte de Mauro y siete meses y siete días desde el accidente.
¿Qué pasó?
Esta es quizás la pregunta más sencilla de todo el expediente: ¿qué falta concretamente?
Si falta una pericia, ¿cuál? Si falta una declaración, ¿de quién? Si falta incorporar documentación, ¿cuál? Si falta resolver una cuestión procesal, ¿cuál? Si falta una decisión de la Fiscalía, ¿por qué no se produce? Si falta una decisión judicial, ¿qué es lo que debe resolverse? Y si la causa todavía no se encuentra en condiciones procesales de ser elevada a juicio, entonces corresponde explicar en qué etapa se encuentra y qué requisito concreto falta cumplir.
Porque nadie está pidiendo que se salteen etapas. Nadie está reclamando que se condene a una persona sin juicio. Nadie está pidiendo que se vulneren garantías constitucionales. Lo que se está reclamando es algo mucho más básico: que una investigación avance y que la sociedad pueda saber por qué avanza, por qué no avanza o qué falta para que avance.
También hay que dejar absolutamente claro que Pacheco no es culpable porque lo diga una editorial, porque lo diga una familia o porque lo diga la sociedad. Es una persona imputada que deberá responder ante la Justicia y que tiene todas las garantías que establece la ley. Y precisamente por eso queremos justicia, porque justicia no significa condenar antes de tiempo. Justicia significa investigar, acusar cuando corresponde, permitir la defensa, juzgar y condenar si finalmente un tribunal determina que existe responsabilidad penal.
Ese es el camino.
Lo que no debería existir es un limbo indefinido.
Y volvemos entonces a los tres acompañantes. Si la Justicia considera que no existen elementos suficientes para atribuirles responsabilidad penal, debemos aceptar que esa determinación requiere pruebas y fundamentos. Pero también debemos poder preguntar qué conducta concreta habría sido necesaria para que sí existiera responsabilidad penal.
Porque si una persona participa de una situación en la que otro queda gravemente herido, abandona el lugar junto con quien conducía y posteriormente la Justicia concluye que no existen elementos suficientes para atribuirle una conducta penalmente reprochable, la sociedad tiene derecho a conocer cuál es el razonamiento jurídico que lleva a esa conclusión.
No para juzgar en Facebook, sino para comprender cómo funciona el sistema.
Porque de lo contrario queda una sensación profundamente peligrosa: que la Justicia puede ser extraordinariamente precisa cuando encuentra un límite jurídico para avanzar, pero extraordinariamente lenta cuando llega el momento de explicar qué falta para que una causa avance.
Y ahí aparece una palabra incómoda, pero inevitable: injusticia.
Porque si estamos haciendo justicia, tiene que poder explicarse. Y si no estamos haciendo justicia, alguien debería preguntarse por qué.
Mauro permaneció cuatro meses y siete días internado. Durante todo ese tiempo, su familia mantuvo la esperanza de que pudiera recuperarse, de que pudiera salir adelante y volver a estar con ellos. Esperaron cada parte médico, cada evolución y cada posibilidad de que aquella situación pudiera revertirse. Pero lamentablemente eso no ocurrió.
El 14 de junio, después de más de cuatro meses de internación y de una lucha que su familia acompañó hasta el final, Mauro murió.
Hoy se cumplen tres meses de su fallecimiento.
Y desde entonces, su familia espera otra cosa: justicia.
Por eso, siete meses y siete días después del accidente, la pregunta sigue siendo inevitable: ¿en qué estado se encuentra la causa por la muerte de Mauro Báez Martelli y qué falta concretamente para que avance hacia la próxima etapa?
Si falta algo, que se diga qué. Si todavía no corresponde elevarla a juicio, que se explique por qué. Si hay medidas pendientes, que se informe cuáles. Si jurídicamente existe un obstáculo, que se explique cuál.
Pero que exista una respuesta.
Porque Mauro ya no puede esperar y su familia tampoco debería tener que hacerlo indefinidamente. Ahora no se trata de pedirle a la Justicia que tenga más paciencia, sino exactamente lo contrario: que actúe.
Las garantías tienen una función dentro de la democracia, el debido proceso tiene una función dentro de la Justicia y los tecnicismos tienen una función dentro de la ley. Pero ninguno de ellos debería convertirse en una excusa para que el tiempo pase sin respuestas.
Mauro ya no puede esperar. Su familia tampoco.
Ahora le toca esperar a la Justicia, pero no para que el tiempo pase: para que actúe.
