La Policía de Corrientes dio un golpe contundente contra el delito organizado tras desmantelar una red criminal dedicada a la venta sistemática de vehículos robados en la provincia de Buenos Aires, los cuales eran ingresados al circuito legal mediante un sofisticado sistema de adulteración documental. La investigación requirió de meses de tareas de inteligencia y un despliegue táctico conjunto coordinado entre la Unidad Regional III de Curuzú Cuatiá y el personal de la Comisaría Primera de Paso de los Libres, logrando seguirle el rastro a los sospechosos hasta desbaratar sus operaciones en la región.
El modus operandi de la banda comenzaba en los grandes centros urbanos bonaerenses, donde sustraían vehículos —principalmente modelos cotizados en el mercado— para luego trasladarlos hacia el interior correntino. Para burlar los controles y engañar a los compradores, utilizaban títulos, formularios y cédulas de identificación totalmente falsificadas. Con esta fachada legal trucha, publicaban los automóviles en redes sociales a valores competitivos, logrando captar la atención de trabajadores y familias que obraban de buena fe. En muchos casos, las víctimas no solo entregaban sumas millonarias en efectivo, sino que también ponían en juego sus propios vehículos, como motocicletas o rodados menores, perdiendo el esfuerzo de toda su vida ante este engaño metódico.
Los procedimientos policiales incluyeron diversos allanamientos en puntos clave, arrojando como resultado la detención de tres integrantes de la organización, entre los que se destacan un joven y su progenitora, quienes operaban como eslabones fundamentales en la recepción y comercialización de los bienes sustraídos. Asimismo, durante los operativos se procedió al secuestro preventivo de los automóviles involucrados en las maniobras fraudulentas, una gran cantidad de teléfonos celulares, soportes informáticos, cuadernos con anotaciones contables de las transacciones y una pila de documentación apócrifa que confirma la magnitud de la maniobra delictiva.
La causa quedó en manos de la justicia provincial, que continúa analizando los elementos incautados para determinar si existen ramificaciones en otras jurisdicciones y rastrear si hay más rodados en circulación bajo esta misma modalidad de estafa.
