EL LABERINTO DEL TRANSPORTE: UN SISTEMA QUEBRADO ENTRE EL AJUSTE Y EL RECLAMO DE LOS USUARIOS
El sistema de transporte público de pasajeros ha ingresado en una fase crítica donde la lógica de los números choca de frente con la realidad diaria del usuario. Mientras el debate se estanca en procesos de auditoría y retenciones de fondos por parte del Estado, el servicio en la calle evidencia un deterioro que ya no se puede ocultar con parches temporales. En nuestra ciudad, el malestar es palpable y se manifiesta en esperas interminables en las paradas, donde la falta de frecuencias y la desaparición de los horarios estrictos que se cumplían anteriormente han dejado a la comunidad en una situación de total incertidumbre.
Actualmente, el valor del boleto se sostiene en 1400, una cifra que impacta de manera directa en el presupuesto de cualquier trabajador pero que, en términos técnicos, resulta insuficiente. Si analizamos la estructura de costos real para que una empresa pueda operar con normalidad, renovar unidades y garantizar que los colectivos pasen a término, el valor del pasaje debería ser hoy tres veces superior al actual. Esta brecha abismal entre el precio que paga el vecino y el costo operativo real es el núcleo del conflicto que mantiene al transporte en un estado de emergencia permanente, afectando la calidad de los viajes en unidades que, a excepción de un único coche con aire acondicionado, no cuentan con las condiciones mínimas de confort que se exigen.
Sin el flujo de dinero proveniente de los subsidios nacionales, que hoy se encuentran bajo revisión y con pagos retenidos, las empresas han optado por esquemas de supervivencia que sacrifican la logística básica. Al no haber previsibilidad en el ingreso de recursos, las frecuencias se estiran para ahorrar combustible y desgaste mecánico, lo que explica por qué los colectivos demoran tanto en pasar. Es una realidad de mercado que debemos entender: ninguna empresa privada va a radicar inversiones para modernizar la flota en una plaza que, por su desfase tarifario, solo arroja pérdidas constantes.
A este escenario de asfixia financiera se suma la presión salarial legítima de los trabajadores del sector. Con un reclamo firme para alcanzar un sueldo básico de 1.550.000, la tensión es máxima. El personal sufre la incertidumbre del cobro de sus haberes, lo que genera un clima laboral inestable que termina repercutiendo en la atención y la eficiencia del servicio. Sin una actualización de los recursos que ingresan al sistema, las empresas se ven incapacitadas para cumplir con las exigencias paritarias y, mucho menos, para invertir en unidades nuevas que cumplan con la puntualidad que la gente reclama.
En definitiva, estamos ante un círculo vicioso donde el usuario abona un boleto costoso para su bolsillo pero insuficiente para sostener el sistema, mientras el Estado nacional mantiene pisado el dinero de las compensaciones. La demanda social por frecuencias estables y mejores condiciones de viaje choca contra la pared de la inviabilidad económica. Sin una rentabilidad mínima que permita el mantenimiento, el transporte seguirá degradándose, dejando al vecino a la deriva en una parada de colectivo donde el horario es hoy una promesa difícil de cumplir.
