La Municipalidad de Mburucuyá presentó una denuncia penal contra el exintendente Pablo Ezequiel “Kelo” Guastavino y dos exintegrantes de su gabinete, por presuntas irregularidades administrativas y financieras que, según la presentación, habrían ocasionado un perjuicio económico de $152.280.000.
La denuncia también involucra a Francisco Javier Romero, quien se desempeñó como secretario de Economía, y a Hernán Ricardo Vallejos, exsecretario de Coordinación durante la gestión municipal anterior.
El escrito solicita que se investiguen posibles delitos contra la administración pública y plantea medidas cautelares sobre los denunciados.
Las presuntas irregularidades bajo investigación
De acuerdo con la presentación municipal, las maniobras cuestionadas estarían vinculadas con pagos que no contarían con suficiente respaldo documental, movimientos de fondos y dificultades para acceder a documentación relacionada con operaciones financieras realizadas durante la gestión anterior.
Entre las figuras penales cuya posible comisión se solicita investigar se encuentran peculado, administración fraudulenta agravada, malversación de fondos y presunta destrucción u ocultamiento de documentos públicos.
Otro de los puntos señalados se relaciona con la documentación de operaciones municipales, incluidas chequeras correspondientes a pagos emitidos durante el período investigado. Según el planteo de la actual administración, la falta de acceso a esos elementos podría dificultar la reconstrucción de determinados movimientos financieros.
El perjuicio económico denunciado
La Municipalidad calculó en $152.280.000 el presunto perjuicio patrimonial que atribuye a las irregularidades denunciadas.
La presentación vincula ese monto con pagos cuestionados, falta de documentación respaldatoria y otras operaciones que, según sostiene la administración actual, deben ser examinadas para establecer si existieron daños a las finanzas municipales.
No obstante, tanto la cifra como las conductas señaladas forman parte de una denuncia penal y deberán ser analizadas a partir de la documentación y las pruebas que se incorporen a la investigación.
Solicitaron medidas judiciales contra los exfuncionarios
Además de pedir que se investiguen los hechos, la actual administración solicitó la prisión preventiva de los tres exfuncionarios y una inhibición general de sus bienes.
Entre los argumentos planteados para justificar las medidas cautelares se encuentra la presunta falta de documentación relevante, que —según la denuncia— podría dificultar el avance de las averiguaciones.
La presentación fue dirigida a la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC) del Poder Judicial de Corrientes. Será la Justicia la que deba evaluar los hechos denunciados, determinar si corresponde adoptar las medidas solicitadas y establecer los pasos procesales siguientes.
Por el momento, no corresponde considerar acreditados los delitos mencionados ni atribuir responsabilidad penal a los denunciados. Esa determinación dependerá del avance de la investigación y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales.
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